La vivienda es el principal motivo de inquietud para los ciudadanos, lo aseguraba en su barómetro de diciembre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y ha entrado de lleno en la agenda política de este arranque de 2025. Alberto Núñez Feijóo reunió a sus barones este pasado fin de semana en Asturias, y este lunes el presidente, Pedro Sánchez, vistió de largo un plan de 12 medidas para proporcionar "más vivienda, mejor regulación y más ayudas". Una alternativa "valiente, coherente, consistente", que "moviliza todos los recursos del Estado" y que tiene como enfoque la "intervención pública" del mercado, por contraste con el modelo "injusto y fallido" aplicado por el PP. Pero el despliegue de esa batería de propuestas no depende exclusivamente de la acción del Gobierno. Cinco de los siete anuncios, además de la reforma de la ley del suelo, necesitan del apoyo de la mayoría de investidura. Y la izquierda parlamentaria, de entrada, rechaza las iniciativas planteadas por el líder socialista, por quedarse "cortas", por ser insuficientes. El Ejecutivo "va de mal en peor" y "está jugando con fuego", sentenció con rotundidad la jefa de Podemos, Ione Belarra. PNV y Junts no se han pronunciado aún, pero su posición ya fue muy difícil de casar con la de los aliados progresistas hace dos meses cuando se debatió la reforma fiscal, y parte de las propuestas formalizadas por Sánchez ahora en vivienda tienen que ver, precisamente, con la cuestión tributaria.

Tanto Ferraz como el Ministerio de Vivienda avanzan que harán como "siempre", dialogar hasta el final. "Y al final sacamos los acuerdos", recuerdan en la cúpula socialista. Pero no será fácil. En absoluto. Para empezar, el PSOE tendrá que convencer a su socio de coalición, Sumar, que aunque celebra el "cambio de discurso" del partido de Sánchez, cree que hay que ir mucho más allá.

Cinco de las 12 medidas anunciadas por el presidente requieren de respaldo parlamentario, además de la reforma de la ley del suelo, ahora varada

La vivienda, además, no es una materia menor para la formación de Yolanda Díaz y para el resto de formaciones progresistas. Es una cuestión troncal. El presidente sabe que buena parte del camino de la legislatura depende del éxito de sus políticas en vivienda, porque las situó en el centro de su tercer mandato y porque tocan la fibra de su electorado. Y aunque el Ejecutivo "ha hecho mucho a lo largo de los últimos siete años", aún "queda mucho por hacer", subrayó, en un reconocimiento explícito de la sensación de que poco se ha avanzado en un terreno de suyo muy complicado, en buena medida porque parte de las competencias residen en las comunidades autónomas, 11 de ellas presididas por los populares (más las ciudades de Ceuta y Melilla) y una más, Canarias, cogobernada por ellos.

Fueron 12 las medidas anunciadas por Sánchez ante la mayoría de los ministros del ala socialista en la clausura del foro Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar. Ninguno de Sumar, por cierto. Las cuatro primeras sí pueden ser desplegadas sin complicaciones por el Ejecutivo: la puesta a disposición de la nueva empresa pública de vivienda de casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir "miles y miles de viviendas protegidas" destinadas a alquiler asequible; la incorporación a esa empresa pública de las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la SAREB (el banco malo), 13.000 de ellas de forma inmediata; el establecimiento de un mecanismo legal para que la empresa pública estatal tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelo, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga de manera indefinida su titularidad pública, y finalmente el lanzamiento de un nuevo PERTE (proyecto estratégico alimentado con fondos europeos) para impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular, que tendrá como objetivo la recuperación del tejido económico de la provincia de Valencia, arrasada por la DANA del pasado 29 de octubre.

No necesitan de negociación con los grupos la incorporación de 30.000 viviendas de la SAREB, el lanzamiento de un nuevo PERTE o el programa de rehabilitación de pisos

Tampoco requieren de tramitación parlamentaria el programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas, ni tampoco el endurecimiento de la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada y la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones. No necesita asimismo del Congreso la última de las medidas, la número 12, la articulación del nuevo plan estatal de vivienda, que se presentará próximamente y que entrará en vigor en 2026, y que supondrá mantener y aumentar los programas de ayuda.

Contactos para la modificación de la ley del suelo

Pero otras cinco propuestas claves sí necesitan de la aprobación de las Cortes. Una es la creación de un sistema de garantías públicas que "protegerán" tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Otra, la exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos dueños que arrienden su vivienda según el índice de precios de referencia, sin que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas —una manera de sortear el veto de las comunidades del PP a la ley de vivienda—. Tres más necesitan del respaldo parlamentario: la reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, como un negocio; el cambio del régimen de ventajas fiscales que tienen las socimis para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible y la limitación de la compra de casas por parte de los extranjeros extracomunitarios no residentes en España.

