Endurecimiento claro del discurso en la sede nacional de Vox de cara a la ya tardía negociación de presupuestos autonómicos con el PP en hasta seis comunidades autónomas. Si bien en la mayoría de feudos las relaciones entre populares y ultraconservadores se han ido deteriorado y se ha alejado la capacidad de consenso, desde Bambú defendían la excepcionalidad de la Comunidad Valenciana a raíz del desastre provocado por la DANA de finales de octubre. No obstante, ahora empieza a equipararse a la comunidad con el resto de criterios para la negociación en un periodo de bonanza electoral.

Fuentes nacionales de la formación, consultadas por El Independiente, apuntaba al cierre del año pasado que si Carlos Mazón hacía "las cosas bien", el respaldo de los trece diputados valencianos de Vox estaba garantizado, dotando de mayoría absoluta a las nuevas cuentas. Se hacía así una referencia explícita a cuestiones como el recorte de las subvenciones a sindicatos para ser destinados a la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas en la provincia de Valencia. Sin embargo, repreguntados ahora sobre el estado del diálogo con el PP, con los presupuestos de 2023 prorrogados a la espera de que se presenten unos nuevos adaptados a las circunstancias, fuentes de la dirección nacional condicionan ese apoyo a un compromiso firme contra las políticas de acogida como se exige al resto de barones del PP.

"Se puede tener especial consideración con otros temas", y ser más flexible, apuntan, para recortar más en lo prescindible por esta situación de urgencia. "Hay un montón de fondos públicos que pueden ir destinados a la reconstrucción". "Pero si no hay una rectificación en esas políticas migratorias, no hay acuerdo", trasladan ahora desde Vox. En el partido quieren un horizonte claro: que el PP acabe 'comprando' su política migratoria para un reencuentro autonómico tras romper los distintos consejos de Gobierno el pasado julio. Que, en definitiva, y bajo el criterio de Vox, "se cumpla la ley de Extranjería y se deporte a quien entre ilegalmente a España". "Feijóo dice que estas son posiciones maximalistas, pero actualmente no se aplica y no se echa a quien entra ilegalmente", rechazan en Vox.

Negociaciones estancadas

En noviembre, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ordenó a sus aparatos paralizar las conversaciones con el PP para sacar las nuevas cuentas, todo por el retorno del PP a la mesa de diálogo con el Gobierno sobre inmigración y hasta que hubiese un compromiso claro en contra de la ilegal y su promoción. Sin embargo, al menos en Extremadura y Baleares se siguieron dando negociaciones. Este lunes desde Bambú, el líder de Vox, Santiago Abascal, volvía a sugerir esa idea dando a entender que el diálogo sigue bloqueado. "Si no hay una rectificación expresa [en políticas lingüísticas, inmigración, memoria], no tiene sentido ponerse a negociar", dijo, sugiriendo que por ahora no se está tratando nada.

Con ese alegato, Abascal incluía veladamente a Valencia entre Aragón, Murcia, Extremadura, Baleares y Castilla y León; homogeneizaba las condiciones a todas esas regiones por igual. En el caso castellano y leonés, ya está más que confirmado la incapacidad de consenso por las malas relaciones entre Juan García Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco. Dan por descartado Baleares y también Extremadura pese a los guiños de María Guardiola habilitando la tramitación legislativa de la Ley de Concordia, por lo que quedaría Aragón y la Región de Murcia. Aunque, a diferencia de lo que se viene sosteniendo hasta el momento, se duda que ningún barón vaya a desoír las directrices nacionales. Más después de el encuentro popular de presidentes autonómicos del pasado fin de semana, donde, pese a estar enfocado en vivienda, se trató una actuación conjunta frente al reto de Vox.

