Duro revés para el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar este inicio de ciclo de sesiones parlamentario. Este miércoles, la mayoría alternativa de PP, Vox y Junts [177 votos frente a 171] logró tumbar los tres reales decretos leyes aprobados en diciembre y que tenían que ser sometidos a convalidación en la Cámara Baja —en el plazo de un mes— para seguir vigentes. Uno de los más destacados fue un nuevo paquete ómnibus [designado así por incluir numerosas medidas dispares entre sí], que más allá de aplazar la subida en pensiones o las bonificaciones al transporte público nacional, autonómico y local, incluía otras muchas medidas económicas y de protección social. En definitiva, el escudo social consiste en ello, y viene prorrogándose desde abril de 2022 en consecuencia a la guerra de Ucrania.

Este miércoles, algo en lo que se ha insistido también este jueves, Junts trasladó al Gobierno que si desea prolongar las bonificaciones a la movilidad pública o la revalorización de las pensiones en un 2,8%, contará con su apoyo si el próximo martes en Consejo de Ministros aprueba dos nuevos decretos exclusivos a esas materias e independientes entre sí, sin más contenido. Eso permitiría prolongar sin problemas ambas materias.

En el pleno que tumbó los tres decretos, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, reafirmando que su formación no atienda a presiones o "chantajes", reprochó a los socialistas no haber negociado ninguna de las medidas introducidas en los textos. "Estas 140 páginas incluyen 80 medidas que no se han debatido. Además forman parte de su programa electoral español, señores del PSOE. No forman parte de nuestro programa electoral para Cataluña", aseguró Nogueras. Esta tarde el líder de Junts, Carles Puigdemont, presionó al Gobierno a decretar ambas propuestas. "Han pasado 24 horas desde que no consiguieron aprobarlo. No han convocado un consejo extraordinario [de ministros]. ¿Por qué? Porque los jubilados y los usuarios [de transporte] les importan un rábano", afirmó.

Desde el PP, el compromiso con esas dos medidas en transporte y pensiones no pasa ya por el decreto, sino por una iniciativa propia de proposición de ley que registrarán en el Congreso en las próximas fechas. Hasta el último momento de la votación el grueso de los parlamentarios populares no conocía la intención del voto de la dirección del Grupo. Fuentes de la dirección popular se escusan, asumiendo el riesgo por el rechazo, además de esos múltiples contenidos, en que no están para salvar los decretos del Gobierno cuando le fallan el resto de sus socios. Hay un llamamiento a que si Sánchez carece de mayoría, debe dar un paso al lado y convocar elecciones.

Más allá de pensiones y bonificación del transporte

Tanto Junts como PP, aunque por vías distintas, señalan al compromiso de ampliar las ayudas al transporte público y revalorizar las pensiones. Con el rechazo de este real decreto, en materia de movilidad, se suprime la bonificación del 50% de los abonos en transporte urbano e interurbano, así como un tercio de deducción de los billetes multiviaje. Se incluyen los abonos de Renfe, que garantizaban la gratuidad —con devoluciones a final del cuatrimestre— tanto en Cercanías, Media Distancia como Avant a nivel nacional [siempre con origen y destino único].

Ligado a la movilidad, al margen de los abonos transporte, también se pierde las ayudas planteadas para los municipios que buscasen implementar la red de bicicletas urbanas. Se apostaba por rebajar al 50% el precio de servicios como Bicimad en Madrid, Bicing en Barcelona, Sevici en Sevilla o Valenbisi en Valencia. Del mismo se planteaban ayudas para la adquisición de ciclos de pedaleo asistido.

En cuanto a las pensiones, se pierde ese incremento del 2,8% en compensación con la pérdida de poder adquisitivo derivado de la inflación. Con ello, la pensión media subiría unos 40 euros mensuales hasta los 1.481,35 euros. Igualmente, se impide la subida de las pensiones mínimas en un 6% y de las de carácter vulnerable con familiares a cargo en un 9,1%. Las no contributivas se estimaban en un 9%.

Salario mínimo e Ingreso Mínimo Vital

La misma subida que para las pensiones contributivas se aplicaba al Ingreso Mínimo Vital, situado en 491 euros en el caso de un solo adulto [se amplía en función de los menores dependientes al cargo]. Con ello, queda tocado el Ministerio de Trabajo, que también ve anulada la prórroga del salario mínimo de 2024, situado en 1.134 euros en 14 pagas. Al quedar sin efecto esa prórroga, España no contaría en estos momentos con la obligatoriedad de aplicar un salario mínimo a los trabajadores. El Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya trabaja para paliar ese vacío legal.

