La reflexión de varias semanas ha llevado a la misma respuesta: no. El Gobierno no quiere dar una baza de más a Junts, no quiere sentar un "precedente" que estima peligroso. Salvo que se produzca un nuevo giro en las próximas horas, los representantes de PSOE (3) y Sumar (2) en la Mesa del Congreso de los Diputados, que suman mayoría, rechazarán previsiblemente la solicitud de cuestión de confianza que registró hace poco más de un mes la formación de Carles Puigdemont. No dejarán por tanto que ni se debata en el pleno. El expresident de la Generalitat ha amenazado con represalias, pero en la Moncloa dicen no temerlas porque la carta más valiosa que tiene, la de sumarse a una moción de censura con PP y Vox, sería corrosiva, creen, para los posconvergentes, ya que les hundiría electoralmente en Cataluña. "Ellos sabrán", despachan distintas fuentes del Ejecutivo. Pero no prevén moverse de su posición, porque no tendría sentido, argumentan, ceder ante una "astracanada" así.

Las relaciones de PSOE y Junts continúan tensas. Muy tensas. Y por el momento no se enderezan, a juzgar por las señales que mandan al exterior uno y otro partido. Es más, se avizora una crisis más profunda. Puigdemont, líder de su formación de nuevo tras el congreso del pasado octubre, consideró roto el débil hilo que unía a las dos fuerzas y ordenó a los suyos registrar el pasado 9 de diciembre una proposición no de ley para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dada su "falta de voluntad política" para cumplir los acuerdos de investidura. El PSOE no le dio mayor vuelo en las primeras horas posteriores, pero luego se dio cuenta de que el órdago iba en serio. A los pocos días las dos delegaciones volvieron a encontrarse en Suiza, pero la cita no sirvió para mejorar el ambiente enrarecido entre los dos partidos.

La Mesa del Congreso tomará la decisión este jueves, y PSOE y Sumar tienen mayoría. El viernes, Puigdemont se reúne con su cúpula para abordar los escenarios posteriores al acuerdo de la Cámara baja

Los socialistas se inclinaban por vetar la iniciativa de Junts con el argumento de que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente, como impone el artículo 112 de la Constitución. Pero el informe de los letrados del Congreso abrió un abanico de opciones: desde la posibilidad de no admitir a trámite el texto hasta aceptarlo porque no supone ningún tipo de consecuencia práctica —las proposiciones no de ley son iniciativas de carácter puramente político y no vinculantes para el Ejecutivo— o bien pedir su reformulación. PSOE y Sumar decidieron ganar tiempo y congelar el escrito hasta una siguiente reunión de la Mesa, con el pretexto de que había que analizar en profundidad el análisis de los servicios jurídicos de la Cámara. El PP se alineó con los posconvergentes, en un nuevo guiño hacia ellos.

Pero ese tiempo que se habían dado PSOE y Sumar se acaba. Este jueves, 16 de enero, se reúne de nuevo la Mesa del Congreso y tomará la decisión definitiva. Para el viernes, Puigdemont ha fijado una cita con su cúpula para responder a su vez a lo que acuerde la Cámara baja.

El Gobierno no ha querido apurar siquiera los tiempos esta vez. Ayer martes, la portavoz primero y fuentes de la Moncloa después confirmaron que los socialistas tumbarán la proposición no de ley de Junts. La ministra Pilar Alegría recordó que es la Mesa de la Cámara baja la que tomará la decisión, pero dejó claro que no gusta la iniciativa a los socialistas por una cuestión de formas y de fondo. De formas, porque la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente, y de fondo, porque el Gobierno "cumple con los compromisos" firmados con los grupos, aquellos que están en su "mano", y porque el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo ha permitido que España sea hoy "un país récord en empleo y récord en materia económica y en crecimiento económico".

Una propuesta "extemporánea"

En la Moncloa ya habían podido tomar nota de las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, a primera hora de la mañana en un desayuno informativo en Barcelona. El dirigente advirtió de que lo que suceda con su propuesta "no es inocuo" y que si no se tramita —que es lo que finalmente pasará—, entonces la formación deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".

El aviso, claro, y la respuesta que ya adelanta el Gobierno da a entender, por tanto, que los socialistas ya asumen que el resto de negociaciones por venir —y la central es la de los Presupuestos— se pondrán muy cuesta arriba. Más aún. Pero prefieren asumir el riesgo. Porque, como sostenían este martes en el Ejecutivo, la proposición no de ley de Junts es "extemporánea", porque los posconvergentes "no tienen competencia" para apretar a Sánchez con una herramienta de la que no es dueño como grupo, dado que solo el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede decidirse someterse a una cuestión de confianza, que se considera superada si reúne el aval de la mayoría del Congreso. El instrumento que está a disposición de los grupos, y que recoge la Carta Magna en su artículo 113, es la moción de censura, que ha de proponerla al menos una décima parte de los diputados (35). "Que la presenten si quieren —retan en la Moncloa a los de Puigdemont—. ¿Nos pasan a nosotros una patata para la que no tienen competencias? ¿Tenemos que responder nosotros por qué ellos no hacen lo que sí está en su mano, que es sumarse a una moción de censura?".

La moción de censura sería el certificado de defunción de Junts y todo lo que Junts representa. Ellos sabrán", afirma con rotundidad un ministro

Junts no podría plantear la censura al Ejecutivo, pero sí podría adherirse a una que respaldaran PP y Vox. Los tres grupos sumarían mayoría absoluta, la que exige la Constitución para poder desbancar a un presidente. Alberto Núñez Feijóo ya adelantó el lunes en Onda Cero que estaría dispuesto a presentarla con el fin de convocar a continuación elecciones si los posconvergentes la avalaran. La ultraderecha de Santiago Abascal ya ha avanzado que sí la apoyaría. Es una "broma macabra" pensar que los siete diputados de Junts podrían entrar en esa operación, respondió este martes Turull. "Por la mañana te piden ayuda y por la tarde te quieren en prisión", justificó.

