El Gobierno de coalición compuesto por PSOE y Sumar volvieron a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo decreto ómnibus tras alcanzar un pacto con Junts per Catalunya para su próxima convalidación, en un plazo no mayor a los 30 días que se estipulan en la Constitución, en el Congreso de los Diputados. La novedad es que el Gobierno accedió a las exigencias de los posconvergentes y dividió las medidas del escudo social del resto de cuestiones fiscales y económicas. Además, bajo el compromiso de dar garantías a los propietarios de viviendas en alquiler y del compromiso a tramitar la cuestión de confianza de Sánchez vía PNL en el Congreso de los Diputados.

A esta hora, el Gobierno tiene atados una mayoría suficiente para aprobar el decreto. Se alcanzará en el mejor de los casos 178 diputados, sin contar al exsocialista José Luis Ábalos a priori. El PP evitó este martes avanzar su posición de voto, aunque el mantenimiento de la "cesión" del palacete del número 11 de la avenida Marceau, complica que los populares se posicionen directamente a favor. Tampoco lo hará UPN, que pide las medidas de forma independiente, ni Vox, en oposición a todo lo que lleve el Gobierno. También a ese acuerdo con el PNV.

Podemos se pronunció a las seis y media de la tarde avalando el acuerdo. "Cumple lo acordado", dijeron fuentes del partido morado. El escudo social era fundamental para los morados, dependerá de la importancia que éstos le otorguen a los asuntos económicos depurados. Estas son las medidas pactadas con Junts:

La novedad

El decreto ómnibus baja de 80 a una treintena de medidas. Además de avalarse la tramitación de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, aunque en un formato inédito, mediante proposición de ley [no tendrá efectos legales para una salida de Sánchez en el caso de prosperar], la novedad radica en que se dan garantías a los propietarios de inmuebles ante el fenómeno de la okupación. Ello hilado al anuncio que hizo hace algunas semanas del nuevo sistema de avales para el alquiler, exenciones en el IRPF y más impuestos para los inversores extracomunitarios que adquieran viviendas en España.

En concreto, dará pie a una red garantista para que aquellos propietarios que pongan su vivienda en alquiler a precio asequible tengan garantizado el cobro de sus mensualidades. Según Junts, vía comunicado, aquellos propietarios que vean deteriorados sus inmuebles o sean víctimas de morosidad, recibirán una compensación estatal. No se especifica si se extenderá a todos los propietarios.

Las medidas que se mantienen

Revalorización de pensiones y bonificación del transporte

Los dos grandes pilares sociales de este decreto ómnibus siguen dentro. Se tratan de la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte.

Sobre las pensiones, y de la que este mes de enero ya se han beneficiado más de 12 millones de personas [por aprobarse el decreto en diciembre], se plantea la subida de un 2,8% en las pensiones. Eso deja una subida de la pensión media en unos 600 euros anuales. Ese incremento es del 6% para las mínimas, mientras que escalan en nueve puntos las no contributivas al igual que aquellas que sean para personas con familiares dependientes a cargo. Se prevé un 7,8% de pago adicional como compensación a la brecha de género en pensiones.

En cuanto a la gratuidad del transporte público hasta el 30 de junio, este decreto pactado con Junts salva las reducciones en los precios del billete de transporte urbano y de Cercanías o Media Distancia de Renfe y Rodalies. También los autobuses con línea estatal. Y se incluye la bonificación del 30% de bonificación autonómica como la de la Comunidad de Madrid, que se ha mantenido estos días. El esfuerzo económico para sostener esto implica alrededor de 1.609 millones de euros estatales.

Prórroga de la prohibición de desahucios

Para Sumar era clave prolongar este acuerdo, así como los anteriores. El decreto garantiza las medidas contra los desahucios durante este año. Los tribunales mantienen la potestad de frenarlos cuando no exista alternativa habitacional para los afectados. Aquí entran también conceptos sociales como la bonificación del 80% del precio de la luz, ligado al bono social, así como la garantía de no sufrir cortes de suministro de agua y energía en caso de impago por parte de personas vulnerables.

