El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que investiga por un presunto delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha rechazado su petición de posponer su declaración como investigado, fijada para este miércoles a las 10:00. El magistrado se ha negado igualmente a llamar a declarar a más periodistas como testigos, así como al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue la persona que denunció una filtración.

Así las cosas, las diligencias que el magistrado rechaza son, por un lado, citar a declarar al querellante en la causa, el empresario Alberto González Amador, de quien dice que "no deja de sorprender" que esa petición haya partido de la defensa (que ejerce la Abogacía del Estado) "cuando la práctica de todos los días nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el proceso como acusación más que favorecer venga a resultar perjudicial para el acusado”, y añade que “para formar una idea de la posición del querellante nos la ofrece su propia querella (...) ante lo cual, una diligencia como su toma de declaración previa, que suponga una dilación para la declaración de los investigados, la considero innecesaria”.

Tampoco acepta la intervención del móvil del jefe de Gabinete de la mandataria madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que en su declaración afirmó que facilitó a los periodistas el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informaba al letrado de la denuncia y de la posibilidad de pacto, pero sólo a partir de las 22:21 horas del 13 de marzo, cuando ya estaba publicada la noticia de El Mundo. No obstante, varios testigos han señalado que trasladó esta información mucho antes, pero el instructor explica que Rodríguez manifestó que no conocía el correo clave, que es el del 2 de febrero, el que Salto se intercambió con el abogado de González Amador en el que éste reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021". Hurtado señala que es ahí de donde se debe partir, porque es el correo que se investiga, y no el del día 12.

Sobre que declaren varios periodistas, el juez también pone negro sobre blanco que no será necesario citar a ninguno de ellos. Ni a la productora de la Cadena SER, que ni siquiera fue testigo de los hechos, sino que es testigo de referencia; ni a los periodistas de El País que publicaron hace unos días cómo tenían conocimiento de que se estaba fraguando un pacto desde horas antes de que el fiscal general del Estado lo supiera. "Un secreto difundido al menos 31 horas antes de reclamarlo el fiscal general", fue el título de una de las noticias. El magistrado acepta incorporar esas informaciones a la causa, igual que varias intrucciones y guías de actuaciones de la Fiscalía, si bien no acuerda que declaren los periodistas que la redactaron.

"Las diligencias solicitadas no las considero necesarias, por cuanto que no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia", explica.

Minimizar la trascendencia de la filtración

Hurtado deja, además, varios recados en el escrito de este lunes como que González Amador no es un "defraudador confeso", como le han llamado varios miembros del Gobierno, o que el delito de revelación de secretos continúa vigente porque no considera que el hecho de que Miguel Ángel Rodríguez difundiera uno de los correos, levante el secreto de la filtración de los demás. "Si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto", indica.

Para él, "la relevancia delictiva se encuentra en la quibra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador", así que "parece razonable deducir" que ha sido tras la filtración del correo del 2 de febrero en el que su abogado reconoce que González Amador ha cometido un delito a Hacienda. A partir de ahí "se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva".