La Torre Eiffel y los Campos Elíseos están cerca. Apenas un breve paseo en dirección al Sena. En sentido contrario la distancia al Arco del Triunfo es similar. Es la ventaja de estar ubicado en pleno corazón de París. El edificio lleva más de un siglo ahí, en el número 11 de la Avenida Marceau, viendo la Historia pasar. Construido en 1883, sus cuatro plantas y 1.309 metros cuadrados de estilo Haussmanniano, tan presente en la capital francesa, ocultan un viaje agitado de inquilinos, propietarios, ocupaciones y pulsos en los juzgados.

El 11 de Avenue Marceau escribe estos días un capítulo más en su larga vida de disputas. Cuando en Nochebuena el Gobierno incluyó el reconocimiento de su propiedad al PNV se abrió de nuevo la ‘caja de Pandora’. El mes transcurrido desde entonces –y su publicación, y por tanto entrada en vigor, un día después en el BOE- fue tranquilo. Hasta que esta semana, cuando la medida debía ser convalidado en el Congreso, estalló el enfrentamiento entre populares y nacionalistas con un duro cruce de acusaciones: “aprovechateguis”, “privilegios, “regalos”…

El decreto ‘ómnibus’ en el que estaba incluido decayó, pero para entonces el PNV estaba en condiciones de afirmar que “ya es nuestro”, que el Palacio cuya propiedad lleva décadas reclamando, había vuelto a sus manos: “Ya no hay vuelta atrás”, aseguran fuentes de la formación. Entre la aprobación del Gobierno y la convalidación –que no prosperó- el PNV se ha dado prisa por “hacer lo que teníamos que hacer”. Oficialmente no confirma de modo explícito que ya lo ha registrado a su nombre, pero la tranquilidad en Sabin Etxea es completa. El camino por recuperarlo lo da por completado.

El lehendakari José Antonio Agirre en su despacho de la sede del Gobierno vasco en la Avenue Marceau. FUNDACIÖN SABINO ARANA.

En el PP, en cambio, están dispuestos a dar la batalla, a convertir el Palacio en el que se instaló el primer Gobierno vasco de José Antonio Aguirre en el exilio en motivo de desgaste contra Sánchez y uno de sus socios. Comenzó su portavoz, Miguel Tellado, por tildar de “aprovechategui” al PNV continuó el propio Núñez Feijóo calificándolo de “regalo” al PNV. El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha cuestionado el soporte legal de la cesión y recuerda que hasta tres sentencias, dos de la Justicia francesa y una del Tribunal Supremo, han negado la propiedad del inmueble al PNV, “se compró con dinero público del Gobierno vasco”. El PP cuestiona la versión histórica dada por el PNV, -“no lo pueden demostrar”- y que ahora un informe encargado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez da por acreditado.

El rastro del dinero

La historia del número 11 de Avenue Marceau de París está llena de recovecos. En ella intervienen testaferros, sociedades interpuestas, tesoreros del PNV y empresarios nacionalistas exiliados en el extranjero. En su relato no faltan la Gestapo, la dictadura franquista y, más recientemente, el Instituto Cervantes. El PNV asegura que su reclamación viene motivada por razones más históricas, sentimentales, que económicas. Pero a nadie se le escapa que un inmueble de esas características, con esa ubicación privilegiada, también es un patrimonio muy valioso. Las estimaciones realizadas lo valoran entre los 15 y 16 millones de euros. El acuerdo alcanzado permitirá al Instituto Cervantes seguir ocupando el edificio hasta 2030 pero pagando un alquiler. La cifra podría rondar el millón de euros anual.

Es precisamente el rastro del dinero el que determina quién, cuándo y cómo se adquirió el edificio. Demostrar si fue el PNV o fue el Gobierno vasco es una de las claves, no la única. En Sabin Etxea dan por acreditado y documentado que fueron ellos quienes adquirieron el edificio, incluso antes de que el primer Gobierno vasco que presidió José Antonio Agirre se hubiera constituido.

La larga historia comienza en 1936, cuando la contienda civil en España había estallado. El relato de hechos en los que el Ejecutivo de Sánchez ha basado su decisión figura en el informe encargado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Lleva la firma de dos profesores de historia de la Universidad del País Vasco, Oscar Alvarez Gila y Xabier Hualde.

