El Ministerio de Defensa acaba de adjudicar la asistencia sanitaria de los soldados y oficiales para los próximos dos años. El contrato se lo han llevado Asisa y Adeslas por valor de unos 1.200 millones de euros. La primera de las empresas es la única que se mantiene a la espera de pujar por la mutualidad de Muface, la cobertura sanitaria de los funcionarios. La segunda ha renunciado a ello.

En el caso de los ejércitos, la negociación ha sido más fácil que con el Gobierno central. La licitación se anunció el 15 de octubre en el portal de contratación, y este martes estaba resuelta, según ha podido consultar El Independiente. Solo la Asociación Unión Médica Profesional (UNIPROMEL) presentó un recurso, pero este no fue admitido por falta de legitimación.

Defensa articula la asistencia sanitaria a los militares a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). A través de él se gestiona la seguridad social de los efectivos de los tres ejércitos. Sin embargo, como se recoge en la memoria justificativa, "no dispone de medios propios para facilitar directamente" las necesidades de salud. Desde su creación esto se hace a través de aseguradoras.

En un reciente documento, el Ministerio que dirige Margarita Robles reveló que, a 31 de diciembre del año pasado, los efectivos de las Fuerzas Armadas cuentan con 129.128 efectivos. Por escalafón, hay 77.307 en tropa y marinería, 26.289 suboficiales y 25.532 oficiales, aunque ISFAS cuenta con unas 560.000 personas adscritas. A todos ellos va dirigida el acuerdo que Defensa ha alcanzado con las aseguradoras por 1.200 millones.

Otros ministerios también han contado con Adeslas para sus trabajadores. Como publicó El Independiente este miércoles, Justicia ha contratado a la compañía, junto con Asisa y Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico para sus funcionarios. El contrato asciende a 175 millones de euros.

Muface sigue en el limbo

En el otro lado de la moneda, el Gobierno sigue sin resolver la papeleta de Muface. La primera licitación se publicó el 8 de octubre, casi al mismo tiempo que las del ISFAS, pero el resultado está lejos de ser el mismo. El pasado viernes, el ministro de Función Pública, Óscar López, prorrogó el plazo para presentar ofertas, después de que ninguna aseguradora quisiese optar al contrato.

La primera oferta del Consejo de Ministros era de 2.681 millones de euros para 2025 y 2026. Las aseguradoras mostraron su total rechazo, dejando el concurso desierto. Tras varias negociaciones, el Ejecutivo subió hasta los 4.500 millones de euros, algo insuficiente para la mayoría. Sólo Asisa se ha mantenido en la pugna, al contrario que DKV y Adeslas. Esta última, sin embargo, sí ha optado por el contrato de Defensa para el personal militar.

El problema es que el Gobierno no creen que Asisa pueda absorber todo el paquete de Muface por el volumen de mutualistas. A Adeslas y DKV las cuentas por ahora no les salen. Mientras que el primero estima unas pérdidas en estos tres años de 250 millones de euros, el segundo eleva el potencial agujero en su balance a una cifra de entre 70 y 100 millones de euros. Para evitar estas pérdidas, Adeslas reclamaba una mejora de la oferta del 47% en dos años. DKV, por su parte, pedía una mejora algo menor, del 40%, pero a cambio reclamaba que la licitación solo tuviera un año de vigencia y después se volviera a negociar. 

La fecha límite ahora está en el próximo 27 de enero. Si para entonces ninguna aseguradora se presenta al concurso, el Gobierno tendrá dos opciones: o volver a discutir en Consejo de Ministros sobre la posibilidad de mejorar aún más su oferta o dejar caer Muface definitivamente, como informó David Vázquez en este periódico.