A priori, 2025 será el primer año no electoral después de tres años intensos con las convocatorias en Galicia, Euskadi y Cataluña, sumadas a las europeas de este periodo, al ciclo de municipales, autonómicas y generales de 2023, y a las regionales de Castilla y León y Andalucía, y las de la Comunidad de Madrid y Cataluña en 2022 y 2021 respectivamente. No obstante, hay múltiples señales que invitan a pensar que esta previsión puede fracturarse en breve, a la vuelta a la actividad política de forma plena entre enero y febrero.
La inestabilidad nacional, con un PSOE y un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abogan por resistir, se topa con la descoordinación de socios y la afloración de diferencias cada vez más notables entre ellos. Especialmente entre los más conservadores y más progresistas que, tras años de convivencial, empiezan a acusar el deterioro de relaciones por ver sus reivindicaciones enfrentadas. Es el caso del PNV y Junts, que progresivamente están tejiendo un contrapeso de poder alternativo con el PP para avanzar conjuntamente en materia económica.
También Podemos, que exige medidas socioeconómicas incompatibles con los anteriores. A ello se suma las tiranteces con partidos como Sumar, que también está encontrando choques mitigados en el seno de Gobierno. Por ejemplo, con la implementación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Ese desequilibrio se extiende a las regiones, especialmente a los feudos donde PP y Vox suman mayoría, pero ésta quedó desarticulada en el mes de julio por la incompatibilidad en lo referido a la política migratoria: en nivel de dureza y en fórmulas para mitigar el fenómeno de la inmigración ilegal. Vox demanda expulsiones inmediatas, cortar cualquier hilo de ayuda social para desincentivar esas llegas, mientras que el PP, aunque apuesta por los cauces legales, quiere ir en coordinación con la Unión Europea. No se rechaza el derecho de acogida, pero exige que sea el Gobierno central quien se responsabilice y ponga medios a las comunidades.
Evidenciada esta diferencia, los de Santiago Abascal empiezan a cobrarse su 'venganza' exigiendo la asunción de sus tesis a los barones del PP a cambio de legislar las nuevas cuentas del próximo año. Algo que los populares rechazan al considerar que no deben mezclarse presupuestos con cuestiones ideológicas. Así lo trasladaron esta semana, por ejemplo, en Extremadura.
Vox afirma sentirse cómodo en campaña electoral y reta al PP a ello
En Vox se ven fortalecidos por las estimaciones electorales [aunque reniegan de ellas públicamente], que les sitúan en recuperación y de media en torno a los cuarenta escaños después de insistir con creces en ese relato migratorio. Y, por ello, ven que es el camino adecuado, sumado a que sus partidos hermanos europeos se han beneficiado particularmente de ello. Además, siempre presumen de haber consolidado un espacio fiel, que independientemente de los candidatos, vota las siglas. Por esos motivos, defienden que siempre están dispuestos a concurrir a elecciones para dar voz a los ciudadanos. "Qué valoren la actuación del PP" en este último año, reclaman fuentes nacionales de Vox.
El PP avista un crecimiento decisivo
Preguntado por ello en Génova, fuentes nacionales del PP explican que, en base a sus trackings internos, se ven en disposición de concurrir con fortaleza a posibles comicios autonómicos y crecer en cinco de esas regiones donde hay inestabilidad. Es el caso de Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares y Castilla y León, con la excepción de la Comunidad Valenciana, donde el impacto de la DANA ha dejado tocado a Carlos Mazón y la marca PP frente a Vox.
Los populares, en todo caso, creen que el partido que lidera en la región José María Llanos volverá a cotas anteriores conforme pasen las fechas. Allí si que no se pronostican comicios, al menos hasta que se profundice en la recuperación y en la reconstrucción tras el desastre meteorológico. Y para entonces, creen que Mazón mejorará "por la respuesta a la crisis".
Fuentes populares son conscientes de que es muy complicado ya seguir creciendo por la derecha, pero no por el centro. En esa previsión de crecimiento se habla de que, de producirse elecciones en este momento, el PSOE quedaría mucho más tocado en esas comunidades de lo que ahora está. Especialmente por los supuestos casos de corrupción que se investigan alrededor de entorno de Sánchez y los socialistas. Se sugiere un trasvase de voto, aunque no se verbaliza.
No se aprecia ese desinfle de Vox, a quien se intenta ignorar en lo posible, pero sí en alcanzar nuevas mayorías absolutas sin necesidad de reeditar los pactos infructuosos. Entre las preocupaciones electorales, a nivel general, está el poco impacto en el voto más joven, donde Vox se lleva la palma.
