Calma en el PP ante la senda abierta estas semanas atrás y el avance de las relaciones con Junts hacia un nuevo escenario. Los populares, al cierre de este ciclo de sesiones parlamentario en el Congreso de los Diputados, acordaron con los de Carles Puigdemont varias enmiendas parciales en torno al paquete fiscal del Gobierno para sacar adelante medidas conservadoras y enfocada al recorte de impuestos que para los de Alberto Núñez Feijóo favorecen a la mayoría de los españoles. Un golpe al Ejecutivo nacional que desde Moncloa minimizan, aunque la reforma fiscal quedó descafeinada desde el minuto 1.

De los consensos adoptados con los neoconvergentes, destacan cuatro: la supresión del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, así como el propio gravamen a las empresas energéticas [en Moncloa ya lo daban por amortizado ante la imposibilidad de prorrogarlo más allá de enero], un campo de batalla en la izquierda entre socios como el PSOE y Podemos; así como otros dos menores centrados en la bajada del IVA al 4% en los productos lácteos o eximir del pago de las cotizaciones a los monitores de clubs deportivos que instruyan a menores de edad.

No se cierra la puerta a otros nuevos al regreso a la actividad parlamentaria tras Navidad, como por ejemplo, en cuestiones como el cierre de centrales nucleares, con fecha programada por el Gobierno para 2027. "En todo lo que coincidamos, Junts encontrará nuestros votos", afirmó hace escasa una semana Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso. No se está dispuesto en el PP, en todo caso, a visitar Waterloo.

Preguntados sobre si esto puede dar pie a que el Gobierno, especialmente el PSOE, saque pecho y justifique los pactos alcanzados hasta el momento con los de Puigdemont, en el PP respiran tranquilos. Hay que recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año político del lunes 23 de diciembre, declaró que contempla como "un éxito" esos consenso alcanzados entre la marca independentista y la de Feijóo. Para el PP, hay una diferencia sustancial entre ambos ámbitos de consenso, que creen que la ciudadanía tiene bien reflejado.

Por un lado, conciben que la ley de amnistía y su aplicación [los jueces han dejado fuera el delito de malversación, haciendo inaplicable en ese rango el 'olvido' legal a Puigdemont] responde a la necesidad de compensar la demanda de "supervivencia" del propio Sánchez. Y por el suyo, creen que la ausencia de "contraprestaciones" al independentismo refleja que al PP no les mueve ningún interés personal. "Nosotros no lo hacemos, Sánchez sí. Cede en cuestiones ideológicas por supervivencia, y nosotros en cuestiones económicas" para el beneficio ciudadano, dicen en el PP, señalando a su propio programa económico como marco.

El PP presume de que su acercamiento a Junts no está sujeto a favores y lo ve como otro añadido de desgaste al Gobierno junto a la supuesta corrupción

Se apunta que hasta ahora, ha habido dos grandes exigencias de Junts a Sánchez saldadas —o casi— por el PSOE, como la propia amnistía o la transferencia de competencias sobre inmigración a la Generalitat que liderar ahora el PSC de Salvador Illa. "Intentemos que no parezca lo mismo", advierten denunciando que hay un intento por parte de los socialistas de dar a entender que el espacio de acuerdo de Sánchez y de Feijóo es el mismo.

En esa diferenciación, en el PP aluden a que Sánchez está buscando dar un paso más en su relación con Junts, mostrándose en disposición a reunirse y fotografiarse personalmente con Puigdemont más de un año más tarde de la investidura, y en un momento convulso de su convivencia, en el que los catalanes amagan con una posible retirada de respaldo si no ven cumplidas exigencias monetarias como la concesión de las partidas presupuestarias pendientes del año pasado o la condonación de parte de la deuda autonómica. De hecho, esa tensión se ha materializado con la presentación de una petición de cuestión de confianza a Sánchez por vía de proposición de ley, algo inédito hasta la fecha dado que la legislación española limita el recurso de ese mecanismo al propio presidente, a diferencia de una moción de censura.

