Aunque las causas que sobrevuelan sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno más inmediato serán las que marquen el calendario judicial del 2025, los tribunales españoles juzgarán e investigarán a lo largo de este año otras tantas que, sin afectar a la cúpula del Estado, también revisten interés jurídico y mediático.

Este será el año en que, por ejemplo, se juzgue tras una década de instrucción a la familia Pujol. También pasará por el banquillo Luis Rubiales, por su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino en 2023, o el excomisario Villarejo, que será juzgado por el espionaje ilegal a un empresario en el año 2011. Mientras tanto, en enero están citados para declarar como investigados, en el marco de las diferentes causas que se siguen contra ellos, el expolítico Íñigo Errejón, el artista Nacho Cano o David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo.

El 'caso Errejón'

El próximo 16 de enero, a las 12:30, el exdiputado de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón está citado en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por una presunta agresión sexual cometida en septiembre de 2021. También ha citado a las 11:00 a su denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, que acudió a comisaría el pasado mes de octubre para denunciar al expolítico después de que éste presentara su dimisión.

La artista sostiene que la agresión se produjo en casa de unos amigos suyos, donde Errejón mantuvo una actitud "dominante" hacia ella. Allí, según Mouliaá, la llevó a una habitación, echó el pestillo de la puerta para evitar que "pudiera escapar" y comenzó a tocarla. La empujó sobre la cama y "se sacó su miembro viril". En la denuncia, explica que se sintió "paralizada, violentada y cortada" y que no consintió nada de lo que sucedió, pero que guardó silencio "por ser quien era".

Aunque en un principio, después de que la artista alegara que su abogada estaba de baja por maternidad, el juez suspendió las actuaciones y archivó provisionalmente el caso hasta que la letrada regresase, Carretero estimó después el recurso de la defensa de Errejón, que en un escrito tachó la actuación de Mouliaá de "fraude de ley" y la acusó de querer "generar y provocar, a propósito, dilaciones indebidas, en un proceso de esta envergadura mediática y pública, alargando la pena de banquillo". La abogada del exdiputado quiere que declare "cuanto antes" para "exponer la realidad de los hechos", que según él "distan mucho" de los descritos por Mouliaá en su denuncia, que define como "falsa".

La investigación contra Nacho Cano

El pasado 10 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, rechazó archivar la investigación contra Nacho Cano por un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros, después de que, presuntamente, el artista contratara ilegalmente a becarios procedentes de México para su musical Malinche. Cano declarará en Plaza de Castilla el 13 de enero.

Fue detenido el pasado 9 de julio a raíz de una denuncia de una de las trabajadoras. Tras ser puesto en libertad, cargó duramente en una rueda de prensa contra los policías que le detuvieron y aseguró que la única razón que había detrás de su arresto fue su apoyo público a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un escrito, la magistrada aclaró que no le ha citado a declarar antes "para evitar la pena de banquillo", puesto que que faltaban por practicar diligencias "necesarias e imprescindibles" para determinar si el productor musical ha cometido estos delitos.

La juez señaló que las gestiones practicadas por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Centro de Madrid apuntan a que los trabajadores seleccionados para el musical "fueron introducidos como turistas y aleccionados para fingir que accedían como tales", y explica que Cano y el resto de investigados (tres personas de su equipo) debían haber tramitado los requisitos ante los consulados en México y solicitar el visado correspondiente para entrar en España legalmente. En el auto, también afirma que la defensa del músico ha aportado reiteradamente "múltiples escritos" que no "contribuyen" a resolver el presunto delito.

La 'Operación Mito' y Gonzalo Boye

Durante el primer mes del 2025 continuará el macrojuicio en la Audiencia Nacional contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y otros 45 investigados, entre los que se incluye Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, que fue uno de los encargados de negociar el contenido de la ley de Amnistía. En concreto, Boye está procesado por un delito de blanqueo de capitales por su presunta participación en un operativo para recuperar los 889.620 euros que la Policía, en febrero de 2017, incautó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a miembros de la organización de Miñanco.

La operación que está siendo juzgada es la llamada 'Operación Mito', en la que se trató de introducir en España cuatro toneladas de cocaína a través de una red que, en su cúpula, estaba formada tanto por Miñanco como por Luis Enrique García Arango, su lugarteniente, y Juan Antonio Fernández Fernández. Así lo confirmó en la primera sesión del juicio un inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que explicó que la investigación comenzó en 2016 tras la salida del capo gallego de la cárcel de Algeciras en régimen de tercer grado.

