La pinza de PP y Junts, con el concurso necesario de Vox, fulminó el real decreto ley ómnibus del Gobierno y, con su derogación, decayeron, al menos de momento, decenas de medidas, entre ellas la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte público. La derecha española y la independentista catalana y la ultraderecha propiciaron este miércoles un severísimo golpe al Ejecutivo y visibilizaron, mejor que nunca, su precariedad y fragilidad parlamentarias. Evidenciaron que la viabilidad de la legislatura queda, cuando menos, comprometida. Que el propósito de Pedro Sánchez de llevar a término su mandato, en 2027, será infinitamente más complicado de lo previsto. Pero la Moncloa promete no desmayar. Tiene claro que buscará repescar el paquete social derrotado por la Cámara baja —la duda es cómo—, pero no correrá. Cree que mientras explora los mecanismos, ha de persistir en su estrategia de responsabilizar sobre todo al PP de que 12 millones de pensionistas vean bajar en febrero su prestación, de que no se prorrogue la subida del salario mínimo aprobada en 2024, de que se cancelen las ayudas al transporte o de que muera la moratoria de prohibición de los desahucios. Toca recalcular la estrategia, pero en el fondo en el Gobierno y en el PSOE creen que el esquema sigue siendo el mismo: negociar hasta la extenuación "medida a medida". Resistir. Ir a elecciones, consideran, sería una "irresponsabilidad".

Un largo e incómodo silencio acompañó a la votación en el Congreso del decreto ómnibus —técnicamente, el real decreto ley 9/2024, de 23 de diciembre—. Cuando la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, anunció que resultaba derogado por la fuerza de los 177 votos de PP, Vox y Junts frente a los insuficientes 171 síes del bloque de investidura y la abstención del diputado de Unión del Pueblo Navarro, la bancada popular no estalló en aplausos. No celebró su victoria —porque era eso, una indudable victoria parlamentaria— con euforia, era un triunfo "vergonzante" para el PP, según afirmaba con indignación el núcleo duro del Gobierno, por las consecuencias sociales que tenía la caída del texto.

Antes incluso de que se consumara la derrota del decreto, el Ejecutivo apuntó a la dirección de Alberto Núñez Feijóo. Pero quien primero hirió de muerte la norma fue Junts. El pleno debatía este miércoles los tres decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre. El primero en pasar por el hemiciclo era el ómnibus, defendido por Félix Bolaños, el que estaba en riesgo. Los posconvergentes no quisieron hacer uso de su turno, alimentando el suspense. Explicaron su posición cuando la Cámara discutía el segundo decreto, el del gravamen a las energéticas, que ya estaba perdido de antemano, como se sabía por anticipado que el tercero, el que mejora la compatibilidad de la pensión y el trabajo, estaba salvado por el apoyo del PP. En la tribuna de oradores, la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, encadenó reproche tras reproche hacia los socialistas para al final anunciar que su grupo votaría en contra de los tres textos.

Junts, dijo, está "hasta las narices" de que el PSOE "engañe a la gente", no acepta "chantajes", no le "tiemblan las piernas". "Lo que hoy molesta a Junts es su trilerismo, su mentira, su gandulería, sus manipulaciones, su prepotencia, su chantaje y sus incumplimientos", afeó. El remate: "Esta piratería suya ni la compartimos, ni la votamos. Votaremos no a las tres iniciativas que se llevan a votación". "Hoy se materializa de forma casi definitiva una mayoría que ya existe de PP, Vox y Junts, que acabará cargándose a este Gobierno. Hace tiempo que venimos avisando. Creo que hoy es un pasito más", replicaba justo a continuación Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para avisar de que era un error pensar que los posconvergentes no se iban a atrever a infligir una dolorosa derrota al Ejecutivo. Y es que el expresident llegó más lejos que nunca: había sumado sus votos al PP y Vox en iniciativas parlamentarias, pero nunca había provocado la caída de una norma de un calado como este.

Junts, esta vez sí, cumplió su amenaza, la que expresó el pasado viernes en Bruselas Puigdemont, cuando declaró suspendidas las negociaciones sectoriales con el PSOE y pidió una reunión extraordinaria urgente. Ese encuentro se produjo el pasado lunes, y en Bélgica, no en Suiza, como era lo habitual, pero no sirvió para convencer a los posconvergentes. "Cumplan sus acuerdos", espetó Nogueras a los socialistas desde la tribuna, en una muestra clara de que su partido considera que la crisis sigue abierta de par en par.

