La Policía Nacional ha adquirido en los últimos meses tres softwares para mejorar la investigación sobre el crimen organizado aprovechando el rastro que cualquier movimiento deja en internet. Se trata de "los mejores" programas del mercado en cuanto a material de inteligencia, pero tienen un problema: dos de ellos pertenecen a empresas israelíes, país al que el Gobierno tiene vetado en materia de defensa. El otro tiene firma italiana. Los programas son Voyagerlabs, Bold y Medusa. Los dos primeros son los que vienen desde Oriente Próximo.

Desde que empezase la guerra en Gaza, el Ejecutivo ha ido cortando lazos con Israel. Sin llegar a romper relaciones diplomáticas, en materia comercial sí se han visto resentidos los contactos. Especialmente en temas de armamento y defensa. Al menos eso ha asegurado parte del Consejo de Ministros, con la responsable de los ejércitos, Margarita Robles, a la cabeza.

La socialsita respondió el pasado octubre a Sumar que "no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre" de 2023, cuando comenzaron los enfrentamientos en la Franja. Una frase que la ha perseguido desde entonces, ya que en el Portal de Contratación han ido apareciendo distintos acuerdos con empresas de ese país (que necesitan la aprobación del Gobierno para exportar) desde la fecha señalada hasta la actualidad. También se ha vetado a las empresas de armamento de la próxima feria militar que tendrá lugar en mayo en Madrid.

Como publicó El Independiente, a fecha de principios de septiembre de 2024, a un mes de cumplirse el primer aniversario de la guerra, España había suscrito contratos por valor de unos 11.000 millones de euros con empresas militares israelíes. Uno de los últimos, y que puso en un brete a otro ministerio, fue la compra por parte de la Guardia Civil de munición a IMI Systems por más de 6,6 millones de euros.

El Ministerio del Interior, ante el revuelo suscitado, envió una nota de prensa anunciando que cancelaba el contrato y que vetaba en el futura a empresas de Israel. Sin embargo, la compra de dos de estos tres programas para combatir el crimen organizado pone en duda lo anunciado por el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

"Los mejores" del mercado

Las fuentes especializadas en ciberseguridad e investrigación policial aseguran que lo que ha comprado la Policía es "lo mejor" del mercado. Las tres serán utilizadas por las unidades de Policía Judicial, las de Información y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Permiten hacer un mapa de personas, empresas, relaciones, conexiones, redes sociales o intereses comunes para que los agentes puedan hacer un mapa perfecto del caso en el que están trabajando.

Los trabajos para comprar los tres programas empezaron hace un año y medio, aproximandamente. Los primeros contactos surgieron en el verano de 2023, lejos aún del ataque de Hamás a los asentamientos judíos próximos a la Gaza, aunque a posteriori no se cortaron.

El primero en aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fue Voyagerlabs. El contrato se adjudicó a Dars Telecom S.L., una empresa española que hace de intermediaria para la comercialización de esta aplicación israelí. El coste rozó los 1,8 millones de euros. Fundada por Avi Korenblum, su tecnología se basa en la investigación con una inteligencia artificial cognitiva, explican fuentes conocedoras.

Cuenta con cuatro subplataformas: inside, para la darkweb, vision, para el análisis de imágenes, check, para analizar el riesgo potencial de los elementos y analytics, que otorga una investigación más en profundidad con elementos de inteligencia. Entre sus ventajas está el análisis fácil de cantidades masivas de información, así como su empleo en el internet que todos conocemos, así como en la deep y la dark web. Cuenta con una base de datos tan potente, que permite mapear las distintas interacciones humanas en distintas redes sociales, aunque los datos estén ocultos.

Algo parecido hace la italiana Medusa, cuyo precio está en los 700.000 euros. Esta aplicación, que ya la usan las fuerzas de seguridad del país europeo, utiliza inteligencia de fuentes abiertas, conocido como OSINT. También recopila datos de los tres niveles de profundidad de internet. Es capaz de rastrear foros (por ejemplo en investigaciones sobre grupos pedófilos) y redes sociales cerradas. La Policía sólo ha contratado un módulo, el conocido como Terra.

Por último, la Policía se ha hecho con los servicios de la israelí Bold a cambio de 900.000 euros. Es "la más potente de las tres". Este software trabaja con inteligencia adaptativa, es decir, que va aprendiendo cuanto más se utiliza. Su uso está ligado principalmente a la deepweb, aunque es capaz de trabajar en los tres niveles y en redes sociales, como las otras. "Supone un paso más allá que la inteligencia artificial que conocemos", explica un experto en la materia.

La aplicación es capaz de destacar las "debilidades y oportunidades", una suerte de análisis DAFO. No hay que olvidar que estos programas también son vendidos a particulares para el estudio de mercado. La inteligencia policial no dista mucho de la económica, aunque evidentemente tiene sus particularidades.

Bold, en concreto, tiene contratadas bases de datos de casi cualquier cosa. "Es capaz de relacionar los dispositivos electrónicos de distintas personas muy bien. Su éxito se basa en la datificación, el tratamiento que le da a cada dato. Además, es capaz de localizar las ips desde la que está cada persona y si opera en varios dispositivos", asegura el experto consultado, conocedor de las tres herramientas.

En 2023, distintas publicaciones del sector de la inteligencia apuntaron a que Bold se había hecho con el departamento de big data de la empresa NSO, la creadora del programa espía Pegasus. También informaron que buscaban expandirse por Europa, algo que mparece haber conseguido con el Gobierno español, a pesar de que en público aseguren haber vetado a las compañías de Israel.

El 'caso Pegasus'

El caso de Bold es paradigmático de que, en realidad, el Gobierno no tiene reparos e n comerciar con Israel. La empresa mantiene una relación directa con NSO, la fabricante del software con el que se espió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.

Todavía no se sabe quién estuvo detrás del ataque de inteligencia. La Audiencia Nacional mantuvo algo más de un año la investigación sobre 'Pegasus' viva. Llamó a declarar a la que fue directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y a varios de sus subordinados, y tomó declaración por escrito tanto al ministro de Presidencia Félix Bolaños, que trabajaba en La Moncloa cuando atacaron el teléfono del presidente, así como a Marlaska y Robles.

Sin embargo, el juez Calama consideró que las vías para esclarecer el asunto se habían agotado sin llegar a ninguna conclusión clara, por lo que el 10 de julio de 2023 archivó el asunto. En su escrito afeó a Israel -país al que pertenece la empresa NSO Group, dueña del software espía- su falta de cooperación "absoluta".

Sin embargo, el juez decidió reabrir el caso después de haber recibido nuevos datos de Francia que ha investigado este malware espía de origen israelí en los teléfonos de periodistas, abogados y personalidades públicas allí, así como políticos y ministros galos. Mientras tanto, el Gobierno sigue haciendo negocios con la empresa dueña del software que espió al presidente.