No podía ser de otra manera. Las lecturas políticas de 2024 de Gobierno y oposición son absolutamente dispares. Sin puntos de conexión. Para el Ejecutivo, el balance es “muy positivo”, tanto por el crecimiento económico como por la “transformación de la Justicia”, el salto en la transición ecológica o la consolidación de derechos. Para el PP, todo es negro. 2024, decía este viernes Alberto Núñez Feijóo, es un año perdido, en el que se vio a un Pedro Sánchez “acorralado” por las sospechas de corrupción en el PSOE, en su entorno y en su Ejecutivo. Su perspectiva para 2025 es, de hecho, que el Gobierno “discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco”.

El análisis es rebatido por el Ejecutivo. Lo hizo este viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde la sede de su departamento, en Madrid, y tras reunirse con el conseller catalán del ramo, Ramon Espadaler. “El balance que ha hecho el PP y el señor Feijóo del año 2024 es para echarse a llorar. Cero propuestas en positivo para nuestro país y miles de insinuaciones, de falsedades, de mentiras y de insultos. Creo que nuestro país se merece una oposición mejor”, aseguró.

Feijóo y Ayuso "han competido por ver quién hacía un balance más delirante y más extremista y alejado de la realidad. Creo que la realidad de nuestro país es incontestable", subraya el titular de la Presidencia

El titular de la Presidencia aprovechó para hurgar en la relación de Feijóo con la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer mismo hizo su propio balance del Gobierno de Sánchez, muy duro, en una rueda de prensa en la que le acusó de “estrangular” la Comunidad. “Son líos internos de la derecha en los que no entramos, pero [Feijóo y Ayuso] han competido por ver quién hacía un balance más delirante y más extremista y alejado de la realidad. Creo que la realidad de nuestro país es incontestable —se felicitó el ministro—. Crecemos económicamente, reforzamos el Estado del bienestar, subimos las pensiones, subimos el salario mínimo, reforzamos todas las prestaciones y los servicios públicos. Es una pena que tengamos una oposición que no desee que a España le vaya bien, porque cuanto mejor le va a España, peor les va a ellos. Pero no es un problema de los españoles, es un problema de ellos”.

En definitiva, remachó el hombre de confianza del presidente, “cuanto mejor le vaya a nuestro país más fango nos echarán encima, porque nuestro país está viviendo un momento dulce en lo económico, en lo social y en lo territorial”. Y si 2024 ha sido un año “muy positivo” para España, 2025 lo encara el Gobierno, agregó, de manera “razonablemente optimista”, de modo que “quien quiera que a España le vaya mal tendrá que hacérselo mirar”.

Bolaños sacó pecho durante la rueda de prensa de los avances del Gobierno en su cartera. Por un lado, 2024 ha sido el “gran año de la transformación de la Justicia”, por las reformas estructurales y legales aprobadas, desde el real decreto ley 6/2023, convalidado en enero, de servicio público de la Justicia, que facilita la gestión telemática de los procedimientos judiciales y que inyecta recursos a la Justicia para que sea verdaderamente digital y “ágil”, hasta la ley de eficiencia de la Justicia, aprobada definitivamente la semana pasada por el pleno del Congreso —y salvada por la mínima gracias a que se trenzó a última hora el acuerdo con Podemos— y que ayudará a la descongestión de los tribunales. Y además se han multiplicado “un 400%” las becas para que todos aquellos que quieran ser jueces, fiscales, abogados del Estado o letrados de la Administración de Justicia puedan estudiar sin que sea un problema la baja renta económica de su familia.

El Ejecutivo pone en valor la "transformación" de la Justicia, el desbloqueo del CGPJ y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se tramitará en 2025. Bolaños reconoce que el Gobierno estudia cómo limitar el papel de las acusaciones populares

El ministro también incidió en la importancia de la “normalización institucional”, con el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, paralizada durante más de cinco años por el PP, y en la relevancia del trabajo por delante, con la tramitación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), avalada por unanimidad por el CGPJ, que el próximo año llegará al Congreso. El titular de la Presidencia y Justicia reconoció que el Ejecutivo está estudiando cómo limitar el papel de las acusaciones populares. "Claramente se está pervirtiendo el espíritu de la acusación popular por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos, porque lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias", justificó, así que es un asunto que el ministerio se dispone a "analizar" y cuando tenga la fórmula jurídica, la dará a conocer.

Son 25 las iniciativas legislativas que están en el BOE desde el arranque de esta legislatura, agregó Bolaños. Más leyes “que ninguna otra comunidad autónoma, incluso con parlamentos con mayorías absolutas”. El Gobierno luce el “orgullo por el trabajo bien hecho” y por el “diálogo” con los distintos grupos parlamentarios, que han permitido “ganar el 92% de las votaciones”. Los españoles, dijo, votaron en 2023 un Congreso “plural y muy fraccionado” y el Gobierno está “gestionando” esa diversidad.

El titular de la Presidencia pregunta al PP cuándo hará públicos "los acuerdos que propuso a Junts para conseguir la investidura de Feijóo"

El socio más correoso es, sin duda, Junts, que acabó el año coincidiendo en votaciones con PNV y PP. Para el Ejecutivo, ese acercamiento de los populares a los convergentes es fruto de la “normalización política” en Cataluña, producto de las “decisiones valientes” que ha adoptado, como la ley de amnistía. “No le quepa duda”, ironizó Bolaños, “de que dentro de unos años el PP dirá que ellos fueron los autores” de la norma y que ellos “normalizaron la situación política, social e institucional en Cataluña”, como “hicieron también con el proceso de diálogo con ETA”. Para el ministro, por tanto, la normalización tiene sus “frutos y los ciudadanos catalanes lo ven”. Al PP le preguntó cuándo va a hacer públicos los “acuerdos que propuso a Junts para conseguir la investidura de Feijóo”. Y otra cuestión más dirigió a Génova, cómo es “posible” que se siente a acordar con Junts, un grupo del que los populares decían que “eran terroristas y que debían estar ilegalizados”.