Esta semana se retoma en la Audiencia Nacional el juicio contra el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. La Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión para Sito Miñanco por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Entre los acusados está el abogado Gonzalo Boye, famoso por dirigir la defensa del expresidente de la Gneralitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Se le acusa de una operación para lavar 889.620 euros que la Policía incautó a varias personas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en febrero de 2017.

La Policia, en un informe que ya publicó El Independiente, no sitúa a Boye en la reunión clave con el que se intenta justificar que participase en el blanqueo. Además, en las últimas jornadas del juicio, dos inspectoras de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incurrieron en varias contradicciones referentes al abogado.

El patrimonio de González Rubio

Las agentes aseguraron que el dinero incautado en Barajas pertenecía a la organización de Miñanco y que iba a ser lavada por Boye. Eso a pesar de que Manuel Pedro González Rubio, al que se le intervino el dinero, afirmase que era suyo. Las policías afirmaron que era una persona sin capacidad económica para llevar esa cantiad.

Sin embargo, a preguntas de las defensas, las investigadoras admitieron que nunca hicieron una investigación sobre el patrimonio y las sociedades de González Rubio. Se limitaron a analizar sus movimientos y saldos de cuentas en las fechas en las que se produjo la incautación del dinero. “Los saldos eran irrisorios, apenas tenían 5.000 euros. Esos saldos no pueden avalar el dinero que se intervino en Barajas”, afirmó la instructora.

Antes de su detención, González Rubio había llevado a cabo varias inversiones, como la aportación de 750.000 euros como capital en la empresa FYRSA. Esta empresa es rueña de un campo de tiro en Alpedrete que gestiona el empresario. En octubre de 2016, compró una empresa de seguridad en Colombia. Según su versión, ese era el destino de los 890.000 euros incautados en Madrid.

Letras de cambio ante el Sepblac

A preguntas del fiscal, inicialmente la inspectora de la UDEF sostuvo con rotundidad que los contratos particulares aportados ante el SEPBLAC por Gonzalo Boye, como abogado de González Rubio en la reclamación administrativa del dinero, 2fueron elaborados ad hoc para justificar el origen ilícito del dinero con base a unas letras cambiarias" que habían sido canceladas unos días antes de la incautación de los 890.000 euros en Barajas.

Sin embargo, a continuación, la inspectora admitió que "Gonzalo Boye no sabía qué había pasado con esas letras". "No sabía qué había pasado en el transcurso de la vida de esas letras, si habían sido canceladas… no lo sabía. Sin embargo, lo que hicieron (mediante la elaboración de los contratos entre particulares - firmados por González Rubio y los también acusados Valverde Rojas y Juan José Barroso Zorrilla) fue cuadrar fechas para que de esa manera el relato tuviese al menos cronológicamente, una veracidad cronológica", afirmó la instructora de las diligencias de blanqueo.

Cuando llegó el turno de una de las defensas, la inspectora de la UDEF matizó sus palabras. Dejó claro que las letras de cambio para justificar el dinero eran auténticas.

Las reuniones del blanqueo

Como ya se ha citado, la Policía indicó que Boye no se encontraba en las reuniones donde se conformó el presunto blanqueo. Sin embargo, durante la declaración de las dos investigadoras de la UDEF, la Fiscalía no hizo ninguna pregunta sobre las reuniones en el despacho de Boye. En ese encuentro, el Ministerio Público basa su acusación contra el abogado, al que se solicitan 9 años y 9 meses de cárcel.

El origen del dinero

Las dos agentes de la Policía admitieron que los 890.000 euros son de procedencia desconocida. La propia jefa de la investigación afirmó que el blanqueo se basa en "introducir en el sistema económico legal un dinero de procedencia ilícita". Fuentes cercanas a Boye resumen el asunto en que si durante la instrucción no acreditaron la procedencia del dinero es complicado apuntalar el blanqueo. Menos si no se hizo una investigación patrimonial de González Rubio.

Encuentro en el VIPs

Mientras la unidad antidroga de la Policía sitúa la famosa reunión en un despacho, la UDEF la coloca en un restaurante de la cadena VIPs. A pesar de que los agentes de estupefacientes admitieron que no pudieron grabar esa supuesta reunión y que desconocen el contenido exacto de la misma porque no había ningún agente dentro del local, las investigadoras de la UDEF insistieron en que el encuentro tuvo como objetivo resolver un problema surgido con los documentos aportados para justificar los 890.000 euros, y que según la policía son ficticios.

Las agentes creen que se produjo allí por una conversación entre González Rubio y Adriana Moreno. Ambos hablan de "recuperar" el dinero de Barajas. Las investigadoras hicieron hincapié en el hecho de que González Rubio no estuviese presente en la reunión del VIPS como indicio de que en realidad el dinero no era suyo sino de Sito Miñanco. Sin embargo, de otras conversaciones que obran en la causa y a las que no hicieron alusión, se desprende que González Rubio estaba hospitalizado y con graves problemas de salud y ese sería el motivo real de que no estuviese presente en la reunión.

Durante la declaración de los agentes de la UDYCO que comparecieron antes de Navidad, "quedó acreditado que las imágenes del interior del VIPS fueron recogidas a posteriori de las cámaras de seguridad del establecimiento, sin que figuren el día y la hora del mismo", aseguran las fuentes consultadas. En esas imágenes, se ve al abogado entrar solo y salir después siendo precedido por el resto de investigados. Sin embargo, no existe ninguna instantánea que acredite que todos ellos estuviesen sentados en una misma mesa.