Son dos escaños los requeridos para esa absoluta en el caso de la Región de Murcia, el enclave donde sería menos complicado. En el resto de feudos a los populares les separan cinco escaños, en el caso de Baleares, Extremadura; seis en Aragón, y diez en Castilla y León en referencia al ciclo de 2023 y al adelanto castellano y leonés de 2022, meses antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Madrid. Ahora bien, en vista de lo tocada que queda la izquierda a la izquierda del PSOE, hay una posibilidad de que en el reparto de escaños se beneficie más a Vox que al PP.
La mirada de los populares es europea, es decir, del respaldo a los distintos partidos en las últimas elecciones continentales observando el voto en esas regiones, aunque hay factores que invalidan esa mirada, como que el electorado improvisa o elige candidaturas diferentes por probar, al ver alejadas las instituciones de Bruselas, o la alta abstención que se suele producir.
En Aragón se pasa del 35,55% autonómico al 37,16% en las europeas, pero mejoran PSOE y Vox muy ligeramente sus porcentajes de voto. Extremadura sigue esa tendencia. De 38,44% a 41,44% suben los populares. Bajan tres puntos los socialistas al 36,5%. Y Vox aumenta más de un punto y medio y casi roza el 10%. En Baleares, en cambio, el PP se resintió ligeramente frente al PSOE. 2,7 puntos menos allí para Vox. Considerable subida la del PP es la de Castilla y León. El PSOE se mantiene en los 30 puntos, pero el PP crece del 31,43% al 44,56% mientras que Vox se hunde siete puntos desde el 17,64%. Fernando López Miras se sostuvo muy similar en las europeas, pero Vox si bajo dos puntos en Murcia respecto a las autonómicas.
Génova señala a Vox el espejo regional que supone Madrid: su rechazo de presupuestos dio la primer absoluta a Ayuso
Esta previsión particular dentro del PP nacional se añade a la concepción de que Vox acabará tocado tarde o temprano si la actitud es la que viene demostrando estas semanas durante la negociación de presupuestos regionales. Como ejemplo sigue poniéndose a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso, que adelantó elecciones en 2023 por la incapacidad de sacar nuevas cuentas por el veto de Vox, y acabó cosechando su primera mayoría absoluta.
El caso de Madrid, no obstante, es particular e inaplicable a otras comunidades a priori: Ayuso ha sabido conectar con parte del electorado de Vox al asumir algunas banderas de la formación, pero especialmente por su combatividad con el Gobierno central, algo que le permite la estancia en Madrid, donde se encuentran los principales órganos de poder nacional.
Los feudos donde es factible el adelanto
La opción más factible en estos momentos es que pueda producirse un adelanto en Castilla y León a mediados de 2025, dado que tocarían en febrero de 2026 y hay dos factores que juegan en contra de ello y de los que Alfonso Fernández Mañueco quiere huir: el frío del invierno, y la alta concentración de fiestas populares y las vacaciones que pueden desincentivar el voto. Por eso, la primavera del próximo año parece el momento más propicio, por lo que debería haber un adelanto como máximo a finales de marzo. La tensión con Vox en la región hace imposible prácticamente seguir prolongando la legislatura más.
En el caso de Baleares, dependerá del estado de relaciones a las que se llegue en la vuelta al trabajo ordinario tras el parón navideño. En un principio Marga Prohens se mostraba en disposición nada más anunciar que se prorrogarán las actuales cuentas, pero después de que en su grupo parlamentario bajaran las revoluciones, en frío, se ha decidido esperar hasta marzo como máximo para tomar una decisión y ver si persiste el bloqueo con los de Manuela Cañadas.
A ese horizonte parece que se aboca María Guardiola, la presidenta de Extremadura, a quien Vox exige presentarse a una cuestión de confianza que no prosperará sin ellos. Hay un silencio abismal en Murcia. Allí Vox, con José Ángel Antelo en la cabeza exige a López Miras que, de no poder legislar las cuentas, para lo que se demanda frenar la inmigración ilegal y "la inseguridad", convoque elecciones.
Desde Génova, como vienen insistiendo, dejan las manos libres a cada presidente autonómico para tomar la decisión o no de si consideran adecuado adelantar comicios. "Si ellos creen que es necesario, adelante", trasladan fuentes de la dirección nacional.
La seguridad del PP a nivel autonómico contrasta con el ámbito nacional, donde la resistencia de Vox y la incompatibilidad con otros grupos conservadores o de centroderecha complica cualquier entendimiento en el futuro, pese a que los sondeos dan por descontado suma solo a los dos partidos nacionales. Las relaciones con el PNV siguen deterioradas, y pese a las coincidencias económicas con Junts, el coste en concesiones para obtener su apoyo en un gobierno sigue siendo inasumible para Feijóo.
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