Justo después, el PP anunció que votaría en contra del "decreto trampa" del Ejecutivo y que había registrado una iniciativa para garantizar la subida de las pensiones. "El regalo que el Gobierno hacía al PNV en forma de palacete en París no cuenta con el apoyo del PP", explicó la dirección de Alberto Núñez Feijóo. Génova justificó su no, por tanto, por la disposición adicional segunda del decreto, la que atribuye al PNV la propiedad del inmueble del número 11 de la avenida Marceau de París —sede hoy del Instituto Cervantes—, que fue ocupado por la Gestapo en 1940 y cedido al franquismo justo después. Lo cierto es que la caída del texto no devuelve el edificio al Estado: los nacionalistas vascos explicaron que el palacete ya está en sus manos, ya que la transmisión patrimonial se había completado en este mes en el que ha estado en vigor el texto, y ya es irreversible.

"Todo le vale. Es un frívolo"

Cuando ya el decreto estaba liquidado tras el anuncio de Junts y PP, Bolaños desplegó la argumentación del Gobierno. Desde el primer momento, la estrategia fue una: culpar al PP y no mentar explícitamente a Junts. "Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros". "Tendrán que dar explicaciones los que votan no a mejorar la vida de los ciudadanos", apuntaló Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y encargado de pilotar las conversaciones con Junts. "Que expliquen las consecuencias y den la cara", manifestó en el mismo sentido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Automáticamente, fuentes de la Moncloa cargaron la "oposición destructiva" de un Feijóo "cuestionado" internamente que solo busca "sobrevivir". "El PP rechaza que se revaloricen las pensiones de 12 millones de españoles, que haya ayudas al transporte público o para los afectados de la dana. A Feijóo se llena la boca hablando de Valencia, pero cuando tiene la ocasión de demostrar si la apoya tras la catástrofe de la dana, da la espalda a los valencianos. Nada le importa. Todo le vale. Es un frívolo", remacharon.

Pero, a la vez, el Ejecutivo prometió "seguir trabajando", adelantó que no dejará "tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a los valencianos". Un mensaje que ya anticipaba que el Gobierno buscará repescar por lo menos parcialmente su paquete social.

No se convocó un Consejo de Ministros extraordinario, ni está previsto que se haga en los próximos días. "Somos ágiles, pero hay que pensarlo bien. No nos gusta improvisar", explicaban fuentes gubernamentales. El propósito de la Moncloa es, por tanto, recuperar las medidas contenidas en el decreto ley intentando amarrar los apoyos. Nogueras consideró "indecente" que se mezclaran iniciativas de distinto tipo en un mismo texto, pero adelantó que si el Ejecutivo volvía a llevar a la Cámara un decreto ley con la subida de las pensiones y los descuentos al transporte sus votos estaban "garantizados": Junts, dijo, votaría a favor.

En el Gobierno, no obstante, imperaba la prudencia. La derrota parlamentaria pilló a Sánchez en Davos, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, y en su equipo señalaban que había que esperar a que, a su regreso, recalculara la hoja de ruta, redefiniera la estrategia. El presidente estará todo este jueves en Valencia, en su primera visita a la zona arrasada por la dana desde los incidentes en Paiporta, cuando los Reyes, el president Carlos Mazón y él mismo fueron increpados por unos ciudadanos que sentían desolación por lo que entendían como un abandono de las instituciones en aquellos primeros días posteriores a la riada.

La dirección socialista cargaba irónicamente contra la "franquitis" del PP, su tendencia a escudarse en el dictador Franco para rechazar iniciativas del Gobierno. Pero en el Ejecutivo, en privado, también se decían muy molestos con la actitud de Junts. "Estaba todo requetenegociado y acordado, con Junts también. Otra cosa es que tengan circunstancias sobrevenidas y se bajen del carro. Ahora bien, que cada palo aguante su vela", comentaba a la salida del pleno del Congreso un relevante ministro. A la pregunta de si la votación de este miércoles suponía un antes y un después en la dinámica de la legislatura, su respuesta era dubitativa: "No lo sé".

En el núcleo duro de Sánchez esperan que no, que la relación con Junts se reconduzca. Entienden que los posconvergentes tienen "derecho al pataleo", a enfadarse con el Ejecutivo, pero confían en que la inflamación acabe bajando. También porque creen que Puigdemont no tiene alternativa y él mismo ha renegado de una moción de censura con PP y Vox. Ambos, PSOE y Junts, concluyen, están condenados a entenderse. "Se puede reconstruir con Junts, se debe, y es lo que haremos —apuntan a su vez desde Ferraz—. No hay un pacto de legislatura con ellos. Siempre hemos ido ley a ley, decreto a decreto. La gravedad de lo ocurrido este miércoles radica en cómo un partido que se dice de Estado, el PP, ha podido votar contra 12 millones de pensionistas". Pero antes de recomponer puentes con Puigdemont, "hay que solucionar que 12 millones de españoles cobren la subida de las pensiones que acaban de perder por culpa del PP".

Fuentes próximas al presidente advierten de que "por supuesto" los socialistas tienen líneas rojas que no piensan traspasar por mucho que presione el expresident. No van a ceder, insisten, a la petición de una cuestión de confianza que "prostituye" una herramienta constitucional que es una atribución exclusiva del jefe del Ejecutivo, como no van a delegar el control de fronteras a la Generalitat, porque rebasaría los límites de la Constitución y del Derecho europeo.

El cálculo que hacen en la Moncloa es que al final se llegará a un "acuerdo" con los posconvergentes en las materias que son prioritarias para ellos, pero ellos "también tienen que entender" que hay cuestiones que no son disponibles para Sánchez, como la oficialidad del catalán en la UE —"se están haciendo esfuerzos", excusan, pero no es sencillo por la oposición de varios países y porque las instituciones europeas reanudaron su marcha el pasado diciembre, tras la constitución de la nueva Comisión—, el despliegue de la amnistía —depende de los tribunales— o el citado control de fronteras. La foto con Puigdemont, el reconocimiento político que este busca, esa amnistía política que reclama, no está ahora mismo en la agenda de Sánchez. En el Gobierno ya decían que solo tendría sentido concederla para sellar un pacto de calado, como los Presupuestos. Pero la posibilidad de tener unas cuentas públicas para 2025 se puede dar ya por enterrada.

La tónica en Europa

El presidente, subrayan en su entorno, no se plantea otra cosa que seguir adelante y culminar la legislatura. No creen que sea tan relevante no disponer de nuevos Presupuestos —"[Isabel Díaz] Ayuso no los tuvo durante tres ejercicios [los de 2022 fueron los primeros en tres años]"—, porque lo importante, defienden, son los resultados. Señalan en la Moncloa que Sánchez se sentiría impelido a anticipar las generales si la economía se resintiera, si el desempleo se desbocara, si no fuera posible de ningún modo sacar adelante las reformas comprometidas con Bruselas. Pero ese punto, advierten, no ha llegado.

Sánchez ha resaltado en este tiempo que el suyo es uno de los Gabinetes más estables de la UE, por mucho que aquí se perciba lo contrario. Recuerdan los suyos que la tónica en Europa es la de gobiernos de coalición, muchos en minoría parlamentaria, que sufren para aprobar sus leyes, que ven derrotadas algunas de sus iniciativas "y no pasa nada". De modo que el varapalo de este miércoles no supone el colapso de la legislatura, creen que entra dentro de la normalidad y no es ningún drama.

Por eso, concluyen en el círculo del presidente, ir a elecciones ahora sería una "irresponsabilidad", también porque, como indican las encuestas, unas nuevas urnas dejarían un Parlamento igual de fragmentado y sin mayorías absolutas. Y consideran que la alternativa, la de PP y Vox, sería peor para España y para los ciudadanos.

En Sánchez opera asimismo, inciden, su convicción de que el PSOE, como dejó por escrito el 41º Congreso Federal, ha de actuar como faro de la izquierda en un planeta cada vez más dominado por la derecha y los populismos, como vanguardia de los progresistas. Fuentes del Ejecutivo ponían en valor la intervención del presidente este miércoles en Davos (Suiza), donde avanzó una serie de medidas que propondrá al resto de líderes de la UE contra la amenaza que suponen las redes sociales para la democracia, como poner fin al anonimato o perseguir a los que cometen delitos a través de ellas. Un punto clave sería, aseguró, que los dueños de las redes tengan que rendir cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas, igual que ocurre en otros sectores. Sánchez no citó directamente a Donald Trump —el Gabinete rehúye todo choque directo con él—, pero sí volvió a criticar a la oligarquía tecnológica (la "tecnocasta", la definió el lunes en Madrid) que se ha entregado al político republicano. El líder socialista no piensa arriar la bandera en su defensa de la democracia, advierten en su entorno.

El Gobierno, en definitiva, no es el Congreso. "El Congreso puede estar bloqueado, pero el Gobierno gobierna", recalcan en el círculo de confianza del presidente. Sánchez gobierna y seguirá haciéndolo, y es su hoja de ruta pese a que Junts le apriete o tumbe sus iniciativas. Por "responsabilidad", insisten. Y su idea, al menos hasta ahora, es llegar hasta el final. "La ruleta rusa", la de las elecciones, "da mucho vértigo", reflexiona un dirigente que conoce bien a Sánchez, "y su discurso en Davos demuestra que se ve como el líder anti-Trump del mundo. Nadie le disputa ese espacio".