Requiere de tramitación el sistema de garantías para propietarios e inquilinos, la exención fiscal para los dueños que alquilen su piso al índice de referencia, el aumento de la tributación de los alojamientos turísticos o la limitación a la compra de los extracomunitarios que no viven en España

Hay una medida 13, también muy relevante, y que es imprescindible también para el Ejecutivo pero no es nueva: la reforma de la ley del suelo. El Consejo de Ministros la envió al Congreso con la oposición de Sumar y, por la falta de apoyos, el Gobierno la retiró. En septiembre, firmó el mismo texto con el PNV —aunque luego retiró su firma—, y desde entonces los contactos parlamentarios continúan, defienden en el equipo de Isabel Rodríguez, pero no han prosperado. La norma, de salir adelante, permitiría facilitar la reducción de burocracia, acelerar los procesos de construcción y ampliar la disponibilidad de suelo para la construcción privada, según recuerda el Ejecutivo.

Algunas de las propuestas sí han sido inspiradas por Sumar, como el tope a la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos de fuera de la UE y que no vivan en España o que los pisos turísticos paguen impuestos como una actividad económica, pero otras medidas son claramente planteadas por el ala socialista, como la exención del 100% del IRPF para los dueños que pongan sus viviendas en alquiler según el índice de referencia. Pero el socio minoritario de coalición, como expresó su portavoz, el ministro Ernest Urtasun, pidió ir "mucho más allá". Así, más que limitar, habría que "prohibir cualquier compra especulativa que no sea para vivienda destinada a uso residencial". También defiende Sumar que se sujete al control de precios los alquileres de temporada y turísticos y que se condicionen los fondos estatales a la aplicación de la ley de vivienda, una advertencia que hizo meses atrás la ministra Isabel Rodríguez pero de la que tuvo que retractarse poco después. El ministro señaló también que no hay que premiar a los que cumplan con el índice de referencia vía incentivos, sino penalizar fiscalmente a quien no lo hace, informa EFE.

Sumar aplaude el "cambio de discurso" del PSOE, pero pide ir "mucho más alla". Por ejemplo, reclama "prohibir cualquier compra especulativa que no sea para vivienda destinada a uso residencial"

Sumar, no obstante, aplaude el "cambio de discurso" del PSOE. Pero Podemos no observa ningún giro. Lo contrario, ve involución. "Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego", alegó en X Ione Belarra, líder de los morados.

Podemos insiste en las dos condiciones que puso al Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado: la bajada por ley de un 40% de los alquileres, la prohibición de la compra de vivienda que no tenga fines residenciales y la ilegalización de organizaciones como Desokupa. "La crisis habitacional en este país es insoportable, como también lo es la inacción del Gobierno", advirtió Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos y portavoz del partido.

Más allá de "anuncios efectistas y medidas vacías", lo que hace falta son medidas intervencionistas profundas como las que plantea el partido. "El Gobierno está jugando con fuego en materia de vivienda y se va a terminar quemando. La gente no soporta más esta situación", avisó el dirigente. Para los morados, las iniciativas de PSOE y PP no distan nada, ambos se dedican a "hacer caso a las grandes constructoras". Los de Belarra defienden que no hay problema de oferta de vivienda, porque hay 4 millones de pisos vacíos, así que la solución no es "continuar con el modelo especulador" que llevan "décadas" impulsando los dos grandes partidos. "Las soluciones del PSOE son exactamente las mismas que las que da el PP, pasan por favorecer a los de siempre, los grandes rentistas y los grandes especuladores", concluyó Fernández.

Podemos, muy duro, encuentra "anuncios efectistas y medidas vacías". "El Gobierno está jugando con fuego en materia de vivienda y se va a terminar quemando", indica su secretario de Organización

Misma opinión crítica de ERC. "El Gobierno debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá", escribió en X el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, en respuesta a un resumen de la intervención de Sánchez.

Las 12 medidas en vivienda anunciadas este lunes por el presidente del GobiernoDescarga

"Carácter cuasi electoral"

También se queda corto el plan para Bildu. "Limitar [la adquisición de casas a los extracomunitarios que no viven en España] no es suficiente, hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir. También a los fondos extranjeros que compran cientos de inmuebles para especular. Es simple y de sentido común. Las casas son para vivir, no para especular", apuntó en X el portavoz económico de la izquierda abertzale en el Congreso, Oskar Matute.

