El pendrive con la prueba del presunto borrado del audio de la declaración de un menor en un procedimiento para resolver sobre su custodia, y que derivó en la imputación del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, se encuentra desaparecida.

A finales del octubre pasado, el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid pidió a la Guardia Civil, ante la que se denunciaron estos hechos, que entregase dicho pendrive.

Lo hizo después de que la juez Susana Trujillo hubiese tenido que suspender a primeros de ese mes la declaración del imputado cuando éste fue citado a comparecer por estos hechos, según informa EFE.

La Abogacía del Estado, que le representa, manifestó en esa comparecencia que no había tenido acceso a la copia de la grabación sobre la que gira el procedimiento y alegó por ello indefensión, por lo que la juez optó por suspender la declaración y pedir dicha prueba para poder interrogarle.

Días después de que la juez la reclamase a la Guardia Civil, la Comandancia de Madrid informó de que agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial Equipo Mujer y Menor (EMUME) depositaron ese pendrive el 2 de noviembre de 2023 en la Oficina del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla y recibieron acuse de recibo de Lexnet, cuya copia adjuntaron a la respuesta a la petición de Trujillo, escritos todos ellos a los que ha tenido acceso EFE.

Ante esta respuesta de la Guardia Civil, el Juzgado se dirigió en diciembre al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla y reclamó el pendrive a través de una diligencia de reposición.

La respuesta del Decanato fue: "procedida a la búsqueda esta da resultado negativo", y añadió que en su día todo lo relativo a este caso se dejó "en el casillero del Juzgado nº7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto".

Según el Decanato, tampoco "consta que el elemento descrito fuera adjuntado, ni consta el pendrive descrito en el oficio en esta oficina, teniendo en cuenta, además, que desde la fecha del escrito y del oficio interesándose por el pendrive, ha transcurrido más de un año".

Con estas respuestas, el 17 de diciembre la juez emitió una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a las partes que "el pendrive que contenía grabación no aparece" y les da un plazo de díez días para que manifiesten "lo que estimen conveniente".

Por el momento, Manos Limpias, personada en este proceso como acusación popular, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por incumplimiento del deber de custodia de las pruebas, según han informado a EFE fuentes del caso.

Aitor Cubo fue citado como imputado en relación al presunto borrado del audio de la declaración de un menor en un procedimiento sobre su custodia que se estaba tramitando en los juzgados de Valladolid, tras fracasar el intento de la Fiscalía de que se le llamase como testigo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la imputación de Cubo al rechazar el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la juez de citarle como investigado tras ser admitida una denuncia del padre del menor.

Los hechos denunciados, según el auto de la juez, consisten en que al solicitar el padre la grabación de exploración a su hijo menor, realizada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, “comprobó que dicha grabación carecía de calidad suficiente, volviendo a solicitar la grabación para que fuera audible”.

El Centro de Atención al Usuario de Justicia (CAU) contestó que no era posible recuperar la grabación y el padre del menor encargó entonces un informe pericial al Laboratorio de Informática Forense Europeo, que concluyó que se había introducido “un ruido rosa cuya presencia natural en el entorno era nula”.

Con ese informe puso una denuncia en la Guardia Civil contra la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, al ser la responsable de custodiar las grabaciones de audio y vídeo en las vistas de los Juzgados.

La competencia territorial correspondió a los juzgados de Madrid por estar en ese partido judicial la sede de Transformación Digital, donde se encuentran físicamente instalados los servidores que contenían dicha grabación y "donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor”, según la denuncia del padre.