Aunque fue preguntado por ello durante su comparecencia de balance del año político, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó en varias ocasiones referirse a la posibilidad de que vaya a haber adelantos electorales en 2025. Se centró, en cambio, en valorar lo que a su juicio representa la gestión que viene haciendo Pedro Sánchez los últimos seis años en diferentes materias, desde lo económico a lo institucional, pasando por cuestiones como la migratoria. Ello, atribuyéndole un suspenso generalizado por "estar más centrado" en sus asuntos privados y de partido, como los casos de supuesta corrupción que rodean a exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos y otras figuras del Gobierno o del PSOE, así como a su mujer Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.

El retrato que hizo el popular del próximo año lleva implícito la confianza de que Sánchez agotará otro año de legislatura, al menos hasta 2026. Su resumen de 2025 en lo que respecta al presidente del Gobierno y los suyos es claro: "Juzgados, Waterloo y Franco". Aunque en el último Comité Ejecutivo popular de mediados de diciembre Feijóo abría pedido a los suyos estar preparados para cualquier cosa.

Con estas tres palabras, el popular, además de hacer referencia a un recorrido judicial que cree que traerá noticias, añade el factor de Carles Puigdemont, con la posibilidad de que el presidente vaya a fotografiarse con el líder de Junts, huido de la justicia desde 2017, para afianzar la continuidad de respaldo en plena crisis entre partidos e inestabilidad de socios. Pero también apela a la dependencia de Sánchez de recurrir a cuestiones del polarizadoras para desviar el debate ante lo que cree Feijóo es un claro ejemplo de incapacidad de gestión de cara al futuro.

Esta apuesta de sostenimiento esbozada públicamente, colisiona con las concepciones en privado que hacen varias fuentes del PP. Desde el ámbito parlamentario de los populares se hace una apuesta clara: "Sánchez no llegará a otoño". Se remiten a conversaciones entre representantes, y trasladan sensaciones incluso —al menos así lo identifican— de pesimismo en la bancada socialista. No por parte del presidente del Gobierno, del que no tienen duda de que se seguirá guiando por su afán de "resistencia", sino por que la dependencia de terceros actores, como Junts, complican mucho el futuro próximo al secretario general de los socialistas. "A alguien de Bilbao o de Waterloo se les puede cruzar el cable un día, y te dejan de apoyar", dicen refiriéndose al PNV y a Junts, aunque incidiendo más en el segundo.

El PP sabe que no puede fiar todo a las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno

Contemplan que superado ya la amnistía, Puigdemont solo puede rascar más en competencias para Cataluña o beneficios económicos que, al final, "benefician a [Salvador] Illa y al PSC". Eso, señalan, no puede sostenerse por mucho tiempo. Ahora bien, esta idea choca con la postura de Feijóo, de que no hará concesiones al independentismo, y de romper Junts con Sánchez, una convocatoria de elecciones da por seguro, según los sondeos, la reedición del actual Gobierno y Puigdemont dejaría de ser influyente. Hay que tener en cuenta que probablemente este año el Tribunal Constitucional resuelva bajo sentencia la ley de amnistía tras múltiples recursos de inconstitucionalidad interpuestos. La decisión, especialmente si se admite esa inconstitucionalidad, puede agravar las relaciones con Junts.

A las consideraciones parlamentarias, se une una idea clara dentro del partido, que es poner a punto al PP el próximo año para llegar preparado ante cualquier imprevisto. Con esa apuesta se hace referencia a múltiples factores, y se evidencia que el PP sabe que no puede fiarlo todo a las investigaciones judiciales que rodean a Sánchez. No se descartan cambios en la dirección nacional u otras esferas, aunque por el momento no se dan pistas al respecto. Pero sí se menciona la intención de intensificar el posicionamiento del partido en varias cuestiones y el planteamiento a mayor escala de contraofertas a la acción del Gobierno.

Sobre todo en un momento en el que los populares se enorgullecen y valoran positivamente la capacidad de desplegar una agenda alternativa junto a los votos de Junts o el PNV en el Congreso como estas semanas han venido evidenciando en materia económica. Algo que lejos de asemejar a los procedimientos de Sánchez y sus socios, califican de "coincidencia" sin acceder a "chantajes".

