El fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, que declarará como testigo este jueves en el Tribunal Supremo, ya explicó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que no tuvo nada que ver con la filtración de la información sobre la investigación abierta contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Él era el instructor de esas diligencias sobre un posible delito de Hacienda, pero, según relató, fue el primer afectado de que sus correos internos con el letrado de González Amador salieran en prensa. "Yo soy el primer perjudicado. Se ha filtrado mi denuncia y mi correo con nombre y apellidos. Yo no he filtrado ningún dato", relató el pasado 27 de junio.

Su declaración, a la que ha tenido acceso este medio de forma íntegra, coincide plenamente con la de su superior jerárquica Almudena Lastra, fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. Delante del magistrado del TSJM defiende que él actuó libremente sin que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o ningún otro jefe le diera instrucciones sobre cómo proceder contra González Amador, puesto que no sabía ni quién era. "La causa entra en Delitos Económicos el 2 de enero y a mí se me asigna el 3 de enero. Son una diligencias penales por el Impuesto de Sociedades del año 2020 y 2021. A mí en ningún momento se me comunica que González Amador puede estar vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid", relató.

No es hasta el 8 de marzo cuando le llama la secretaria de la fiscal jefe para preguntarle por el asunto de las mascarillas vinculado a González Amador. Él ya había enviado la denuncia de la Fiscalía a los juzgados así como una copia a la Agencia Tributaria. Unos días después el día 12 "por cortesía" también le remitió una copia de la denuncia al letrado del novio de Ayuso para que estuviera informado de que el asunto se había judicializado y le explicó que la posibilidad de un pacto que él había planteado un mes atrás estaba abierta.

El día 13 de marzo, mientras él está en un partido de Champions en el Estadio Metropolitano se desata la tormenta. "La primera llamada que recibo es de la fiscal Superior que me llama a las 21:26. No consigo oír la llamada. Me salta una alerta en el reloj, le devuelvo la llamada que dura 27 segundos en la que la fiscal me transmite que no es urgente, que quiere tener información de González Amador, que puede esperar a mañana y que mañana hablamos", contó.

Sin embargo, minutos más tarde recibió otras dos llamadas de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez (imputada en este asunto junto al fiscal general del Estado) en las que le urge a que envíe inmediatamente los correos de lo que ocurrió. "Me dice que tengo que buscar el modo de darle cuenta ahora. Yo me intento retirar a una parte del estadio a la zona de menos ruido y hablo con ella. La llamada son, creo que unos cuatro minutos aproximadamente. Yo le cuento cuál ha sido mi actuación. En principio me viene a decir que a qué nos hemos comprometido porque al parecer el artículo de prensa está mencionado que hemos ofrecido una conformidad al señor González Amador, dato que es incierto", explicó.

Esa exigencia de detalles, a él no le chirría porque, de acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal un superior jerárquico puede requerir información de cualquier procedimiento de trascendencia mediática. "A mí me parece una orden legal, que me cuente qué está pasando. Entonces, yo le cuento la misma cronología de los correos que les acabo de contar a ustedes", señaló. Según su relato, no podía negarse a entregar los emails porque hubiera incurrido en una falta grave.

Además, él dice que no entiende que el correo corporativo esté protegido por el mismo secreto que el privado y, por tanto, si no entregaba su correspondencia sus superiores podían haber accedido a ella. "Los correos profesionales no están afectados por el secreto de las actuaciones. Por el 20.3 del Estatuto del Trabajador. Si yo no hubiera dado esos correos a mi fiscal jefe cuando me los pide, podían haber acordado entrar en mi cuenta de correo electrónico", reflejó.

Cuando ya ha remitido la información, a Salto siguen pidiéndole una serie de mensajes de fechas que no existen. "Yo esos Whatsapp no los veo hasta las 23:35. Me vuelven a exigir una dación de cuenta porque al parecer le dan más credibilidad a una noticia que dice que hay un correo de 5 de marzo, que la dación de cuenta que he hecho yo", se lamentó. Cuando el asunto está aclarado y él regresa a su casa, las fiscales superiores jerárquicas a él le transmiten el agradecimiento del fiscal general y le dicen que su actuación es "impecable".

Salto explicó que nadie le informó de que sus emails iban a terminar en una nota de prensa. "Yo no he filtrado ningún dato ni de este procedimiento, ni de ningún otro en los 19 años que llevo ejerciendo de fiscal", reveló. "Las órdenes fluyen de arriba a abajo y no se comparte información con el inferior. A mí no me comparten absolutamente nada", remató.