El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha terminado su trabajo en la investigación contra el eurodiputado Alvise Pérez y ha elevado este viernes el asunto al Tribunal Supremo. En la exposición razonada, el magistrado solicita que se le impute por delito electoral y por financiación ilegal de su partido político Se Acabó La Fiesta (SALF).

En su auto, el juez considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente a Pérez y, por tanto, debe ser el alto tribunal el competente para continuar la instrucción, debido al aforamiento que le corresponde por su condición de eurodiputado.

Los hechos ocurrieron días antes de las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo, cuando Álvaro Romillo, más conocido como Luis Cryptospain, entregó a Alvise 100.000 euros en efectivo. Calama también incluye en su escrito los indicios contra este empresario para que le investigue el Supremo, al apreciar una “íntima conexión” en la "dinámica comisiva" entre ambos.

El togado señala que la investigación ha evidenciado que Alvise solicitó su colaboración para crear una "wallet" (un monedero virtual) con el objetivo de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público, que estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones europeas por parte de la agrupación electoral Se Acabó la Fiesta.

Asimismo, en el caso de Romillo, considera que la suya podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”, que castiga a aquel que entrega donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores.