Fueron cinco los años de demora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un acuerdo que no llegó hasta julio del año pasado y en muy buena medida gracias a la mediación de la Comisión Europea, que solicitó el PP. El principal caballo de batalla que planteó Alberto Núñez Feijóo en aquella negociación fue el de cambiar a futuro el sistema de elección de los miembros del Consejo, dentro de un plan más ambicioso de independencia de la Justicia. Se trataba, entre otros aspectos, que fuera el propio CGPJ el que, en el plazo de seis meses, propusiera un modelo alternativo que pasara porque los jueces eligieran a sus 12 representantes y las Cámaras a los juristas de reconocido prestigio.

El plazo temporal de seis meses quedó plasmado en la proposición de ley que presentaron conjuntamente PP y PSOE, publicada en el BOE el 2 de agosto del año pasado. "En el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados (...) que garantice su independencia".

Propuesta trasladada al Gobierno y a las Cámaras

Dicha propuesta "será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación", agrega la disposición adicional de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

Y esos seis meses se han cumplido o están a punto de cumplirse, -depende de si se tiene en cuenta o no el mes de agosto- y el nuevo Consejo no ha dado señales de vida respecto a si está avanzando en el tema y tiene ya una propuesta más o menos diseñada que también debería contribuir a evitar situaciones de bloqueo institucional como la del último lustro. ¿Y qué dicen desde el Partido Popular? Pues asumen que, aunque les gustaría que la propuesta de reforma se hiciera "cuanto antes", matizan que aún "quedan cinco años para la próxima renovación y hay ahora mismo vacantes más importantes que cubrir".

No están "preocupados en exceso"

En este sentido declaran no estar "preocupados en exceso" por la más que previsible demora, aunque tenga mucho de enmienda a la batalla que enarbolaron frente al Gobierno. El PP, aducen, cumplió con su tarea legislativa, esto es, "dar un marco legislativo" a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. A partir de ahí "los tiempos los manejan ellos", sin injerencias del Ejecutivo o de los partidos porque de eso se trataba "la despolitización de la justicia" y su plan para la calidad democrática. "No tenemos competencia para decirles lo que tienen que hacer. Es cosa de ellos". Incluso apuntan a que, a pesar de que fue el PP el que insistió en incorporar el plazo temporal de seis meses, "importa más acertar que hacerlo rápido".

El Consejo se enfrenta ahora mismo a una tarea no menor, esto es, renovar las presidencias del Tribunal Supremo, la de la Audiencia Nacional y algunos tribunales superiores de justicia, entre ellas la Sala Segunda del TS, y, tal y como adelantaba este medio, va a ser "más difícil" que la del Consejo, que finalmente recayó en Isabel Perelló. Asimismo, la comisión que debía estudiar el nuevo modelo de elección del CGPJ no avanza debido a la existencia de discrepancias internas.

Un pacto in extremis

El pacto ente el Gobierno y el PP fue sólo posible una vez que entró en la negociación la Comisión Europea, primero a través del que fuera entonces comisario de Justicia, Didier Reynders, y más tarde la responsable de Valores y Transparencia, Věra Jourová. No han sido pocas las veces que los populares han denunciado ante la Unión lo que han calificado de ataques de Sánchez al estado de derecho, implicando en esa batalla al Grupo Popular del Parlamento Europeo, en general, y al presidente del PPE, Manfred Weber, en particular. Lo hicieron con la ley de amnistía y afilan sus cuchillos para hacer lo propio con lo que denominan la "ley Begoña", esto es, la pretensión del Gobierno de eliminar la acusación popular de los procesos penales para desactivar las causas que se siguen en dos juzgados contra Begoña Gómez y David Sánchez, entre otras medidas de profundo calado.

Precisamente, este viernes y sábado, Núñez Feijóo explicará las líneas generales de la inopinada propuesta de Moncloa -calificada por algunos juristas como José Antonio Martín Pallín, de "bodrio"- a los líderes de los partidos hermanos europeos y jefes de Estado y de gobierno del PPE. Celebran cumbre en Berlín, con el telón de fondo de las elecciones alemanas del 23 de febrero, para apoyar al candidato de la CDU, Friedrich Merz, que aspira a desalojar a los socialistas para ser el próximo canciller.

"Desmontar" a Sánchez

Los populares llevan tiempo intentado 'desmontar' la figura de Pedro Sánchez en Europa, donde ha llegado a tener una gran proyección. Se trata de que "lo conozcan, de que sepan" cuáles son sus intenciones en materia de Justicia, asunto sobre el que ya nos ha tirado de la orejas en varias ocasiones el informe sobre la situación del Estado de derecho en la Unión, entre otras cosas por la tardanza en renovar el CGPJ y la recomendación para buscar otro sistema de elección de sus miembros.