La fórmula ya se ensayó en Toledo y posteriormente en Córdoba. Un retiro de dos días con el núcleo duro del PP y los barones territoriales para coordinar estrategias y propuestas. Ahora toca en la localidad asturiana de Colunga, donde Alberto Núñez Feijóo ha citado a los suyos este fin de semana. En la agenda había un tema central, la política de vivienda, con una propuesta en la que pretendían implicar a Junts y PNV, pero este viernes se les ha colado otro asunto de gran trascendencia.

La inopinada decisión del PSOE de presentar una proposición de ley para limitar el derecho a la acusación popular reconocido en el artículo 125 de la Constitución y regulado en el 102 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, parece una respuesta directa a los distintos casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y al entorno de presidente del Gobierno. De hecho, los populares están personados en la causa de lo hidrocarburos, aún bajo secreto de sumario, por la que está también imputado Víctor de Aldama.

Para Génova no es más que un intento de "laminar" y "amedrentar" al poder judicial, pero la clave no está tanto en el PSOE, -cuya proposición, dicen fuentes populares, "es coherente con las políticas de un Gobierno que tiene aversión a la pluralidad, que está en aprietos judiciales y parlamentarios y que usa todos los resortes del Estado en beneficio propio"-, sino en si consigue los suficientes apoyos parlamentarios. En este punto, lamentan los populares que "estamos bastante solos en la defensa de la independencia de los jueces", lo que significa que poco o nada pueden hacer para parar en el Parlamento la proposición más allá de ralentizarla o rechazarla a su paso por el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Rechazo de Junts y críticas de Sumar y de Podemos

El tema no está en la orden del día de la reunión de este fin de semana, "pero cualquier asunto de actualidad puede ser comentado". Además, Feijóo tiene previsto poner el broche a unas jornadas que se desarrollan a puerta cerrada y sin teléfonos móviles a mano, en un acto público el domingo en Oviedo, donde, sin duda, se referirá a este asunto.

Sin embargo, la propuesta del PSOE ha ido acumulando críticas también de sus socios parlamentarios y de Gobierno. Los más duros, Junts, seguidos de Podemos. La formación de Carles Puigdemont ha anunciado enmienda a la totalidad por "insuficiente", "limitada" y no abordar el problema de fondo, que no es otro, a juicio de la derecha independentista que la "dictadura de las togas". Podemos, con cuatro diputados clave para ahormar mayorías. Los morados creen que a la propuesta "le falta ambición", es "ineficaz" y "cosmética". En definitiva, no servirá para combatir el "lawfare" del que dicen haber sido víctimas, ni, tampoco, "remedia el error de haber entregado al PP y a los sectores más reaccionarios de la judicatura el control del Consejo General del Poder Judicial". Además, se muestran reticentes ante la posibilidad de no poder personarse ellos o las administraciones en los casos, por ejemplo, de violencia machista.

Quedan fuera las injurias a la Corona y altas instituciones del Estado

Pero incluso dentro del propio Ejecutivo de coalición la proposición de ley socialista parece haber provocado un entusiasmo perfectamente descriptible. Desde el Ministerio de Cultura que capitanea Ernest Urtasun, de Sumar, creen que la propuesta para limitar la acusación popular y, también, suprimir el delito de ofensas religiosas y despenalizar los delitos de opinión es "incompleta" pues el pacto de gobierno recogía también la despenalización de las injurias contra altas instituciones del Estado y la Corona, según señalaron fuentes de este departamento a Europa Press. En todo caso, nada que no se pueda modificar en el trámite parlamentario.

Mientras este debate crece, Génova quería poner el foco en sus políticas de vivienda con un debate monográfico coordinado con todas sus baronías territoriales, que, a la postre, son las que tienen la competencia en la materia. La propuesta principal gira en torno a la liberación de suelo, la simplificación administrativa para agilizar los procesos de construcción y reducir a 48 horas el plazo de expulsión en caso de okupación de la vivienda, entre otras medidas.

El primer partido de la oposición ya tenía una propuesta muy avanzada cuando dieron un giro estratégico el pasado septiembre para centrarse en asuntos de índole social, como la conciliación familiar. Pero la actualidad política, marcada por los casos de supuesta corrupción que planean sobre el Gobierno, terminó diluyendo ese camino. Ahora intentan retomarlo y de la cita del fin de semana saldrá un paquete de propuestas para la que es la principal preocupación de los ciudadanos, aunque será imposible soslayar la última maniobra del PSOE sobre la acusación popular.