El nacionalismo vasco, afín a la República, comenzó a moverse y prepararse para un posible exilio. El aquel contexto político comprar un inmueble en el exterior se convirtió en una prioridad y la diáspora vasca nacionalista podría ayudar. Un emigrante vasco vinculado al PNV y asentado en México es el origen del hilo financiera de esta historia: Francisco Belaustegigoitia. Es a él a quien se asigna el envío de 65.000 dólares al tesorero del PNV, Heliodoro de la Torre, a una cuenta del Banco Bilbao en París. La fecha del documento que consta en la Universidad Iberoamericana-Laguna de México lo fecha el 12 de septiembre de 1936. El Gobierno vasco aún no existía. Faltaban apenas 25 días. Aguirre juró el cargo el 7 de octubre.

Testaferros y tesoreros del PNV

Aquel dinero llegado desde México, según la versión que defiende el PNV, pronto se desvió a la cuenta de un ‘testaferro’ para evitar problemas en el futuro con posibles incautaciones del gobierno franquista. Marino de Gamboa era el titular de aquella cuenta con cuyos fondos se formalizó la compra. Gamboa era un comerciante naval afincado en París. La firma de la operación se llevó a cabo ante notario el 9 de octubre –dos días después de la jura del lehendakari-: 1,46 millones de francos franceses por adquirir el flamante edificio. Años después, en uno de los litigios judiciales llevados a cabo, los hijos de Gamboa aseguraron ante el juez que su padre hizo la compra en nombre del PNV. Finalmente, el edificio fue cedido para ser sede del Gobierno vasco en el exilio.

Gamboa fue el propietario hasta 1939, cuando cedió el inmueble a una sociedad, Finances et Enterprises, a la que estaba vinculado otro tesorero del PNV: Agustín Alberro. Contaba con siete accionistas –cinco británicos y dos franceses-. En realidad, era una sociedad instrumental del PNV para dotarse de amparo legal y proteger a los verdaderos propietarios, el PNV, según la descripción de hechos de la formación, ante una posible incautación futura.

La ocupación nazi de la capital francesa y la alianza de estos con el régimen franquista abrió una nueva etapa en el devenir del 11 de la Avenida Marceau. En 1941 la Gestapo incautó el inmueble a la sociedad Finances et Enterprises y poco después, alentado por la reclamación del Gobierno franquista de todos los ‘bienes republicanos’, los alemanes lo cedieron a España. Allí permanecieron hasta 1944, cuando días antes de la liberación de París los franquistas lo abandonaron.

Un grupo de vascos volvió a recuperarlo y el Gobierno de Agirre regresó. Pero por poco tiempo. En 1951 las presiones del Gobierno de Franco al Ejecutivo francés reclamando la titularidad del inmueble llevaron a las autoridades galas a desalojar el edificio y expulsar a la delegación vasca en el exilio.

Ley de Memoria Democrática

Años después la clave estaría en acreditar que detrás de aquella sociedad pantalla, propietaria del edificio, estaba el PNV. Formalmente, el PNV nunca ha figurado como titular de la propiedad. No lo hizo aduciendo medidas de seguridad contra posibles represalias en un contexto de represión y enfrentamiento bélico. Pero siempre ha reivindicado que detrás de los testaferros y las sociedades pantalla se encontraban los fondos económicos y simpatizantes de la formación que actuaban en su nombre.

Durante la ocupación nazi, el partido nacionalista reclamó hasta en dos ocasiones la titularidad del edificio a la justicia francesa. Incluso lo hizo acreditando que las escrituras de propiedad se firmaron el 8 y 9 de octubre de 1937 en la notaría de Jean Bethevill. En ambas le fue denegada. Los nacionalistas consideran que hubo presiones del régimen de Franco para que así se dictara las resoluciones y se concluyera que la compra se hizo con fondos desviados del tesoro español. En 1951, otra sentencia cedió la propiedad al gobierno español que desahució a los ocupantes. El Instituto Cervantes lo convirtió en 1991 en una de sus dos sedes en París.

Más recientemente, en 2003 el Tribunal Supremo concluyó que no fue el Estado Español quien lo incautó y que fue la justicia francesa quien se lo adjudicó. En 2022, gracias a la ley de Memoria Democrática, se cuestionó las sentencias dictadas por la justicia francesa como prueba de legalidad por dictarse en una Francia ocupada y colaboracionista del régimen nazi y el franquismo.

Ahora, el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez han sellado el que podría ser último episodio en la batalla por la restitución de la propiedad que desde hace años libra el PNV. El decreto aprobado por el Gobierno y que antes de intentar convalidar –no salió adelante- ha permitido el PNV formalizar su titularidad, podría ser el último episodio. O no. El PP ya ha anunciado que revisará la legalidad del proceso y no descarta volver a cuestionar ante la justicia la propiedad del inmueble por parte de la formación nacionalista.