Pero los populares insisten en que el contraste abismal entre ellos y el PSOE es que no puede condicionarles a hacer algo a los que no estén dispuestos, algo que Sánchez tiene muy difícil negarse si quiere mantener su mayoría absoluta por más tiempo. Este mismo jueves, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, apuntaba a que si Puigdemont "le pide a Sánchez que baile una jota, no le quedan más narices que bailarla". Voces internas de la organización, con peso, consideran que Sánchez tiene muy complicado sostenerse más allá de otoño de 2025, con todo. Pronostican adelanto forzoso de elecciones generales. "Puigdemont tampoco quiere beneficiar a Illa con todas las exigencias que arranca a Sánchez, no le interesa", consideran esas fuentes, que avistan una ruptura interesada por parte de los catalanes en cualquier momento en este arranque de año.

De momento, con este acercamiento a Junts en lo económico, mediante la presentación de iniciativas, el PP intenta visualizar lo que no tiene amarrado para una moción de censura: que existe una alternativa viable a Sánchez. Es en lo que viene trabajando durante las última cuatro semanas, tras demandar Feijóo a los socios del PSOE la colaboración para una moción si alguno estaba dispuesto a sabiendas de la imposibilidad para ello. La premisa, lejos de la legitimación del independentismo y sus luchas particulares es clara: no se piensa renunciar a la posibilidad de "legislar en el BOE" desde la oposición. Porque más allá de reivindicarse como alternativa política, si existen posibilidades prácticas, creen en el PP que deben aprovecharse si no supone sacrificios que favorezcan a Junts.

Además, supone una aliciente interno la capacidad de ver al Gobierno perdiendo iniciativas semana tras semana si es posible. Una forma de desgaste, en definitiva, que se une al de la judialización de la supuesta corrupción que rodea al Ejecutivo y al PSOE.

Todo, aunque internamente hay voces díscolas a ese acercamiento, como la del barón catalán, Alejandro Fernández, quien expresó la semana pasada que hay que tener cuidado con Puigdemont, dado que es "un material tóxico y radiactivo". Este mismo 24 de diciembre, el líder de Junts insistió en que pese a la idea de "pasar página" que tanto Sánchez como Illa están buscando imponer, los neoconvergentes están lejos de ello y siguen empeñados en la senda secesionista. Al descontento interno del ala catalanista, se incluye el de Isabel Díaz Ayuso y los suyos.

Acercamiento de PNV y Junts a Vox

El PP, ante la posibilidad de que se legitime la suma de socios que sostienen a Sánchez, tras distinguir el carácter de los pactos alcanzados por Sánchez y Feijóo, dan la vuelta al asunto y exponen que nadie está preguntando o cuestionando a Junts y al PNV por votar conjuntamente cuestiones económicas de la mano de Vox. Un partido que, en definitiva, entre sus planteamientos fundamentales ha estado el combate al procés y la defensa de la ilegalización de los partidos nacionalistas e independentistas, como predica su último programa electoral de generales.

Recuerdan, de igual manera, que cotidianamente Vox tiene coincidencias con ambos partidos en el Congreso. "Votan multitud de cuestiones de manera conjunta", y eso no supone cesiones de ningún tipo, recalcan los populares. Cabe destacar que desde Bambú, en la dirección nacional de Vox se respalda votar a favor de la cuestión de confianza de Junts contra Sánchez. Incluso se está dispuesto a llegar a una coincidencia política en una hipotética moción de censura si el objeto es echar al presidente y conlleva convocatoria de elecciones, sin más cesiones por el camino. "El PNV, que se negó a apoyar la investidura de Feijóo en 2023 por coincidirse con Vox, que no iba a estar dentro de ese posible Gobierno, ahora vota conjuntamente" en lo económico, advierte el PP.