El nuevo real decreto ley ómnibus que el Gobierno quiere sacar adelante será prácticamente calcado al anterior, al que fue tumbado por el Congreso el pasado miércoles. El Ejecutivo mantiene intacto su propósito de no trocear el texto y de no introducir cambios sustanciales en él, no va a "recortar nada". Entiende que Junts debe poder votarlo a favor porque ya aceptó su redacción en diciembre, así que no encuentra motivos para desmontarlo. Pero los posconvergentes ya advierten de que no apoyarán un nuevo decreto en el que no se pueda "cambiar ni una coma", porque eso "no es negociar, es imponer y en este caso, es también hacer chantaje". Las conversaciones entre los socialistas y la formación de Carles Puigdemont seguirán y, por ahora, parece poco previsible que esté lista una nueva norma para este martes, para la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

"El decreto ómnibus es un todo, con equilibrios múltiples", que responde a las peticiones de los grupos que sostienen al Gobierno, explican fuentes de la Moncloa. Por eso no se va a "filetear", a desguazar en distintas iniciativas. Compendiar todas las medidas en un solo texto hace más fácil, teóricamente, su aprobación, ya que permite que todos los partidos se sientan reflejados en él aunque no compartan todas las medidas. Es decir, todos ceden.

Los posconvergentes insisten en que no comparten que no se haya prorrogado la rebaja del IVA de la electricidad o de los alimentos básicos. No apoyarán un nuevo decreto que no cambie "ni una coma"

PP y Junts insisten, desde que hicieron caer, junto con Vox, el decreto, que están dispuestos a apoyar uno nuevo que incluya la revalorización de las pensiones y los descuentos al transporte, medidas que sí comparten. Pero ambas formaciones rechazan otros contenidos, como la moratoria de prohibición de los desahucios a las familias más vulnerables o que no se hayan prorrogado las bajadas extraordinarias del IVA a los alimentos básicos o a la electricidad. Pedro Sánchez, sin embargo, quiere salvar al máximo el escudo social, porque lo considera tan importante como las pensiones o el transporte público. No piensa renunciar a él. Al menos, por ahora.

Este domingo, en una entrevista en elNacional.cat, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, insistía en las condiciones que pone su partido: "Si a nosotros nos hubiesen dado tiempo [para negociar el anterior decreto ómnibus], nosotros les habríamos dicho sí a subir las pensiones, sí a prorrogar el descuento de los transportes... como hemos ido haciendo siempre en los reales decretos [leyes], pero habríamos votado no a sacar de la prórroga la rebaja del IVA de la electricidad. A finales de 2024 estábamos pagando un 10% del IVA de la electricidad y ahora, gracias a que el Gobierno de España ha decidido sacar del real decreto [ley] el IVA de la electricidad, pagamos un 21%. Y lo mismo le habríamos dicho de la rebaja del IVA de la harina, de los huevos, de la leche, de alimentos que son básicos, que hasta ahora tenían el IVA rebajado. El Gobierno español no puede pretender que nos traguemos que él tumbe de manera unilateral decisiones que se han tomado en el Congreso. Y, si quiere, que se busque los votos en otro sitio. Si quiere negociar, nosotros haremos que deje de exprimir a la clase media. Este real decreto también incluye una subida del IRPF en las clases medias. No se puede seguir subiendo impuestos, no se puede seguir ordeñando siempre a los mismos".

La respuesta del Ejecutivo es taxativa. Preguntadas este domingo por la tarde si contemplan retoques cambios como bajadas en el IVA para contentar a Junts, fuentes de la Moncloa lo descartaban a este periódico: "No vamos a recortar nada. Nada de recortes". Es decir, que el margen de negociación es escasísimo. Los socialistas quieren preservar el contenido de su real decreto ley porque responde a lo pactado con los socios, porque recortarlo supondría enfrentarse a formaciones como Bildu o Podemos, que han advertido de que el escudo social es innegociable. También porque PSOE y Sumar hablan con esa redacción a su electorado. "Hay muchas medidas sociales en ese real decreto ley [derrotado en el Congreso] —decía Sánchez el pasado viernes a los medios—. Evidentemente las más llamativas, por el número de personas afectadas, son las pensiones, es el transporte público gratuito, pero hay otras muchas también, que negociamos con todos los grupos parlamentarios que quisieron apoyarlas a finales de diciembre".

