De nada sirvió tirar abajo este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno para impedir la cesión al PNV de un edificio que fue sede del gobierno vasco en el exilio y ahora acoge al Instituto Cervantes. Y es que los nacionalistas vascos, en cuanto se aprobó el decreto de marras, sin esperar a su convalidación, ya escrituraron a su nombre ese palacete del número 11 de la avenida Marceu de París de 1.300 metros cuadrados, cerca del Sena y valorado en unos 16 millones de euros. En el PP admiten que muy probablemente se trate de un registro "irreversible". Sin embargo, creen que pueden cambiar la naturaleza de lo que ha sido una cesión producto de la aplicación de las leyes de devolución del patrimonio incautado durante la Guerra Civil y de la Memoria Democrática, a una donación al PNV, con lo que entraría a operar la Ley de Financiación de Partidos.

Sostienen que una vez que la cesión se ha quedado sin el paraguas legal del real decreto ley se trataría de un caso de donación en especie y de posible "financiación irregular", entre otras cosas, por la cuantía del inmueble traspasado. "Estamos viendo jurídicamente cómo respondemos a esto", dicen los mismos medios consultados. Génova ha movilizado a sus asesores para que escarben en los resquicios legales de una situación inédita. Porque aunque el decreto cae, no lo hacen sus efectos a diferencia de lo que ocurre con la revalorización de las pensiones a partir de febrero o con las ayudas al transporte público, que exigen de nuevos decretos o de la aprobación de las proposiciones de ley que, en este sentido, ha presentado el PP.

Límites a las donaciones

El artículo 5 de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos pone límites a las donaciones, esto es, todas aquella vía de financiación que no tiene que ver con las subvenciones públicas calculadas por número de escaños y votos, mailing y gastos de funcionamiento, ni tampoco con las cuotas que pagan los militantes. Las donaciones pueden ser en metálico o en especie. En todo caso, no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente aportaciones anónimas, finalistas o revocables; donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.

Génova también apunta a otras vías como la de la una posible inconstitucionalidad o "constatar" si en el registro de propiedad por parte del PNV "se han cumplido todos los requisitos". Insisten los populares en que el palacete es patrimonio del Estado o, como mucho, propiedad del gobierno vasco adquirido en el 37, pero "no del PNV". La compra se financió "con dinero de la República para que el Ejecutivo vasco defendiera en guerra la legalidad vigente, pero lo desviaron para preparar su salida del país tras el Pacto de Santoña", con las fuerzas fascistas italianas, narran a El Independiente.

El PP defiende la propiedad del Gobierno vasco, no del PNV

En parecidos términos, no exactos, lo explicó ayer el líder de los populares vascos, Javier de Andrés. En rueda de prensa para presentar los actos organizados por el PP con motivo del 30 aniversario del asesinato por ETA de Gregorio Ordóñez, aseguró que "nunca se ha dudado" de la titularidad del Gobierno vasco, que compró el edificio "a partir de un crédito que le había otorgado el Gobierno de la República de más de 500 millones de pesetas". Y dado que las comunidades autónomas "son parte del Estado español", se le entregó a este durante el franquismo. Con el advenimiento de la democracia debería haberlo reclamado el Ejecutivo vasco de forma "legítima, razonable y conveniente" porque el partido jeltzale "jamás ha podido demostrar que hubiera dedicado un solo euro de su patrimonio a la compra del palacio".

El decreto, rechazado el pasado miércoles por el Congreso, criticaba las dilaciones en el traspaso del inmueble al PNV, uno de los socios más fieles de Pedro Sánchez. Explicaba el texto que "las razones expuestas justifican la extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de la propuesta de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, el traspaso de inmueble y compensación al EAJ-PNV así como la previsión en relación con las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a las obligaciones en materia de restitución o compensación de bienes a partidos políticos".

Reflejo de las malas relaciones con el PNV

El primer partido de la oposición no oculta su abierto rechazo hacia el PNV, aunque en lógica política y aritmética lo pudieran necesitar para llegar a gobernar en un futuro. Podrían haber dejado pasar lo de la cesión del palacete una vez expresado su rechazo al decreto que la daba cobertura, pero se ha movilizado para intentar revertir la situación. Alberto Núñez Feijóo se refirió ayer al estado de las relaciones entre ambos partidos. Interrogado al respecto en una breve comparecencia durante su visita a Fitur, calificó a los nacionalistas vascos de "satélites del sanchismo" y sólo "cuando vuelvan otra vez a tener criterio y pacten con unos y con otros es evidente que podrán hablar con el PP, pero mientras sea un socio estratégico a favor del sanchismo, se debe a él. Es imposible hablar con alguien que no quiere hablar".

También Junts votó en contra del decreto ómnibus que contenía la cesión del palacete al PNV, cosa extraña entre dos fuerzas políticas que, desde los tiempos de Convergència, han actuado con cierta sinergia y proximidad. Quizá ya eran conocedores de que su voto en contra no cambiaba la propiedad de un edificio ya escriturado.