El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Junts para sacar adelante las medidas sociales recogidas en el decreto ómnibus que no fueron aprobadas la pasada semana en el Congreso. Se mantendrá la moratoria de desahucios y cortes de suministros a vulnerables, el Salario Mínimo Interprofesional y el escudo antiopas, además de la revalorización de las pensiones, las ayudas a la DANA y las bonificaciones al transporte.

En este nuevo decreto se prevé la tramitación en el Congreso de la cuestión de confianza al presidente del Gobierno que viene reclamando el partido de Puigdemont, aunque Sánchez, en una rueda de prensa tras la reunión de su gabinete, dijo que por ley se trataba de una prerrogativa suya y de su Ejecutivo y no ven la necesidad de presentarla.

"Hemos llegado a un acuerdo con Junts, ya conocerán ustedes el redactado, pero, en fin, verán que, efectivamente, lo que se reconoce es lo que dice la Constitución: la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la Presidencia del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros". Ha sido luego, en una segunda pregunta teniendo en cuenta la negativa hasta ahora del Gobierno y el PSOE a que el Congreso aceptara la tramitación de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, lo que ha llevado a Sánchez a precisar que "el Gobierno no ve necesidad" de que las Cortes lleguen a votarlo, más allá de lo que pueda decir la Mesa de la Cámara Baja en primera instancia.

Qué significa la cuestión de la confianza para Sánchez

A diferencia de la moción de censura, la cuestión de confianza permite medir el apoyo parlamentario, dado que si le es negada, la dimisión es automática y se abriría un nuevo procedimiento de elección en el Congreso. Sin embargo, el mismo Sánchez ha dejado claro que no contempla la opción de que la cuestión de confianza sea denegada. Desde el PSOE han manifestado que la propuesta de Puigdemont de la cuestión de confianza es "una demostración de fuerzas" en el contexto de las negociaciones presupuestarias.

La cuestión de la confianza es un todo o nada. Es un movimiento arriesgado, incluso en los momentos políticos de más estabilidad. De plantearse la cuestión, Pedro Sánchez tendría que comparecer ante el Congreso y someterse a la votación directa de los grupos parlamentarios, incluyendo los que en su día apoyaron su investidura como Junts o ERC. El proceso, que ya está regulado en los artículos 112 y 114 de la Constitución exige una mayoría simple para que el presidente continúe en su cargo. Es decir, que sólo necesita tener más votos a favor que votos en contra de la cuestión de la confianza.

En caso de no conseguir la confianza, la dimisión sería automática y España abriría una nueva fase de incertidumbre política. En el recorrido democrático español, solo han hecho uso de esta herramienta dos presidentes: Adolfo Suárez en 1980 y Felipe González en 1990. Ambos superaron el trámite, pero en contextos muy distintos al actual, ciertamente. Para Sánchez encarar una cuestión de confianza con una aritmética parlamentaria tan ajustada sería un salto al vacío.

Las implicaciones políticas del ultimátum de Puigdemont

Más allá del alcance legal de esta cuestión, y asumiendo que está en su derecho de hacerlo, el gesto Puigdemont tiene claramente una vertiente política muy concreta. Por una parte, presionar al Gobierno en el momento delicado de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra, colocar a ERC en una difícil tesitura, obligándola a decidir entre hacerse eco de la maniobra de Junts o desmarcarse justo en el momento de la reconfiguración del liderazgo de esta formación. Puigdemont no se cansa de repetir que su partido no está dispuesto para "sostener gratis" el Gobierno socialista. Para él existe un pacto de investidura que sigue vigente, pero la inacción en cuestiones como la financiación autonómica, la oficialidad del catalán o la ley de amnistía ha llevado al agotamiento de la paciencia de su grupo.

De dónde viene esta cuestión de confianza

La proposición de la cuestión de confianza parte de un mensaje que lanzó Carles Puigdemont a finales de noviembre cuando valoraba el primer año del acuerdo con el PSOE para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión de la cúpula de Junts. "Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie", expresaba el también expresidente de la Generalitat escenificando desde entonces una "ruptura" con el Ejecutivo tumbando varias de sus medidas.