Miñanco, que fue detenido en 2018, tenía redes en Galicia, a pesar de que tenía prohibido por orden judicial pisar esa Comunidad Autónoma, en Málaga, donde estaba el epicentro de la red, y en Colombia, lugar al que mandaba a sus hombres a hacer negocios. La Fiscalía Antidroga pide para él 31 años y seis meses de cárcel y 950 millones de multa por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

Respecto a Boye, el fiscal solicita nueve años y nueve meses de prisión y una multa de 2,7 millones de euros por delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial. El agente de la Udyco aseguró ante el juez que fue Boye el encargado de justificar los pagos. Tras la detención de varios miembros de la organización en Barajas, señalados como "correos humanos", la red contactó con él y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que explicaran el origen legal del dinero. La defensa de Boye sostiene que jamás se reunió con Miñanco para tratar este asunto, aunque sí ha admitido contactos con otros miembros de la organización.

A su salida de la primera sesión del juicio, afirmó ante las cámaras de televisión que está "acusado por hacer mi trabajo" y cargó contra la Fiscalía Antidroga por permitir que se intervinieran todas sus conversaciones entre abogado y cliente. "Estamos ante una acusación totalmente especulativa", dijo.

El comisario Villarejo, Repsol y Caixabank

También en enero tendrá lugar el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por el caso conocido como 'proyecto Wine', una de las piezas que se enmarcan dentro de la macrocausa 'Tándem'. Este caso concreto se refiere al espionaje ilegal en 2011 al expresidente de la empresa Sacyr, Luis del Rivero, por parte de Villarejo, que presuntamente recabó información sobre él e hizo un seguimiento de sus movimientos empresariales y de las personas con las que se reunía siguiendo las instrucciones de dirigentes de Repsol y Caixabank.

Aquel año, el grupo mexicano Pemex y Sacyr Vallhermoso, accionistas de Repsol, acordaron una toma de control sobre la petrolera, lo que llevó a Rafael Araujo y Rafael Girona, exdirectivos de seguridad de la entidad, a contratar a Villarejo para investigar a del Rivero, a pesar de saber que era comisario en activo de la Policía y que podía valerse de dicha condición, para defender los intereses de Repsol frente a Sacyr. A esta investigación se sumó Caixabank, como accionista de Repsol, a través de Miguel Ángel Fernández Rancaño, exdirector de seguridad de la compañía, que también está encausado.

Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano explican que el grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, fue el encargado de llevar a cabo las pesquisas y señalan que emitió a sus clientes tres facturas por los servicios prestados por un importe total de 389.400 euros. El Ministerio Público sostiene que el excomisario entregó varios informes, incautados en 2017 tras su detención, a Araujo y a Fernández Rancaño, que a su vez entregaron a sus superiores "sin que conste que éstos tuvieran conocimiento de que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía".

La Fiscalía Anticorrupción les imputa a todos varios delitos, que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil. Para Villarejo pide 40 años y medio de prisión, reclama 28 y 21 años de cárcel para Araujo y Rafael Girona y 21 años para Fernández Rancaño. Para el socio de Villarejo, Rafael Redondo Rodríguez, pide 32 años, así como que Repsol y Caixabank y la Administración del Estado respondan como responsables civiles subsidiarios.

El 'caso mascarillas'

La primera gran polémica que estalló en España relacionada con la adquisición de material sanitario durante la pandemia tuvo lugar en 2022, cuando salió a la luz que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño habían estafado seis millones de euros al Ayuntamiento de Madrid en 2020 durante los peores meses de la crisis. A lo largo del próximo mes de febrero serán juzgados en la Audiencia Provincial madrileña.

El fiscal Luis Rodríguez Sol sostiene que la intención de ambos "fue la de enriquecerse exagerademente" a costa de una situación "de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios", y subraya que, como consecuencia de la imposición de unas comisiones "desorbitadas" que mantuvieron ocultas al Ayuntamiento, vendían los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, denunció que "durante demasiado tiempo" sus rivales políticos habían cuestionado la honorabilidad de varios trabajadores del Ayuntamiento. Su primo, Carlos Martínez Almeida, que fue quien remitió al Consistorio el contacto de los empresarios, declaró como testigo durante la instrucción del caso, pero no fue imputado ni por el juez Adolfo Carretero (el mismo que ahora investiga a Errejón) ni por la Audiencia Provincial, a pesar de la presión que el PSOE, Más Madrid y Podemos ejercieron desde las acusaciones populares. La Fiscalía descartó que los empresarios recibieran un trato privilegiado por parte del Ayuntamiento.

Luceño está acusado de un delito continuado de estafa agravada, otro de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra la Hacienda Pública agravado, mientras que a Medina se le acusa de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el primero y una multa de 5,6 millones de euros, y nueve para el segundo y una multa de 450.000. También reclama que indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la entidad que formalizó la compra del material, con un total de 7,8 millones de euros, cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento.

