De momento, los populares han decidido no dar más pasos en torno a la proposición de ley socialista destinada, entre otros aspectos de calado, a eliminar en la práctica la acusación popular en los procesos penales, lo que supondría el archivo de los casos que se siguen contra Begoña Gómez y David Sánchez y, sin duda, aliviaría la situación de Carles Puigdemont. La propuesta ha sido recibida con críticas por parte de los socios de Pedro Sánchez, que no ven con buenos ojos derogar de facto un mecanismo de acusación recogido en la Constitución y que impediría, por ejemplo, que las Comunidades autónomas se personaran en los casos de violencia de género.

Pero no sólo, porque en mayor o menor medida casi todos los partidos u organizaciones próximos a ellos, han ejercido la acción popular en casos de corrupción que han afectado a sus adversarios políticos, tal y como ha hecho el propio partido proponente, esto es, el PSOE. Lo hizo en la Gürtel, en la Púnica y en el 'caso Kitchen', de supuesta utilización de instrumentos del Estado para eliminar información que pudiera manejar el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Pero no hay que irse tan lejos, pues están personados en el caso que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el 'caso Koldo' y en el de hidrocarburos.

Rechazo de los socios

Sumar, por boca de su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera la acción popular "un instrumento fundamental del Estado" y Podemos, que cree que la propuesta se queda corta por no incluir, por ejemplo, la derogación del delito de injurias contra la Corona y las altas instituciones del Estado, también ha alertado respecto a la acción popular en casos como el antes citado de violencia machista. PNV critica el carácter retroactivo de la misma, dado que afectaría a las causas en curso, y Junts hasta anunció una enmienda a la totalidad. Por ello los populares se muestran cautos, partidarios de "no adelantar acontecimientos", afirman fuentes de Génova a El Independiente.

"Vamos a ver cómo evoluciona el texto puesto que tendrá enmiendas de todo tipo", una vez que la mesa del Congreso le dio trámite en su reunión de la semana pasada con la mayoría que conforma PSOE y Sumar. Pero de ahí a que el texto no se vea sometido a cambios profundos es mucho decir. La pretendida medida ha generado críticas también de magistrados y jueces alineados a la izquierda -"es un bodrio", dijo José Antonio Martín Pallín- y por buena parte del entorno mediático más o menos próximo al Gobierno. Por ello, desde el PP creen que "no debemos anticipar acontecimientos", sin descartar que la ley descarrile, antes de anunciar cualquier iniciativa como llenar las calles de nuevo o llevarla ante un TC hacia el que no albergan mucha confianza.

Feijóo alertó a sus socios que Sánchez "pretende cerrar causas abiertas contra su esposa y hermano"

En todo caso, esa cautela de la que hablan no impidió que el pasado fin de semana el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara ante sus socios del Partido Popular Europeo las líneas generales de la propuesta socialista, diseñada ad hoc para beneficiar a la esposa y hermano del jefe del Ejecutivo. No fue en busca "de ninguna acción concreta" pues los socios comunitarios, admiten, "no estén en el detalle" ni de la propuesta ni del día a día judicial, pero era necesario, a juicio del primer partido de la oposición, trasladar el mensaje de que "se pretende cerrar causas abiertas y en curso de proceso penales que afectan a la familia del jefe del Ejecutivo".

Y a la espera de ver cómo pasa, si es que lo pasa, el trámite del Congreso de los Diputados, su salto al Senado no va a resultar un paseo triunfal. Con mayoría absoluta del PP tanto en el Mesa como en el pleno, se explorarán todas las vías posibles para desacreditarla. Cegada la posibilidad de llevarla al Consejo de Estado, órgano consultivo por el que el texto debiera pasar si se hubiera tramitado como un proyecto de ley, -dado que al mismo sólo puede acudir el Gobierno central y los presidentes autonómicos en la elaboración de sus propias leyes-, está la baza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los letrados de la Cámara Alta.

El Senado ya pidió un informe al CGPJ sobre la ley de amnistía

Así se hizo con la ley de Amnistía, que emitió un informe demoledor por entender, entre otras cosas, que el texto con la que se pretendía blanquear los delitos cometidos por el independentismo catalán en 2017 vulneraban la división de poderes y el principio de igualdad, además de expresar serias dudas sobre su constitucionalidad. Claro que, entonces, las mayorías en el órgano de gobierno de los jueces eran otras pues no se había procedido a la renovación del CGPJ, aunque en este caso, la propuesta socialista ha recibido críticas bastante generalizadas al margen de que se comparta la tesis sobre la existencia de una operación de acoso judicial contra el entorno del presidente del Gobierno.

Desde el Senado también se interpeló entonces al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para que emitiera informe sobre la amnistía, pretensión a la que se negó por entender que no entraba entre sus cometidos. No es esa una vía que vuelvan a intentar ahora porque suficiente tiene el fiscal con todo lo que rodea a su investigación por revelación de secretos, a lo que no ha ayudado el borrado de sus mensajes ni el cambio del terminal telefónico. También el Gobierno tiene un objetivo a más corto plazo, esto es, sacar adelante al menos dos de los tres decretos que este miércoles pasan por la Cámara Baja, dando por rechazado el del impuesto eléctrico.