La odisea y calvario de José Santos Jiménez duró 17 meses y terminó el pasado 26 de noviembre. Este subinspector de Policía Nacional, cuando se jubiló en 2022, decidió ir a visitar a la familia de su mujer, Jailma Pacheco, en Brasil. Fue acompañado también de su hijo, que por entonces tenía 16 años, y que se llama Alejandro. La casa está en Calas Novas-Goiás, en el centro-oeste del país.

El primer susto se lo dio al poco de llegar: el agente sufrió un ictus. Los problemas llegaron cuando intentó que España lo repatriase para recibir tratamiento médico. Un calvario que sólo se solucionó con la intervención de la Fundación de Huerfanos de la Policía Nacional y de la Unión de Jubilados, una asociación fundada por 12 policías retirados que proporcionan soluciones para los problemas de sus compañeros y sus viudas.

José Santos pasó sus últimos años de servicio en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Quienes lo han conocido no dudan en calificarlo de "excelente persona". Fueron sus antiguos compañeros los que dieron la voz de alarma a la asociación de agentes retirados. Era julio de 2023. Un policía había sufrido un ictus, se estaba quedando sin dinero y no tenía forma de volver.

Los problemas no dejaban de aumentar. Cuando decidieron realizar el viaje, Jailma, su mujer, podía teletrabajar. Pero al poco del primer ictus de Santos la despiden. Ella empieza a usar las cuentas bancarias de él para ir tirando, pero como no estaba autorizada el banco termina bloqueándolas. Jailma acude a la embajada de España en Brasil. Relata todo lo sucedido, la situación de vulnerabilidad de su marido y que necesitan volver a Madrid. Como respuesta, la nada.

La mayor frustación de Santos y su familia ha sido el silencio de la administración y del Ministerio de Exteriores, que durante meses ni si quiera atendían a sus llamadas y mensajes.

La Unión de Jubilados

Desesperada, se puso en contacto con los ex compañeros de Santos, que son quienes contactan con la Unión de Jubilados que se pone a trabajar de inmediato. La ascociación de ex agentes de Policía, hace tiempo, puso en marcha un convenio con la Fundación de Huérfanos dotado con 100.000 euros. Antes que nada, Lola Amorós, una de las fundadoras de la organización, le pidió cierta documentación: libro de familia, facturas, el problema con el banco... Como buena policía, dudó de que se tratase de una estafa. Pero no.

La asociación emprendió los cauces oficiales. Intentan hablar con el consulado, con la embajada, intentan averiguar con quién tienen que hablar en el Ministerio de Exteriores para solucionarlo... Pero nada. Lo más frustrante para la familia ha sido el silencio del consulado y la embajada. Durante todo el proceso, a Santos le han diagnosticado dos ictus más.

Los meses van pasando y un día, Jailma se encuentra con la noticia de Álex García Gala. El joven donostiarra se hizo famoso porque Exteriores y el Ministerio de Defensa lo repatriaron deesde Tailandia aquejado de una pancreatitis. Una decisión "excepcional", según contó en su día El Periódico de España. "Un avión medicalizado cuesta unos 220.000 euros, y lo que no sabe mucha gente es que luego lo tienes que devolver", explica Amorós a El Independiente.

Jailma empieza entonces una campaña en redes para conseguir recabar lo suficiente para llevar a su marido de vuelta a casa. Mientras tanto, la Unión de Jubilados seguía enviándoles dinero. El resultado de las redes sociales es escaso. Pero entonces, el abogado de la Fundación de Huérfanos tomó cartas en el asunto. Envió un escrito a la embajada de España en Brasil. Les expuso la situación de José Santos, les explicó su condición de subinspector retirado y el momento por el que pasada. Pero la calve, explica Amorós, es que aludió a la Orden AUC 154/2022 de 21 de febrero sobre las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero.

La clave de esa orden está en que si un español se encuentra en situación de vulnerabilidad, el Ministerio tiene la obligación de repatriarlas. "En 2023 lo hicieron con 132 personas", apunta la policía jubilada. A la semana del escrito del abogado, el consulado se pone en contacto con la mujer de Santos para comunicarle que lo van a traer de vuelta.

Varias fechas

La primera fecha que les comunican es el pasado 1 de noviembre, 17 meses después de que empezase el calvario de Santos. Pero a la semana, le comunican a Lola que no tienen autorización de Exteriores, por lo que no iba a poder ser ese día. Iban a intentar que estuviese para el 14. También ha intervenido desde la cúpula de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, que ayudó en los trámites con el Ministerio que dirige José Manuel Albares.

Todo se siguió retrasando, pero al final se decidió que Santos volviese el pasado 26 de noviembre. El viaje se hizo desde Calas Novas-Goiás hasta Brasilia, la capital del país, en ambulancia. Después en un vuelo comercial, acompañado de un médico y una enfermera, el subinspector viajó hasta Lisboa, donde otra ambulancia lo recogió a pie de pista para llevarle a Madrid. Las primeras semanas las ha pasado en el Hospital Universitario La Luz, de Quirón. Ahora barajan trasladarlo a la residencia Los Madroños, en Galapagar.

Pero ese viaje lo hizo solo. Exteriores no pagó los billetes de la mujer y el hijo. La fundación se encargó de ello. En un principio tampoco también tendrían que abonar el coste de la ambulancia en Brasil para llegar al aeropuerto "aunque al final el Ministerio les han dicho que no se preocupen por eso". El segundo traslado, desde Lisboa hasta Madrid, lo ha pagado la Unión de Jubilados a través de los Huérfanos. En total les han enviado unos 31.000 euros.

Ahora en Madrid las cosas van mejorando poco a poco. Jailma ha recibido la curatela para poder utilizar las cuentas de su marido. Y su hijo Alejandro está buscando alguna formación profesional "porque ha perdido casi dos años estudios", apunta Amorós.