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

También en febrero tendrá lugar el juicio sobre uno de los acontecimientos más controvertidos ocurridos en España en los últimos tiempos: el beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino en Australia, en Sidney, en agosto de 2023, una acción por la que tuvo que dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Rubiales está citado entre el 3 y el 19 de febrero en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se enfrenta a una pena de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones. Junto a él, acusados de coaccionar a Hermoso para que dijese que el beso fue consentido, se sentarán en el banquillo tres de sus colaboradores: el exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque, al exentrenador del equipo femenino Jorge Vilda y el antiguo responsable de Marketing de la Federación, Rubén Rivera.

La Fiscalía sostiene que, durante la entrega de medallas a las jugadoras de la Selección, mientras Hermoso recibía el saludo protocolario por parte de Rubiales, "este sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora, le propinó un beso en los labios". A partir de ese hecho, el Ministerio Público indica que, "ante las consecuencias personales y profesionales que le podían acarrear, Rubiales, en "connivencia" con el resto de los acusados, ejerció "actos constantes y reiterados de presión" sobre la jugadora y a través de su familia y amistades con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso.

Además, asegura que Hermoso sufrió "una situación de hostigamiento que le impidió desarrollar su vida en paz, tranquilidad y libremente". La futbolista declaró que no consintió el beso y que se sintió presionada para justificar la actuación de su superior.

La familia Pujol

A finales de 2025, en noviembre, comenzará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio contra la familia Pujol, que finalizará en abril de 2026. En el banquillo se sentará Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, junto a sus siete hijos (Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer) por, presuntamente, formar parte de una organización criminal que se enriqueció durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. El tribunal, que está compuesto por la magistrada María Riera, Carolina Rius y María Fernanda García (que será la ponente), también juzgará a otras 17 personas, principalmente empresarios.

El juicio arrancará once años después de que el expresident reconociera tener dinero en Andorra sin declarar, fruto de una herencia de su padre. Las investigaciones comenzaron en 2012, después de que la exnovia de su hijo mayor denunciara que éste movía grandes cantidades de dinero negro. El juez Santiago Pedraz acordó en junio de 2021 llevar al banquillo a toda la familia (a excepción de la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, que falleció este año), señalando una actuación "claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol", consistente en la apertura y cierre simultaneo de cuentas bancarias en el extranjero y de movimientos de fondos entre ellas con el objetivo final de ocultar su procedencia.

Según la Fiscalía, la familia ocultaba una cantidad "ingente" de dinero en Andorra. Pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Él era, según el relato del fiscal, el encargado de gestionar los fondos procedentes de esa red clientelar y de distribuirlos entre el resto de los hermanos.

Continúa la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez

En Badajoz continúa su curso en 2025 la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública tras acceder en 2017 a un puesto de alto directivo en la Diputación de Badajoz como Coordinador de Conservatorios. Actualmente es el director de la Oficina de Artes Escénicas.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, le ha llamado a declarar el 9 de enero, así como también ha citado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras siete personas, todas responsables de distintos departamentos en la entidad pacense. En un informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó que la creación del cargo que ocupó David Sánchez "atendería a otras prioridades" distintas a las reflejadas por los conservatorios consultados, dando a entender que accedió al puesto por cuestiones que excedían al ámbito de lo estrictamente profesional.

La juez desestimó el recurso interpuesto por la Fiscalía en el que solicitaba dejar sin efecto la citación, que también pedía que se especificaran los "hechos concretos" por los que se investigaba a los procesados en la causa. En un auto, Biedma aclaró que "no entendía" cómo el Ministerio Público afirmaba que no había comportamientos con trascendencia penal, recordó que la Audiencia Provincial descartó "expresamente" la existencia de una investigación prospectiva y subrayó que lo habitual en estos procedimientos es que se cite a declarar a los investigados, lo que no quiere decir que se haya cometido un delito. "El Juzgado de Instrucción tiene como función y deber investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal".

Alvise Pérez y la financiación de Se Acabó La Fiesta

Otras de las causas que continuará durante este año será la que afecta al eurodiputado Alvise Pérez por supuesta financiación irregular del partido que dirige, Se Acabó La Fiesta (SALF). El 20 de diciembre, el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se le impute por delito electoral y por financiación ilegal. Un mes antes, el empresario Álvaro Romillo, también conocido como Luis Cryptospain, aseguró ante el magistrado que le entregó 100.000 euros para financiar sus actividades políticas.

Calama considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente a Pérez y, por tanto, debe ser el alto tribunal el competente para continuar la instrucción, debido al aforamiento que le corresponde por su condición de diputado en el Parlamento de la Unión Europea. Señala también que la investigación ha evidenciado que Alvise solicitó su colaboración para crear una "wallet" (un monedero virtual) con el objetivo de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público, que estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones europeas del pasado mes de junio.