La Audiencia Nacional ha dado la razón a un ciudadano palestino de origen sirio que reclamaba la nacionalidad española. El hombre llevaba pidiendo que se le reconozca como ciudadano de pleno derecho desde agosto de 2018, pero el Ministerio de Justicia le denegó la posibilidad en febrero de 2021. Lo hizo a raíz de un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ahora desestima la Sala de lo Contencioso.

En el documento, la inteligencia española no recomendaba la concesión de la nacionalidad española. Lo hacía refiriendo "motivos de seguridad nacional". "Debido a que la persona solicitante ha colaborado con Servicios de Inteligencia Extranjeros", añadía a continuación, sin dar más detalles.

En la sentencia del pasado 11 de diciembre, consultada por El Independiente, la Sala de lo Contencioso critica precisamente las escuetas razones del CNI para denegarle la nacionalidad. El texto, que ha tenido como ponente a Francisco Díaz Fraile, repasa distinta jurisprudencia para explicar que los servicios secretos deben dar más explicaciones cuando se trate de este tipo de asuntos.

Datos mínimos, no investigaciones

"Se trata de dar un mínimo de datos sobre las razones determinantes de la decisión, que permitan al recurrente articular su defensa frente a las mismas, y a esta Sala conocer dichas razones y verificar que las mismas se ajustan a la legalidad y a la racionalidad que ha de guiar el ejercicio de las potestades administrativas", se puede leer.

La Sala, explica, no pide "a la Administración que proporcione detalles exhaustivos sobre las actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan comprometer el resultado de sus investigaciones en curso". Simplemente quiere conocer "las razones determinantes de la decisión".

El solicitante es palestino y nació en Siria en 1980, recoge la sentencia. En julio de 2013 obtuvo la condición de refugiado por parte del Ministerio del Interior. Está casado y tiene dos hijos, y los tres cuentan ya con la nacionalidad española. Está empadronado en Getafe (Madrid) y carece de antecedentes penales, según información policial. Además, aportó el informe de vida laboral y la declaración del IRPF de 2020. La Sala, ante la "buena conducta" del demandante y la "insuficiente" motivación del CNI, le ha dado la razón para que le sea concedida la nacionalidad española. También condena en costas al Ministerio de Justicia, hasta un máximo de 1.500 euros.

Otra sentencia sí justificada

En otra sentencia del 4 de diciembre del año pasado, consultada igualmente por este periódico, el resultado fue totalmente distinto. Un hombre presentó un recurso contra una resolución de noviembre de 2020 por el que se le denegaba la nacionalidad. El informe del CNI, en este caso, fue determinante para que no se le concediese.

En abril del 2016, los servicios secretos informaron que el hombre era integrante de una red "que se dedicaba a la financiación de un grupo de salafistas afincado en San Javier (Murcia)". Esta organización viaja por distintas provincias para "recaudar fondos", explica la inteligencia española. Buscaba facilitar la difusión y propaganda de tesis islamistas de corte radical. Uno de sus objetivos era la captación y adoctrinamiento de futuros combatientes.

Además, el hombre mostraba una "actitud contraria a los usos y costumbres de nuestro
país". A quienes no estaban de acuerdo con sus postulados los despreciaba calificándolo de infieles. "También era partidario de una clara discriminación hacia la mujer y el principio de igualdad entre ambos sexos", termina el informe.

Informes recurrentes

Los informes que el CNI elabora para dar o no la nacionalidad a los solicitantes son recurrentes. Los envía al Ministerio de Justicia, que los pondera y decide cómo proceder. La mayoría de las veces se sigue sus recomendaciones, pero no siempre como en el caso de este ciudadano sirio.

La labor de los espías españoles es que no adquieran la nacionalidad espías extranjeros, además de elementos radicales. Gran parte del trabajo la lleva la División de Contrainteligencia. Su trabajo para por ubicar, seguir, analizar y neutralizar las operaciones que elementos desestabilizadores puedan llevar a cabo en nuestro país.

Esta parte del CNI es una de las más activas, aunque su trabajo pase desapercibido para la población. La actual directora del centro, Esperanza Casteleiro, ha sido su máxima responsable hace algunos años, la cual modernizó en su forma de trabajar.