En una legislatura tan de montaña rusa como esta, nada se puede dar por seguro. Ni siquiera pueden cincelarse en piedra las afirmaciones taxativas del presidente y de sus ministros porque la coyuntura tan volátil y la precariedad parlamentaria obligan en ocasiones al Gobierno a recalcular su hoja de ruta y rehacer sus planes. Pero, al menos por ahora, en la Moncloa recetan "paciencia", porque el nuevo real decreto ley ómnibus, el que sustituirá al que el Congreso tumbó el pasado 22 de enero, todavía tardará en llegar. Previsiblemente, no estará listo para el Consejo de Ministros de este martes porque el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios para poder convalidarlo en la Cámara baja. Junts sigue poniendo distancia y se niega a secundar la estrategia de Pedro Sánchez.
Los posconvergentes llevan presionando desde la semana pasada para que los socialistas aprueben sin dilación un nuevo decreto ley, pero muy recortado respecto al anterior: con revalorización de las pensiones y descuentos al transporte, medidas a las que este lunes sumaron otras dos, la actualización del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas a los damnificados de la dana. Es decir, sin el escudo social, que comprende iniciativas como la protección frente a los desahucios para las familias muy vulnerables o la extensión de la prohibición de corte de suministro de agua y energía para los consumidores con menos recursos.
No hay fecha" para aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros. "Vamos a pelearlo y encontrar una solución para el mayor número de medidas posibles", sentencian en la Moncloa. "La protección social no se trocea", subraya la ministra Elma Saiz
Sánchez mantiene por ahora su objetivo: aprobar un nuevo real decreto ley que contenga la subida de las pensiones y las bonificaciones al transporte público, pero también el escudo social. Sin "filetear" las medidas, sin desguazar el texto que echó atrás el Congreso. "La protección social no se trocea", avisaba este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El presidente, pues, no atiende a la formación de Carles Puigdemont ni en los tiempos ni en los contenidos. Como confirman fuentes de la Moncloa, el Consejo de Ministros de este martes no tiene previsto aprobar la aprobación de un nuevo decreto ómnibus, con el argumento de que continúan las "negociaciones" con los grupos. Por el momento, no hay un deadline, un tope. "No hay fecha. Vamos a pelearlo y encontrar una solución para el mayor número de medidas posibles", apuntan en el equipo cercano al presidente.
La pregunta sigue siendo una, cómo. Ayer lunes, Sánchez reunió a la ejecutiva federal del PSOE por segunda vez en este 2025 —de nuevo, y como sucede desde octubre, sin rueda de prensa posterior de la portavoz— y trasladó su confianza en que llegará a recabar los votos del Congreso para convalidar su decreto ómnibus. Sacará los votos "de debajo de las piedras", como reiteró a su llegada a la sede de Ferraz la secretaria de Política Económica, Enma López, quien de facto actúa desde hace meses como portavoz de la dirección. Pero el secretario general no explicó cómo desbloqueará las conversaciones.
El desaguisado que montó el PP", señalan en Ferraz poniendo el foco sobre Feijóo, "lo vamos a arreglar, pero hace falta tiempo". "La pelota está en el lado de quienes votaron en contra"
"El desaguisado que montó el PP lo vamos a arreglar —indican a su vez fuentes de Ferraz, dirigiendo su mirada a los conservadores, a quienes el PSOE señala casi exclusivamente en público—. Pero hace falta tiempo también". En la cúpula socialista insisten en que no hay "medidas trampa" en el decreto que se tumbó y que ahora se quiere resucitar, y recuerdan que ninguno de los dos grupos, PP y Junts, han llegado a explicar en concreto qué medidas "no quieren". Las dos formaciones de derecha han hablado de "subidas del IVA de la electricidad o de los alimentos básicos", aunque en realidad el decreto decaído no hace mención al IVA. Lo que el Gobierno hizo fue no incluir una nueva prórroga de las bajadas extraordinarias del gravamen motivadas por la crisis inflacionaria a raíz de la guerra de Ucrania. "Se está negociando básicamente lo mismo", asegura un ministro del círculo de confianza de Sánchez. Y ahora, remachan desde Ferraz, "la pelota está en el lado de quienes votaron en contra".