Los socialistas se apoyan en que el decreto "estaba pactado" con Junts en diciembre, y que se descuelga "por razones políticas, por temas ajenos a él"

Precisamente porque Junts anticipó a finales del año pasado su sí al decreto —el jueves en La noche en 24 horas de TVE dijo eso mismo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y lo reiteró en una entrevista en elDiario.es publicada este domingo—, el Gobierno encuentra que Puigdemont no tiene motivos reales para rechazarlo. "Este decreto estaba pactado con ellos, y se descuelgan por razones políticas, por temas ajenos a él", advierten en el Ejecutivo.

Pendientes inmigración y cuestión de confianza

Es decir, según el análisis de la Moncloa, Junts se apea de su sí por otros motivos, por su pérdida de "confianza" en Sánchez. Los posconvergentes han repetido que el Gobierno no accede a la delegación "integral" a la Generalitat de las competencias migratorias —esto es, que solo los Mossos puedan controlar las fronteras y sea su responsabilidad la gestión de los expedientes de expulsión, áreas que el presidente se niega a ceder—, y los socialistas no están tampoco dispuestos a tramitar la solicitud de cuestión de confianza que pide Puigdemont, con el argumento de que solo es el jefe del Ejecutivo el que, como prescribe la Constitución en su artículo 112, puede decidir someterse a una cuestión de confianza.

El bloqueo en ambas cuestiones sigue, así que no está nada claro cómo esta vez puede la Moncloa convencer a Junts para que ceda. Por el momento, Sánchez está aguantando el pulso a Puigdemont con nitidez: no acepta transigir con todo lo que le exige. Pero es evidente que si ninguno afloja, se producirá el choque de trenes. Con consecuencias impredecibles.

El presidente, en la clausura del congreso del PSOE canario, recupera una de sus frases del 23-J y promete buscar "votos hasta de debajo de las piedras para revalorizar las pensiones" o para que haya "transporte público gratuito". Pero no anticipa cómo

Sumar empuja para que este martes se lleve ya el nuevo decreto ley al Consejo de Ministros. Pero en el ala socialista quieren primero garantizarse los votos. "Ojalá pudiéramos aprobar el texto en este Consejo de Ministros. Pero no parece", observan desde el círculo del presidente. Las posiciones siguen enfrentadas.

Este domingo, Sánchez, en la clausura del 15º Congreso Regional del PSOE de Canarias, el que reeligió al ministro Ángel Víctor Torres como su secretario general, prometió emplearse a fondo para sacar adelante el nuevo decreto ómnibus. "En un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, voy a buscar votos y apoyos hasta de debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados. Voy a buscar votos hasta de debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta de debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan", sostuvo, recuperando una expresión, la de buscar votos "hasta de debajo de las piedras", que usó continuamente durante la campaña de las generales del 23 de julio de 2023. El presidente recalcó que no se dejará vencer. Las medidas "las vamos a sacar sí o sí", enfatizó. Pero no anticipó cómo. Y esa es la clave.

Sánchez no cita en su discurso a Junts, pero es a la formación de Puigdemont a quien se dirige el Gobierno. El PP ya ha avanzado que si lleva el mismo decreto, su voto será "el mismo": un 'no'

El líder socialista no mentó en ningún momento a Junts en su discurso. Centró el tiro en el PP. Es la estrategia seguida por el Gobierno y por Ferraz: poner el foco en los populares, prácticamente solo en ellos, para no dinamitar todos los puentes con los posconvergentes, a los que necesitan. Pero, puertas para dentro, todos los esfuerzos de negociación se centran en los juntaires. El PP, de hecho, ya ha avisado de que si Sánchez presenta el mismo decreto, el resultado, por su parte, será "el mismo": no. Lo decía con rotundidad el responsable de Economía de los populares, Juan Bravo, en una entrevista publicada este domingo en El Independiente.

