Poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez de la cara a una de las reclamaciones básicas ciudadanas del último lustro. El objetivo es claro de cara al nuevo cónclave de barones del PP junto a Alberto Núñez Feijóo, que acontecerá este fin de semana en Colunga (Asturias). Si la financiación autonómica marcó la reunión de presidentes en el madrileño Palacio de los Duques de Pastrana a principios de septiembre, esta nueva reunión trascenderá por el cuestionamiento de las políticas de Vivienda y la conjura para alumbrar un plan alternativo a la acción del Gobierno para frenar la escalada de precios de los alquileres. Acontecerá tan solo un mes después de la Conferencia de Presidentes de Santander (Cantabria), donde los populares apenas vieron atendidas sus reclamaciones.

El encuentro asturiano, en todo caso, no dará cabida, al menos así lo afirman fuentes nacionales del partido, a otras cuestiones, sino que se dará pleno protagonismo a la Vivienda. Ni si quiera se abordará asuntos como la inmigración. Aunque el tema preocupa, se considera que la posición del PP es clara y está consensuada entre los doce presidentes autonómicos y el canario Fernando Clavijo, mientras que el Gobierno le "ha dado un portazo". No se dan por cerradas, en todo caso, las conversaciones.

La propuesta de Vivienda que emanará de la reunión, descansa en Génova desde hace semanas, según pudo saber El Independiente, a falta de cerrarse algunos flecos. El ruido por las causas judiciales en torno al Gobierno y el PSOE por supuesta corrupción hizo al PP retrasar su presentación pública para evitar que quedase diluida entre el calor informativo. Pero, lejos de materializarse en un texto concreto, fuentes nacionales apuntan a que ésta se desglosará en varias iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales.

Tras la reunión del Comité de Dirección del partido este martes, la primera del año, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, mencionó que en Asturias se abordarán las acciones a poner en marcha en los parlamentos regionales y en las Cortes, sin entrar en más detalle y aludiendo a dos de los ejes clave que guiará esa política de Vivienda: la necesidad de más suelo para la construcción de vivienda, sin requerirse la intervención del mercado que viene planteando el Gobierno con su actual ley; y la urgencia de modificaciones y reformas de calado para simplificar "el infierno burocrático" de la actual tramitación urbanística.

Al margen de esas actuaciones para reducir la burocracia o para avanzar hacia un mercado más unitario mediante la colaboración autonómica, hay otras cuatro posibles propuestas de índole nacional distinguidas que pueden ir a las Cortes próximamente. Lo anterior puede ir de la mano de una regulación desde el parlamento, como en lo relativo a los procedimientos contencioso-administrativo y a la ley del contrato de concesiones públicas, con lo que se podría acelerar los plazos de liberalización de suelo y edificación.

Por otro lado, se apuesta por una reforma destinada a hacer frente a la okupación. Recientemente, por un error de EH Bildu en la votación de una enmienda propuesta por el PNV de cara a la mejora de la eficiencia del servicio público de la justicia, el Congreso aprobó reducir los plazos para los desalojos de un dilatado plazo de doce meses —el doble, si hay apelaciones— a dos semanas. La propuesta del PP, presentada en octubre, sigue siendo clara: 48 horas, como máximo, así como el endurecimiento de las penas, de hasta tres años, mediante una reforma del Código Penal. En la actualidad van de seis meses hasta dos años. Si se ejerce violencia de algún tipo, podría incrementarse. Con ello, la intencionalidad de los populares es que los propietarios de viviendas vacías las pongan a disposición del alquiler con seguridad.

La propuesta del PP a nivel penal para los okupas eleva hasta los 3 años las penas de prisión

Otra será la ley de Suelo alternativa a la planteada y retirada posteriormente por el Gobierno al no tener apoyos, que será íntegramente presentada en el Senado y que ya avanzaron los populares a finales de mayo. Con ella, tal y como relató Paloma Martín, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, se quiere promover la eficiencia para la emisión de informes, limitar la nulidad de vicios formales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas y restringir la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios.

Ello, sin desligarse de una propuesta de reforma de la Ley de Vivienda actual [que no la aplica el PP en sus comunidades, tampoco la mayoría de gobiernos socialistas excepto el de Cataluña], consensuada por Gobierno, socios y EH Bildu, que radicaría en la derogación del tope de precios o la declaración de zonas de mercado tensionado. También el índice de precios. Según fuentes populares, "nada de esto ha funcionado" tras seis años con Sánchez en el Gobierno.

Confianza en reeditar el frente con Junts y el PNV

La propuesta que emanará de ese cónclave de barones carece de capacidad de hacerse paso parlamentariamente sin una mayoría sólida. Pero los populares confían en convencer a distintos socios conservadores del Ejecutivo para que den un aval a las propuestas. Una referencia clara a Junts, el PNV o incluso a Coalición Canaria, que podrían ir de la mano en una nueva coincidencia de votaciones con Vox y UPN como las evidenciadas en el mes de diciembre.

Populares y el resto de socios conservadores se pusieron de acuerdo a mediados de diciembre para zanjar el impuesto a las energéticas, también el impuesto a la producción eléctrica o para reducir al 4% el IVA de los lácteos pasteurizados o la bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de los monitores de centros deportivos.

"Cuando la presentemos veremos dónde está cada uno", dicen de todos los partidos políticos de la Cámara Baja los populares. Reivindican que la ley parte de ellos y que aunque pueden asumir otras propuestas si las ven con buenos ojos, la intención es convencer al resto para que las apoyen. Se cree, en todo caso, que el PSOE puede estar más cerca de perder nuevas votaciones. La okupación es una preocupación para socios como el PNV o Junts, por lo que, al menos en ese escenario, no habría inconvenientes para aglutinar una mayoría similar a la ya escenificada anteriormente.