Los anuncios "llegan tarde y se quedan cortos", apunta el republicano Gabriel Rufián. Bildu advierte de que limitar la compra a los extranjeros que no vivan aquí "no es suficiente": "Las casas no son para especular"

PNV y Junts todavía no se han pronunciado acerca de la docena de medidas adelantadas por el presidente este lunes en Madrid. Pero muy probablemente su posición chocará con la de la izquierda parlamentaria, como ocurrió con la reforma fiscal, que el Gobierno sufrió para llegar a aprobar. Por ese motivo, algunas formaciones progresistas ven complicado que el programa llegue a buen puerto. "Yo le he visto un carácter cuasi electoral, para marcar paquete. Sacarlo será muy complicado", señalaba un diputado de uno de los partidos socios del Ejecutivo.

Los socialistas se aferran a que, aunque con mucho esfuerzo y extenuantes horas de negociación, las normas prosperan y superan el filtro parlamentario. "Nosotros dialogamos siempre, y al final sacamos los acuerdos. Son medidas muy positivas, y seguro que tendrán apoyos. El PP solo puso encima de la mesa medidas para dar pelotazos urbanísticos. Solo saben trabajar para cuatro, y hacerlos más ricos", señalaron a este diario fuentes de Ferraz.

Durante su intervención de clausura, el presidente buscó en todo momento confrontar el modelo del Ejecutivo con el del PP. Con el pasado, con la gestión de Mariano Rajoy en plena crisis financiera, tras el pinchazo de la burbuja: "No hubo una política pública. Se aplicó una política ideológica, una política neoliberal que tuvo unas nefastas consecuencias tanto desde el punto de vista social como económico y que España está aún pagando". Los populares, cuando estaban en el Gobierno, reprochó, se limitaron a "mirar hacia otro lado, desentenderse y desregular", y además entregaron viviendas públicas a manos de fondos buitre, abrieron "de par en par" las puertas a empresas de alquiler turístico como Airbnb, aprobaron las golden visa que "animaban a los millonarios extranjeros a especular con nuestras casas", y "dejaron a 600.000 familias desahuciadas, en la calle", en plena crisis.

Critica del PP que no tuviera una política pública de vivienda en sus años en la Moncloa. Lo que hizo fue "mirar hacia otro lado, desentenderse y desregular", "dejar que los especuladores hicieran negocio"

"Esa fue la política de vivienda del Partido Popular, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera y permitir que en nuestra sociedad se abrieran unas heridas que aún hoy supuran", criticó. Y "lo peor de todo" es que "visto lo visto", siguió, es que en el PP "no se arrepienten". Lo decía Sánchez por la panoplia de medidas anunciada por Feijóo y sus barones este fin de semana, y que tiene como compromiso estrella la bajada al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales, que depende de las comunidades autónomas.

"Quieren volver a esa política nefasta: la del pelotazo, la de la burbuja, la del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y luego que venga papá Estado y pague los platos rotos con los impuestos de la clase media y trabajadora, que es la principal víctima de esa burbuja inmobiliaria que otros inflaron", sentenció.

El jefe del Ejecutivo pone en valor las medidas aprobadas hasta ahora, pero reconoce que queda "mucho por hacer". Pero los anuncios pueden quedarse en eso, en anuncios, si no hay apoyos

Frente a ese modelo "injusto y fallido" del PP, su "ideología neoliberal, fracasada y fallida", la "alternativa valiente" del Ejecutivo progresista. La multiplicación "por ocho" del presupuesto estatal en vivienda en estos ocho años, las ayudas que han beneficiado a 1,5 millones de personas, el bono de alquiler de 250 euros mensuales al que se han acogido más de 66.000 jóvenes, los 3.000 millones de euros destinados a la rehabilitación o los 3.600 dedicados a combatir el sinhogarismo, la eliminación de las golden visa, el programa de 4.000 millones en financiación y avales ICO que permitirá la construcción de más de 20.000 viviendas, "la misma cantidad que las financiadas por el ICO en los últimos 35 años". Ahora, Sánchez promete dejarse "la piel" en la lucha por el acceso a la vivienda y está convencido de que su batería de iniciativas ayudará a resolver un problema acuciante. "Lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas", subrayó, como uno de los lemas de su intervención. Pero los anuncios, al menos parte de ellos, pueden quedarse en eso, en anuncios, si no hay apoyos parlamentarios.