Apoyo a colectivos vulnerables

Quedan sin efecto la suspensión de los desahucios para aquellos residentes "en situación de vulnerabilidad", a lo que se añade la no aprobación de la bonificación del 80% del precio de la luz para ese colectivo, en concepto de bono social. Igualmente, se termina con la prohibición de dejar sin suministros básicos de "agua y energía" a esos consumidores en indefensión social. Estas familias en situación de exclusión social contarían con más ayudas para el acceso a la vivienda, incentivos fiscales y descuentos en educación.

Se añaden puntos en el decreto como una ayuda de 4,5 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta la acogida de menores migrantes en concepto de "alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica y jurídica, además de psicosocial". Se incluyen cuestiones como la inserción laboral de este colectivo.

Fiscalidad, deducciones y ámbito público

Como continuación al ámbito de la vivienda, el decreto ómnibus incluía deducciones por la reducción del consumo energético, ventajas para la instalación de paneles solares o la promoción del autoconsumo compartido para bloques de edificios o pequeñas empresas. Se contemplaban desde un 20 a un 60% de deducciones del IRPF por estos conceptos. Además, se apostaba por la simplificación de licencias y trámites administrativos para acelerar el desarrollo de proyectos urbanísticos, algo que demanda, por ejemplo, el PP en su Plan de Vivienda.

Decaen incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos en línea con la transición ecológica, cuyo 15% de su importe repercutiría favorablemente en el pago del IRPF. De cara a la pequeña y mediana empresa, se aprobaban subvenciones para modernizarse en materia digital para el comercio electrónico o la ciberseguridad. Se extendía la modernización digital para la industria, así como planes de reducción de emisiones. En el caso de la Cultura, se impulsaba el mecenazgo desde el ámbito privado.

El decreto, además, promovía mayor autonomía fiscal para los consistorios en sus recursos municipales, simplificaba trámites burocráticos, agilizaba la contratación de funcionarios, las condiciones de los despidos de éstos la modernización de la Administración y la regulación más concreta del teletrabajo en este ámbito. Anecdóticamente, se incluía un régimen fiscal exento para la celebración de las finales de la Champions League Femenina y la Europa League.

El decreto elevaba, además, el umbral para presentar declaración de la renta en 22.000 euros; extendía la libre amortización de inversiones en energía renovable; aplazaba a abril la entrada en vigor del Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos; recargaba en un 15% el impuesto a la banca en caso de compras o fusiones con otra entidad, y actualizaba los coeficientes máximos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con una rebaja de las transmisiones de inmuebles con más años de generación.

Destacaba la prórroga del 'escudo antiopas', para suspender la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos y de interés nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Y se añadía cambios en la Ley del servicio postal universal para que Correos fuese el operador para la prestación de ese servicio.

Extensión de ayudas para la DANA y el volcán de La Palma

Este decreto del Gobierno incluía ayudas añadidas a los tres paquetes ya anunciados para los afectados de la DANA de Valencia por valor de 16.600 millones de euros. Se aplicaba a la ampliación de los préstamos o ayudas al sector agrario y ganadero que perdieron sus cultivos o sus terrenos por las inundaciones. Incluía nuevos límites de endeudamiento para la Comunidad en vistas a la reconstrucción.

En el caso del volcán de la Palma, de 2021, se concebían prórrogas en relación a los ERTE a los que siguen acogidos diversas empresas que no han podido retomar la actividad empresarial. También la posibilidad de aplazar las cuotas de la seguridad social y la extensión de cese de actividad para autónomos.

Al mismo tiempo, con el rechazo de este decreto, se tumba la modificación de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Con ello, a la primera se le dotaba de una Dirección de Servicios digitales con recursos por valor de 350.000 euros adicionales para la contratación de personal cualificado. A la segunda se le concedía la condición de Coordinadora de Servicios Digitales para controlar el mercado único de servicios digitales, vigente desde febrero de 2024. El decreto otorgaba la capacidad de inspección y sanción sobre operadores establecidos en España, a los que se podrá exigir acceso a datos y sistema algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos.

En añadido, y uno de los puntos más polémicos para el PP, es la cesión al PNV por parte del Gobierno de la sede del Instituto Cervantes en París, un edificio de previa propiedad del Ejecutivo vasco en el exilio. Para los populares, se trata de un "chantaje" mientras que para el PNV es una deuda histórica tras la expropiación y concesión de nazismo al régimen franquista del inmueble.