"No sé si ellos se sumarán a una moción con PP y Vox. Lo que no tiene el menor sentido es la astracanada que han planteado —avisa un ministro del círculo de confianza de Sánchez—. La moción de censura sería el certificado de defunción de Junts y todo lo que Junts representa. Ellos sabrán".

Esa idea, la del "ellos sabrán", la repiten otras fuentes de la Moncloa. "Si quieren ir a una aventura con PP y Vox, allá ellos. Quizá no han medido bien el órdago que lanzaron… Pensaron que no tenía especial valor, y sí lo tiene", señalan en el equipo más cotidiano del presidente. En la Moncloa creen que Puigdemont no llegará a sumarse a una censura a Sánchez, porque en el fondo no le interesa que llegue al poder Feijóo de la mano de Abascal, ahora que la amnistía no ha podido ser aplicada por la paralización del Supremo. Pero, tras la reflexión de algunos responsables, subyace un reto a los posconvergentes. "Con esta gente, todo es posible. Vete a saber lo que podrían llegar a acordar con el PP bajo cuerda", reflexiona un integrante del Gabinete.

Turull advierte de que no será "inocuo" lo que decida la Mesa. Pero también descarta una moción con PP y Vox: "Sería una broma macabra. Por la mañana te piden ayuda y por la tarde te quieren en prisión"

Pero, ¿por qué Sánchez se planta ahora, cuando ni siquiera tiene encarrilados los Presupuestos y tiene muchas carpetas pendientes? En la Moncloa explican que "no hay que mezclar asuntos", que simplemente no pueden transigir con una iniciativa que es privativa del presidente y que, sobre todo, sería muy arriesgado crear un "precedente". Abrir una rendija por la que se podrían colar, en el futuro, proposiciones de los grupos con el mismo contenido. Esto es, cuestionar la legitimidad y la confianza del Gobierno por la puerta de atrás. Sería conceder una herramienta muy poderosa al PP, alegan.

Varias negociaciones pendientes

En el Ejecutivo asumen que su negativa a tramitar el texto de Junts puede tener consecuencias. Represalias como que Puigdemont cerrara la puerta a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. En el equipo de Sánchez insisten en que seguirán trabajando para disponer de unas cuentas renovadas porque sería lo adecuado, pero añaden a la vez que no sería ningún drama no tenerlas y funcionar con los PGE prorrogados —los vigentes son los de 2023—, como ha ocurrido en otras ocasiones, como pasó de hecho en 2024. Y es la tónica general este año, recuerdan, en muchas comunidades autónomas, ya que Vox se niega a apoyar a sus exsocios del PP.

Es decir, que en el balance de daños, en el Ejecutivo consideran que sale más a cuenta poner pie en pared ahora que asumir una nueva cesión. Sobre todo porque no están amarradas unas nuevas cuentas. "Es que, ¿qué represalias van a tomar contra nosotros? No tener Presupuestos. Y por no tenerlos, ¿qué vamos a hacer, convocar elecciones, como quiere el PP? No. Y si tramitamos la solicitud de cuestión de confianza, ¿qué garantía tenemos de que nos vayan a aprobar la senda de estabilidad o los Presupuestos?", razonan en la Moncloa.

En el Ejecutivo dan por hecho que los Presupuestos pueden ponerse más cuesta arriba, pero recuerdan que no sería ningún drama no tenerlos y que ya varias CCAA han tenido que prorrogarlos

Los posconvergentes siguen mostrándose muy duros en sus posiciones. Para que se pueda restaurar la "confianza" en Sánchez, se tienen que dar varias condiciones, según explicó Turull en Barcelona. Entre ellas, la oficialidad del catalán en la UE: el dirigente recriminó al líder socialista que contactara con la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, para ayudar al nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta comunitaria, y en cambio no haya llamado "a ningún Estado" para que el catalán sea lengua oficial en la UE.

Respecto a la cuestión migratoria, Turull, informa EFE, insistió en que su partido no aceptará con que la Generalitat tenga "un papel": lo que reclama es una "gestión integral". "No queremos un acuerdo que, por prisas, nos acabe hipotecando y no sea una gestión integral. No queremos una formalidad, queremos una gestión integral", defendió. El Gobierno está dispuesto a que los Mossos estén presentes en puertos y aeropuertos, pero siempre que la gestión de la frontera siga recayendo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y los independentistas no negociarán unos nuevos Presupuestos "si no se acredita un cumplimiento de los actuales", en los que "las cifras no son esperanzadoras".

Los posconvergentes insisten en que para restaurar la "confianza" en Sánchez se tienen que dar condiciones como la oficialidad del catalán en la UE, la delegación de la inmigración o los Presupuestos

Para la Moncloa, las palabras de Turull son más un "juego de presiones", más que amenazas serias. Y añaden en el Ejecutivo que si hay cuestiones que no están saliendo como se preveía —léase la amnistía— no es por la inacción del Gobierno o porque no haya cumplido sus compromisos, sino porque hay otros actores por medio, como los tribunales.

El jueves se comprobará si el PSOE mantiene su posición de rechazo a la iniciativa de Junts o vira en el último momento. Pero si no hay cambios, Puigdemont puede tomar represalias. Y, con ellas, dar un giro más que relevante a este arranque político de 2025.