La propuesta socialista para imposibilitar la acción popular en los procesos penales y, con ello, cerrar las instrucciones en curso contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del presidente del Gobierno, tiene un alcance mucho más amplio que acabaría afectando, por ejemplo, a los casos de violencia de género. Ayer lo denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puesto que la comunidad está personada ahora mismo en 28 casos y lo ha estado en más de 70 que afectan a la violencia machista. "¿Alguien ha reparado en todo esto, en el daño que causa?", se preguntó la baronesa popular durante una comparecencia pública en la que criticó duramente la "ley Begoña".

En las antípodas ideológicas está Podemos, formación que también ha alertado del riesgo de excluir a las administraciones públicas de su facultad de ejercer la acción popular en los casos de violencia contra la mujer. Muchos de ellos podrían seguir adelante en los juzgados con las acusaciones particulares y de la Fiscalía, pero la personación de la administración lanzaba el mensaje claro respecto a la implicación de los poderes públicos en la lucha contra esta lacra.

El PSOE amplía casi hasta el infinito el listado de aquellos que no pueden ejercer este derecho constitucional

La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo impide ejercer la acción popular a las personas que no gozan de la plenitud de los derechos civiles; a los dos veces condenados "por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas" y al juez o magistrado de la causa. Pero el Gobierno socialista amplía casi hasta el infinito el listado de aquellos que no pueden ejercer este derecho reconocido en la Constitución.

De prosperar la propuesta de Moncloa, -vehiculada a través de una proposición de ley que elude, por tanto, los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el CGPJ-, no podrían ejercer tampoco la acción popular los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales; los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, a pesar de que han sido muchas las veces en las que el PSOE se ha personado en casos que afectaban al PP y las personas jurídicas o entes públicos de cualquier clase, en particular el Gobierno, la Administración General del Estado, los gobiernos de las comunidades autónomas y los de las entidades locales.

Tampoco el Parlamento y las asambleas de las comunidades autónomas; el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y los demás órganos de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y los organismos y entidades que integran el sector público institucional. Y como colofón, aquellos que no quedan vetados y pretendan ejercer la acción popular "deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente", que bien puede ser personal, social o profesional y acreditado ante la autoridad judicial.

Muerte, lesión grave o mutilación genital

Madrid ejerce la acción popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital, desde enero de 2016, que viene avalada por la Ley integral contra la violencia de género de la comunidad. No es el único gobierno autonómico que regula su personación en los procesos judiciales por violencia machista. Otros territorios son, por ejemplo, Aragón, Valencia o Castilla-La Mancha.

En el caso madrileño también se contempla la personación de la administración autonómica en los procesos judiciales por actos de terrorismo, aunque con el nuevo listado de delitos que plantea el PSOE en su reforma, tampoco sería posible actuar como acusación popular, dado que excluye este particular. Lo más parecido es en el "enaltecimiento y justificación del terrorismo".

La Mesa del Congreso calificará hoy la proposición de ley socialista

Precisamente, la Mesa del Congreso calificará hoy la proposición de ley socialista, de "garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", que así se denomina el texto de marras. Una propuesta que ha sido duramente descalificada incluso por magistrados claramente alineados a la izquierda, como es el caso José Antonio Martín Pallín. En una entrevista el pasado martes en La noche en 24 horas de TVE, afirmó tajante que la pretendida reforma de la acusación popular -figura que arranca de la constitución de 1812, recordó- es un "bodrio". Partidario de "retocarla", agregó que "es un auténtico desastre. Yo no sé quiénes les han asesorado para redactarla, lo que se ha presentado es un auténtico bodrio jurídico".

Incluso el socio de Gobierno del PSOE, Sumar, ha rechazado limitar la acusación popular. Si bien en principio su objeción principal fue que el texto se quedaba corto por no eliminar el delito de injurias a la Corona y a otras altas instituciones del Estado, ayer confesó no compartir acabar de facto "con un instrumento fundamental en democracia". "No estamos de acuerdo en limitar la acción popular", dijo en la Sexta para dejar la pelota en el tejado de los socialistas, que muy difícilmente van a poder sacar adelante este texto en el Congreso de los Diputados a tenor de todas las críticas que ha recibido de distintos partidos del arco parlamentario.