"Míriam Nogueras no es de fiar"

En el Ejecutivo vienen insistiendo en que ha habido otras votaciones difíciles en este año de legislatura y, al final, cuajó el acuerdo y se ha podido seguir "avanzando". Pero otros momentos de bloqueo se salvaban con cesiones. Hace un año, también corría peligro otro decreto ley de prórroga del escudo social, que el Gobierno salvó in extremis con una negociación agónica con Junts tras la que se comprometió a esa delegación de las competencias migratorias. Más adelante, Puigdemont tumbó en el pleno del Congreso el dictamen de la ley de amnistía porque entendía que no le protegía lo suficiente. Sánchez prometió no ceder más, pero finalmente lo hizo para procurar el acuerdo y pasar página de una turbulenta tramitación parlamentaria de la norma. Ahora, la cuerda entre socialistas y Junts está muy tensa, y el Ejecutivo lanza señales de que no hará concesiones importantes.

La confianza de los socialistas es que se vayan acercando posturas, porque así ha ocurrido en otras votaciones difíciles de la legislatura

Lo que sí podría salir del nuevo decreto ómnibus es la atribución al PNV de la propiedad del palacete del número 11 de la avenida Marceau de París, porque la transmisión patrimonial ya se completó en el mes en que estuvo en vigor el texto, como advirtió la formación jeltzale. Los populares han recrudecido su guerra con la formación de Andoni Ortuzar precisamente por la titularidad de un edificio con una enorme carga simbólica para los nacionalistas vascos, porque fue la sede del Gobierno de Euskadi en el exilio, que requisó la Gestapo nazi y que entregó al régimen franquista en 1940.

Nogueras, en la entrevista en elNacional.cat, se muestra muy dura con los socialistas. Y advierte a Sánchez de que si vuelve a llevar al Congreso un decreto sin consensuar ante las medidas, "todos tendremos un gran problema". La portavoz denuncia que su partido lleva sufriendo "presión" y "chantaje" toda la legislatura. Pero no hará que les tiemblen las piernas. "Ni la presión ni el chantaje nos genera ningún efecto —afirma la diputada y vicepresidenta del partido—. Nosotros tenemos muy claro lo que hacemos, nos leemos mucho lo que nos ponen encima de la mesa". Como el Gobierno "no tiene mayoría, no puede pretender que se apruebe su programa electoral", reprocha.

Los posconvergentes recuerdan que no están "para regalar estabilidad a nadie y menos a un Gobierno español". "¿Qué es lo que quiere hacer el Gobierno? ¿Qué quiere hacer con la legislatura? ¿Cuáles son las intenciones que tiene? Si es seguir no cumpliendo, pues Junts pasa a ser solo oposición", remacha Nogueras. Ella es una de las interlocutoras de los socialistas, pero su relación con ella, según describen, es muy complicada. Así como hay fluidez entre Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts, el diálogo con la portavoz del partido en el Congreso es más dificultoso: "Nogueras no es de fiar", sentencian en el círculo del presidente. Las dos partes vienen de una reunión en Bélgica, el pasado lunes, que resultó, a la vista está, infructuosa.

Informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el palacete parisino atribuido al PNVDescarga

Pese a la tempestad, en la Moncloa creen que no hay alternativa al enderezamiento de las relaciones con los posconvergentes. Ambos están atrapados, señalan. Porque los dos se necesitan. Los siete votos de Junts en la Cámara baja son imprescindibles para el Gobierno, y al mismo tiempo esos siete diputados son la única fuerza de la formación de Puigdemont, que no controla ninguna institución importante en Cataluña.

La lectura del Ejecutivo es que el diálogo está enturbiado por la imposibilidad de la aplicación de la ley de amnistía, a la espera de que hable el TC. El escenario de elecciones no se contempla, repiten

La lectura del Ejecutivo es que el diálogo está enturbiado por la imposibilidad de la aplicación de la ley de amnistía, por la frustración del expresident por no poder volver a España. El escenario, calculan, puede cambiar una vez que decida el Tribunal Constitucional, ya que previsiblemente respaldará la norma. Ahí recomenzará la legislatura, con la esperanza de que la relación con sus conflictivos socios de investidura se engrase. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo evolucionarán las cosas. La posibilidad de un anticipo de las generales no se contempla en la Moncloa. "En ningún caso". Pero certezas completas, a estas alturas, las justas.