Si no hay una rectificación expresa, no tiene sentido sentarse a negociar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió a Abascal este martes, desde un desayuno informativo en Madrid, en el que cargó contra la última propuesta de reforma judicial del Gobierno, para reformular las instrucciones judiciales con la limitación de las acusaciones populares y la prohibición de que ésta la puedan ejercer los partidos políticos. Afirmando que estas propuestas son "una extensión" de las cuentas "anteriores", que las han tenido como base, Feijóo entendió que "el PSOE está encantado" de que no se aprueben presupuestos. Y mandó un ultimátum: tendrá que elegir si quiere seguir manteniendo a Sánchez "encantado" o "acreditar los gobiernos de cambio que se han votado en las urnas". El argumento choca con lo que esgrimen en Vox: "las políticas de PSOE y PP no se diferencian".

El propio Feijóo puso en valor su posición mantenida hasta ahora en inmigración frente al Gobierno, que "no tiene política" al respecto, y reafirmó lo que entiende como posición de Estado, exigiendo control, pero sin entrar en las derivadas de Vox. "Eso nos ha costado seis gobiernos" regionales, dijo el gallego de las coaliciones rotas con Abascal que ahora tienen al PP en minoría. Esto deja muy alejado al PP de las demandas de Vox, y, por tanto, de un encuentro en materia presupuestaria. A los de Abascal tampoco les valdría "un gesto" puntual de los populares, como rechazar el reparto puntual sin reforma de la Ley de Extranjería que está estudiando el Gobierno, de cerca de 4.000 menores no acompañados a las comunidades que pretende ser obligatorio.

El impacto del impulso electoral

Hay varios elementos que han podido hacer a Vox cambiar de opinión en las últimas semanas. La importancia de las encuestas es uno de ellos, aunque en el partido afirman desconfiar de ellas, al estar orientadas a la "generación de opinión". El último Comité Ejecutivo Nacional (CEN) las analizó, al menos sondeos internos con los que contaría el partido. En las que son conocidas públicamente y distribuidas por distintas empresas demoscópicas, desde octubre, con las tiranteces con el PP los por presupuestos de por medio, han crecido de una media de los 12 puntos a más de 14, con picos que rozan el 15 en algunas mediciones y con hasta 45 escaños de margen.

En Valencia, en concreto, es donde mejor resultado tienen, lo que ligado a la preocupación que aprecian en la ciudadanía cada vez mayor por la inmigración ilegal, puede haber potenciado incluir ese mismo condicionante que en otros cinco territorios para dar apoyo a las cuentas. De sus trece diputados, a mediados de año Vox rozaba los 8-10. Tras la DANA experimenta en las encuestas elaboradas de noviembre a diciembre un salto a los 18-20 diputados. Con todo, el PP cree que conforme se avance la reconstrucción, la marca recuperará peso. Se califica que el ascenso ya "está en fase de retroceso".

Vox aprecia un interés mayor por la inmigración entre el votante del PP y el PSOE

En Vox determinan que la preocupación por la inmigración es del 80% en el caso de los votantes del PP y de algo menos de la mitad para los del PSOE, sin atribuir la fuente. Por lo que, insistir en ella mientras sigue sin solucionarse el problema migratorio, puede traer beneficios electorales como ha supuesto para sus aliados europeos. Uno de los estudios más cercanos es de 40dB para el Grupo Prisa en octubre, donde la preocupación es del 73% para los votantes de Vox, del 46% para los del PP, del 29% para los del PSOE y 24% en el caso de Sumar. La media es del 40% de la población con una muestra de 2.000 entrevistas realizadas y un 5% de margen de error.

Con 40 de los 50 escaños que requieren la mayoría en Las Cortes, si el PSPV-PSOE no se abstiene, ya con Compromís situado en el rechazo de las nuevas cuentas, Mazón requerirá los diputados autonómicos de Vox si quiere ver materializado el proyecto. Tanto Valencia como el resto de las cinco regiones donde le PP depende de Vox, se mira a Sevilla como ideal de pacto: Vox ha conseguido una oficina de apoyo a la natalidad, otra de asesoramiento para vivienda y okupación, y más policía local. No hay ni rastro de cuestiones sobre inmigración, aunque la oposición denuncia que con las enmiendas admitidas de Vox por el PP para el recorte de partidas a sindicatos, se afecta a la acogida de migrantes.