El espacio aglomerado en torno a la figura política de Yolanda Díaz en el Gobierno, Sumar, se resiste a ver en peligro la legislatura y la coalición por la parte que corresponde a Carles Puigdemont, y mira con más preocupación a sus aliados del PSOE. No preocupa tanto las amenazas del líder de Junts, del que saben que "se siente fuerte" por su condición decisiva para otorgar o retirar la mayoría absoluta a las fuerzas progresistas del Congreso de los Diputados, sino que temen que la falta de iniciativa de los socialistas impida desplegar una agenda social contundente que "permita revalidar" el Gobierno de Pedro Sánchez. "Sin importar el reparto de escaños", apreció la propia Díaz este viernes.

Lo hizo desde la Fundación Ortega-Marañón, donde antes de desarrollar un acto en conjunto, reunió tanto a ministros como a los líderes de cada una de las formaciones que componen la confluencia magenta: junto al Movimiento Sumar, estuvieron presentes IU, Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís, Verdes Equo y Chunta Aragonesista. Allí, junto a Antonio Maíllo y Aina Vidal, entre otros, dio un ultimátum a Sánchez: o hay medidas sociales ambiciosas, o la "desafección" se convertirá en un impulso de la ultraderecha.

Fuentes del partido, allí presentes, rebajaron la tensión que por la mañana el recién designado dirigente de Junts, Puigdemont, había impuesto horas antes al comunicar que suspendía las negociaciones de Presupuestos con el Gobierno e instaba al PSOE a reunirse urgentemente en Ginebra (Suiza) [la suspensión afecta también a todo aquello que vaya a pleno, pero no a lo sectorial]. Ello advirtiendo que el riesgo de "ruptura" es real, al no darse trámite aún a la proposición no de ley en la que los posconvergentes demandan una cuestión de confianza a Sánchez sin atender que esa competencia solo depende del propio presidente del Gobierno, a diferencia de la moción de censura.

Para Sumar esa amenaza de "ruptura" no está tan clara después de una semana en que, en apariencia, los posconvergentes parecían orientarse hacia ella. La misma idea ronda dentro del Gobierno y es compartida con los socialistas. Los magentas matizan que la suspensión de conversaciones no implica una quiebra, sino la necesidad de apostar por el diálogo. A juicio de los magentas, a lo largo de esta semana se ha dado un proceso de "desdramatización", de partir de posiciones muy antagonistas hasta apostar de nuevo por el encuentro. El paso del PSOE de la intención de tumbar la PNL de Junts en la Mesa del Congreso a ubicarse en el aplazamiento para ganar tiempo con Puigdemont creen que es el mejor ejemplo. "Se ha recogido cable" por ambas partes, se explica.

Las fuentes consultadas de Sumar resaltan que Puigdemont, en búsqueda de reconocimiento como interlocutor válido está jugando la baza de la "escenificación". "Sabe que el Gobierno depende de él" para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que lo utiliza para presionar de acuerdo a sus intereses y demandas atrasadas. Entre ellas, destaca por ejemplo la carpeta de inmigración, a cuyo traspaso de competencias se comprometió el Ejecutivo hace más de un año, en enero de 2024, a cambio de salvar varios decretos. Pese a ese aviso del presidente de Junts, los magentas no aprecian cambios sustanciales en que esto complique más de lo que estaba la legislatura. Creen que Puigdemont no ha sido tan duro como se podía prever y esperan que el PSOE sea receptivo.

Para sectores de Sumar, como publicó recientemente El Independiente, una de las soluciones a este choque entre PSOE y Junts es que tanto Puigdemont como Sánchez se sienten juntos en un encuentro. Que la 'foto' ayude a desencallar la situación y a reconducir ese diálogo. En el PSOE, la posición no es desfavorable a esa escenificación, pero creen que debe ser una vez haya acuerdo de Presupuestos. Los posconvergentes no le dan, en cambio, tanta importancia a ese encuentro.

Inmigración, lengua, ejecuciones presupuestarias pendientes

Los Presupuestos son de por sí una de las carpetas, donde Junts exige compensar la falta de inversiones acordadas en los anteriores presupuestos como una parte de la condonación de la deuda en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El diálogo sigue abierto en lo sectorial, en cuanto ámbitos como las competencias de inmigración, que es la gran prioridad. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska afirmó este viernes que se está avanzando. Junts quiere que Cataluña, en virtud de la capacidad constitucional de ceder a las autonomías competencias, decidir sobre la resolución de permisos de residencia, la reagrupación de familias, las órdenes de expulsión, que el catalán sea indispensable allí para la concesión de la nacionalidad y el control de fronteras.

Éste último aspecto es de carácter competencial únicamente del Estado, lo que dificulta las negociaciones. Sobre todo en un momento en el que los posconvergentes compiten con Aliança Catalana en ese flanco y desde Moncloa se insta a reformar la ley de Extranjería para forzar repartos de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla. De hecho, el Gobierno requiere del apoyo de Junts para ello, algo que se aleja de las posibilidades en estos momentos, también con el PP escorado en el no si no se atiende a su Plan Canarias. Se pide que el Estado asuma las acogidas. A esa carpeta se une la de la lengua, también activa a diferencia de los PGE. Se insta a fomentar que el catalán, a parte de su uso en las instituciones europeas, sea reconocido como oficial en la UE. Es una exigencia complicada, ya que corrientes políticas de otros países pueden pedir lo propio si se crea precedente, aunque el Ejecutivo no se cierra del todo.

El escudo social, en el aire

Si bien la posición de socialistas y de el espacio a su izquierda es que Puigdemont y los suyos vuelven a ir de farol, es una probabilidad que de cara al primer pleno parlamentario extraordinario de este 2025 Junts haga naufragar una de las votaciones importantes. El próximo 22 de enero el pleno se reunirá para la convalidación de tres reales decretos impulsados en Consejo de Ministros 30 días antes. El relacionado con la prórroga del impuesto energético decaerá, como se espera desde el principio al fracasar el diálogo con el PNV y Junts.

Otro, el de reforma de las pensiones, saldrá adelante sin la necesidad de los socios, dado que el PP, pese a no compartir el procedimiento, sí está alineado con el contenido. Entre otros: incrementar los incentivos para retrasar la edad de jubilación, compatibilizándolo con la jubilación activa; o el establecimiento de un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos con alta toxicidad, peligrosidad o insalubridad.

La clave está en el decreto que aplaza seis meses más las medidas del escudo social. En principio, todos los socios se inclinarán a favor de la convalidación del decreto, que entre otros prorroga las bonificaciones del transporte público. La suma da al Gobierno 175 escaños. Si el PP, que aún no ha despejado su posición de voto, se alinea en la negativa, PSOE y Sumar requerirán del sí o la abstención de los de Puigdemont. Se exige mayoría simple, y habría 171 escaños en contra en ese caso. 178 si Junts se alinea con Feijóo para dar un toque de atención.

Los posconvergentes, en este momento, están en disposición de torpedear cuestiones con las que el Gobierno quiera salvar los muebles puntualmente, pero hay compromiso con no dejar caer ninguna votación que vaya en contra de los intereses de Cataluña. Sumar, en un plano secundario respecto a la implicación directa del PSOE, se reivindica como elemento necesario esta semana para rebajar las tensiones; como elemento pacificador.