Ingreso Mínimo Vital

Elemento básico para el Gobierno, especialmente para el Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Se elevará el IMV hasta un 9%, del mismo modo que las pensiones no contributivas. La finalidad es dar poder adquisitivo a las personas en exclusión social.

Paquete de ayudas por la DANA y el volcán de La Palma

Son dos de las reclamaciones de partidos como el PP para legislar de forma autónoma a Sánchez ante el fracaso del último ómnibus. Sobre la DANA, las ayudas a los valencianos radican en la ampliación del perímetro de parcelas al que pueden acogerse para la reconstrucción los afectados, así como la prolongación de los plazos municipales para la solicitud de ayudas. El Gobierno podrá extender esos periodos en el futuro. A los tres paquetes de ayudas aprobados en Consejo de Ministros por el momento, se añaden la extensión de los préstamos para el sector agrario y ganadero, también para cultivos y terrenos inundados. Se incluyen límites de endeudamiento particulares para la Comunidad Valenciana en vistas a esa vuelta a la normalidad.

En el caso del volcán de la Palma, de 2021, se conciben prórrogas para los ERTE a los que siguen acogidos diversas empresas que no han podido retomar la actividad empresarial. También la posibilidad de aplazar las cuotas de la seguridad social y la extensión de cese de actividad para autónomos.

Escudo antiopas

De las medidas económicas suprimidas, el Gobierno se garantiza sostener el escudo antiopas. Economía se garantiza proteger sectores estratégicos ante la compra de inversores desde fuera de la UE. Moncloa podrá vetar cualquier operación que ponga en peligro "la seguridad u el orden público" del país.

Se incluye además la cesión del palacete parisino al PNV, actual sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, y edificio expoliado por la Gestapo al Gobierno vasco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación nazi de Francia. Fue dado al Gobierno franquista y ahora Sánchez se lo devuelve a quien dice es su legítimo dueño. El PP estudia si esto es un incumplimiento de la ley de financiación de partidos, dado que el precio del inmueble ronda los quince millones de euros por tamaño y ubicación.

Lo que se descarta para pactar con Junts

Del decreto ómnibus salen la mayor parte de medidas económicas previstas por el Gobierno de coalición, que deberán negociarse independientemente en el futuro.

Fiscalidad

Todos los aspectos tributarios reflejados en el anterior decreto quedan en papel mojado. Se hacía mención a cuestiones como los beneficios fiscales repercutidos en concepto de IRPF para aquellos contribuyentes que apostasen por mejoras en eficiencia energética en sus hogares. Desde un 20 a un 60% de deducción se contemplaba. Se omiten incentivos en IRPF de hasta un 15% por el precio de un vehículo eléctrico de nueva adquisición. A nivel empresarial, se tumban ayudas energéticas para las empresas. Se obvian ayudas a la mejora de la ciberseguridad de las empresas, así como al comercio electrónico. Se prorroga el Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga.

Impuesto a la banca

En el anterior decreto, el PSOE introdujo una corrección que limitaba el impacto del nuevo impuesto a la banca consensuado en el paquete fiscal de diciembre. Se realizaban cambios técnicos en los periodos impositivos y de devengo para evitar solapamientos con el anterior gravamen. Además, se recargaba en un 15% el impuesto a la banca en caso de compras o fusiones con otra entidad, y actualizaba los coeficientes máximos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con una rebaja de las transmisiones de inmuebles con más años de generación.

Financiación autonómica

El decreto actualizaba las entregas a cuenta para las comunidades. No obstante, a exigencia de los de Puigdemont, las regiones recibirán lo mismo que en 2024, salvo que esto se acabe actualizando en el futuro y de forma independiente. Junts quiere que antes de plantearse esto, se negocien los objetivos de déficit, aquellos que rechazó en julio del año pasado. También que haya una reforma de la financiación autonómica, que ha caído en el olvido desde el mes de septiembre, ligada al cupo catalán.

Este decreto no prorroga la bajada de IVA en energía y en los alimentos, como denuncia el PP que se venía haciendo. El Gobierno lo achaca a mandato europeo. Supone la vuelta al estado previo de gravámenes antes de la escalada de la inflación. Del 4% al 10 y 21%. Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal previsto.