El primer partido de la oposición otorga a la limitación de la acción popular, entre las propuestas que contiene la proposición de ley socialista, el mismo rango de "importancia capital" que la ley de amnistía y no descarta ni una sola medida de presión, incluida sacar a los ciudadanos a la calle, según fuentes populares. El portavoz del PP, Borja Sémper, no quiso adelantar ninguna iniciativa concreta más allá de anunciar que la intención del PSOE para desactivar con carácter retroactivo los casos judiciales que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del presidente del Gobierno, recibirá "la respuesta más dura del PP".

Lo cierto es que el margen de maniobra es estrecho. La vía europea, ante el Tribunal de Justicia de la EU (TJUE), se antoja complicado puesto que la acción popular es casi exclusiva de España y aunque constitucionalmente está reconocida, depende de la Ley de Enjuiciamiento Criminal su alcance. El TC tampoco genera entusiasmo a los populares, que dan por hecho que el tribunal de garantías constitucionales se plegará a lo que proponga el Gobierno. Desde el Senado puede solicitarse un informe al Consejo de Estado, pues, una vez más, y tal y como ocurrió con la ley de amnistía, se recurre a una proposición de ley para soslayar los informes de los órganos consultivos, pero su carácter es meramente consultivo.

Queda por conocerse el alcance del caso de hidrocarburos

El comité de dirección del PP, en su habitual reunión de todos los lunes, ha abordado este asunto "con mucha preocupación", e insistido en su tesis de que el presiente del Gobierno "no busca justicia sino impunidad. No quiere acabar con la corrupción sino blindarla por ley", ha dicho Sémper. Ven los populares una intención de naturalizar la "corrupción buena y aceptable", como la de los Eres, y otra mala, en un ejercicio que responde a que el jefe del Ejecutivo "está desesperado". Además, han avanzado que las cosas se le pueden complicar al Ejecutivo una vez se levante el secreto del sumario del caso de los hidrocarburos, que podría elevar el fraude a los 1.000 millones de euros.

Y en cuanto a las sospechas del Supremo de que el Gobierno recibió el e-mail de la pareja de Isabel Díaz Ayuso directamente de la Fiscalía, concluye Sémper que "el presidente del Gobierno estaba en el ajo. Todo se va a acabar sabiendo" y anima, a los que han cometido este tipo de actos, que "se adelanten y pongan a disposición su cargo". "Nos enfrentamos -agrega- a un presidente del Gobierno que no tiene límites y quiere terminar con los contrapoderes. Busca la impunidad retroactiva de quienes están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos y hoy quiere beneficiar a su entorno personal. Es inaceptable. No está por encima de la justicia".

Todas las iniciativas políticas, institucionales y sociales

En definitiva, el PP impulsará todas las iniciativas políticas, institucionales y sociales a su alcance por entender que, "es de tal gravedad que va a ocupar una parte notable de nuestro tiempo. No podemos permitir un nuevo clavo en el ataúd de la igualdad de los españoles y retroactivamente no vamos a permitir nada". Además, ha recordado que la proposición socialista también ataca el papel de la prensa, puesto que no acepta denuncias que prosperen por corrupciones denunciadas en la misma, ni siquiera, como en los casos de la esposa y el hermano del presidente, que ya están judicializados.

Por otro lado, el portavoz popular ha querido dejar claro a preguntas de los periodistas que su jefe de filas "no se va a ver con Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país. Si alguien quiere cambiar este gobierno, aquí estamos. Que nadie espere cosas raras", ha concluido al respecto.