Además de seguir buscando nuevos márgenes de acuerdo para contrarrestar a nivel legislativo, el PP está ultimando su propuesta de vivienda, cuya presentación prevé un aplazamiento al menos hasta mediados de enero o febrero, ante el complicado encaje mediático en plenas fiestas o con las informaciones sobre supuesta corrupción en el centro del debate. Otra de las acciones que tienen pendientes los populares es la llamada de Sánchez a la comisión de investigación de esas corrupciones en el Senado. 2025, comentan fuentes nacionales, será el año en el que sea citado, aunque, como ya publicó El Independiente, sigue sine die. Conviene esperar, dicen, dado que "cada día nos enteramos de algo nuevo" en las diversas investigaciones, y hay pendiente asuntos como "volcados" de distintas informaciones de los teléfonos del empresario Víctor de Aldama y compañía.

Lo ejemplifican con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "En la comisión del Congreso negó" contactos con Koldo García durante su etapa como presidente de Canarias y en pandemia. "En la del Senado, los admitió, pero los negó con De Aldama", ahora sabemos que volvió a mentir, dicen en referencia a una información reciente de El Mundo que pone contra las cuerdas al ahora ministro y a su segundo Antonio Oliveira, que fue viceconsejero de la Presidencia en las islas. Se sigue descartando la llamada a Gómez, a diferencia de Sánchez, a esa comisión de la Cámara Alta, porque "no contó nada" cuando se hizo lo mismo en la Asamblea de Madrid.

Toque a Vox ante el riesgo regional

Esa puesta a punto también incluye a los aparatos regionales, que están centrados, se dice, en demostrar las capacidades de gestión frente a Sánchez. La Interparlamentaria de Valladolid del 30 de noviembre al 1 de diciembre fue el primer paso. Entre los cometidos, están "seguir bajando impuestos" cuando la recaudación nacional supera los 140.000 millones desde 2018. Preguntado por la posibilidad de adelantos, Feijóo, durante su balance anual, desvió la cuestión a Vox. "Nosotros seguimos gobernando" en los seis enclaves de los que "ellos salieron", "seguimos con el ofrecimiento de alternativa a los españoles", afirmó el popular, que, en todo caso, sí envió un recado a Santiago Abascal.

Presuponiendo que Vox tiene interés de seguir jugando dentro de la inestabilidad que genera el actual Gobierno, Feijóo apuntó que "Vox tendrá que tomar una decisión". "A veces sus planteamientos son contradictorios y confusos", dijo en referencia a la negociación de presupuestos. La idea es que si Vox termina tumbando las cuentas propuestas por el PP al no comprarse sus demandas, que van desde iniciativas ideológicas como las leyes de concordia, a las trabas a la inmigración ilegal, hasta la exigencia de retornar al Consejo de Gobierno, en el caso extremeño, "se reflejará" qué partido dificulta o facilita la respuesta política a Sánchez. "Nosotros explicaremos por qué no se han podido aprobar las cuentas y el público tendrá que tomar posición", avistan.

Ahora bien, el mapa es complejo y no se avanza de forma uniforme en todos los escenarios, sobre todo se habla de la Comunidad Valenciana como excepción por ambas partes. Hay necesidad de presupuestos que ayuden a la reconstrucción. Diversas fuentes del PP, ante la posibilidad de que haya elecciones en múltiples sitios como Baleares o Extremadura, guardan cautela. "Eso depende de los barones", acotan, aunque sí dejan sin margen de dudas que de concurrirse por adelantado de nuevo en algún punto, se mejorarán resultados.

El riesgo de convocatoria en el ámbito autonómico es más probable, a día de hoy, que en el espacio nacional. Volvería a ser una prueba de fuego tras el ciclo de este año, para comprobar en qué posiciones están los populares y los socialistas. El punto más proclive a ello es Baleares. Marga Prohens, la presidenta regional, lo contempla, aunque desde el partido esperarán al menos hasta marzo para ver como evolucionan las relaciones con Vox en el Parlament, y si hay posibilidad de reconducir el trato para otras cuestiones ya con el anuncio de prórroga presupuestaria. En Extremadura cabe también esa posibilidad, al exigir Vox a María Guardiola una cuestión de confianza, que es, sin dudas, una invitación explícita a dimitir dado que ésta dependería de sus votos.

No hay que descartar un adelanto, aunque con componente técnico, en Castilla y León. Aunque allí la ruptura con Vox viene de lejos, las elecciones tocarían a principios de 2026 al transcurrir ya cuatro años, por lo que Alfonso Fernández Mañueco podría decidir apretar el botón a mediados de año. Hay dos condiciones clave para fomentar la participación, que en el PP castellano y leonés creen fundamental: que no haga frío y que no coincida con periodos vacacionales o de fiestas en el territorio. Por eso se plantea o bien primavera o septiembre u octubre, para evitar el invierno.