El Consejo de Estado ha emitido un dictamen para aclarar que, con la legislación vigente, el personal del Ejército español que obtenga un puesto civil en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no necesita una autorización previa del Ministerio de Defensa para ocuparlo. Además, en el escrito fechado el 18 de diciembre, avisan que la Administración no podrá negar a los soldados que accedan a un cargo de esta naturaleza el pase a la situación administrativa de servicios especiales, lo que les evita, de facto, tener que solicitar una excedencia.

El dictamen de la institución, presidida por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, se publicó una semana después de que la Audiencia Nacional fallara a favor de un sargento primero del Ejército del Aire y del Espacio, quien había recurrido una resolución del Ministerio encabezado por Margarita Robles que le denegaba el pase a servicios especiales para ocupar un puesto en la OTAN que había solicitado en mayo de 2023.

En su resolución, el Consejo aclara que la situación de servicios especiales analizada se refiere para los puestos civiles dentro de la OTAN (al margen de que puedan ser ocupados por militares), que no están relacionados con los cargos relacionados con la seguridad y defensa de la Alianza, como pueden ser los miembros del Comité Militar o los de la estructura del mando militar.

En la sentencia, consultada por este periódico, los magistrados de la Audiencia avalaron la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 que condenaba a la Administración a concederle dicha situación para el puesto que ocupaba en la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN desde la fecha en la que fue denegada su solicitud, así como dejar sin efecto la situación de excedencia voluntaria en la que se encontraba desde entonces. También les obligaba a pagar las costas causadas en esta instancia.

Negación sistemática

En Defensa, según señalan desde el gabinete jurídico Suárez-Valdés, que ha llevado el caso del sargento, han tratado en los últimos meses de negar "de forma sistemática" la posibilidad de que los militares españoles puedan ser seleccionados para trabajar en la OTAN cuando el Ministerio no dé un permiso específico para ello. Explican que Robles pretendía acometer una modificación legal para conseguirlo, situación que llevó a 17 de ellos "a poner pie en pared" e impugnar ante el Consejo de Estado la reforma que pretendían llevar a cabo.

No obstante, aunque les da la razón, el Consejo destaca en su resolución que, con esta legislación, la Administración militar no puede negar el pase a la situación de servicios especiales a los militares que accedan a puestos OTAN, aún cuando ocupen "puestos críticos" dentro de las Fuerzas Armadas. Indican que esta situación podría comprometer el interés de la defensa nacional y el cumplimiento de los compromisos militares adquiridos, e instan a que se estudie una reforma legal.