No lo ve así Junts. "La pelota está en el tejado del Gobierno. Mañana [por este martes] hay Consejo de Ministros. Si presentan un decreto de medidas sociales individualizado, mañana se revalorizarán las pensiones, mañana habrá bonificaciones al transporte público, ayudas para la dana y todas las previsiones para el ingreso mínimo vital", señaló en rueda de prensa en Barcelona Josep Rius, vicepresidente y portavoz de los convergentes.
Que "espabilen"
Sánchez rechaza trocear su decreto ómnibus también porque sus socios de izquierdas, tanto en la coalición, Sumar, como en el Congreso, como Bildu, ERC o Podemos, exigen que el Gobierno apruebe sin demora un nuevo texto con todo el escudo social integrado. "Cuanto antes", si puede ser "mañana mismo", verbalizó este lunes en un desayuno informativo en Madrid la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La fundadora de Sumar exigió la aprobación del decreto ómnibus "tal cual está", "sin trocear". Ella, como hacen los socialistas, no cargó contra los posconvergentes y centró su mirada en los populares, ya que el texto "lo derriba quien tiene en su mano más de un centenar de diputados".
Sumar y los socios de izquierdas añaden más presión: quieren que el decreto esté "cuanto antes" y que llegue al Congreso "tal cual está", "sin trocear". Los sindicatos también exigen que no caiga ninguna medida
Desde ERC también pidieron a los socialistas que "espabilen" para aprobar cuanto antes un nuevo decreto. El Gobierno, censuró la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, "sigue sin aprobar" un texto que recupere las medidas sociales y pidió que lo haga en el Consejo de Ministros de este martes: "Que se pongan las pilas, porque es la gente quien sufre las consecuencias de las votaciones de estos decretos". Para ERC, el PSOE cae en el "tacticismo", igual que Junts: "La semana pasada, en el Congreso vimos partidos que parecen olvidar para quién trabajan. Votar contra la subida de las pensiones o tumbar los descuentos al transporte público es hacer más difícil el día a día de muchos catalanes".
Podemos también urgió al Ejecutivo, a través de su portavoz, Pablo Fernández, a aprobar ya un real decreto ley que proteja las pensiones y otros derechos. Para los morados, es el Gobierno el que puede "allanar el camino a la ultraderecha" con su "inacción", informa EFE. Los sindicatos añadieron presión. Lo hicieron los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo: hace falta un nuevo texto "sin dejar caer ninguna" de las medidas que componían el escudo social. Las centrales han llamado a la movilización en las calles para el 2 de febrero, para manifestarse contra el bloqueo del decreto por PP, Junts y Vox.
Ninguno cede por el momento. Ni Junts ni el Gobierno. Los socialistas confían en que los posconvergentes acaben aflojando la cuerda por el impacto social negativo de la caída de un decreto clave que incluía la actualización de las pensiones o las ayudas al transporte, además de una miríada de medidas de protección para los más vulnerables. "Yo creo que van de farol. Aprietan pero quiero ver que tumban por segunda vez el decreto ley. Junts aprieta, sí, pero no va a ahogar la legislatura", valora un miembro de la dirección parlamentaria socialista. "El nerviosismo no lo tiene el Gobierno", advierte un ministro, haciendo referencia a una reflexión muy compartida, que el PP y Junts son los que temen el "desgaste" por su no.
"A ver quién se arruga primero"
No obstante, ningún dirigente consultado, ni en el Gobierno, ni en el partido, es capaz de vislumbrar dónde está la vía de salida. El Ejecutivo tiene otras carpetas abiertas con los de Puigdemont. La solicitud de cuestión de confianza, a la que se opone pero que está congelada a falta de que, como máximo, a mediados de febrero, se pronuncie la Mesa del Congreso. La delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, una negociación muy avanzada pero que está estancada porque Sánchez se niega (al menos, hasta ahora) a ceder el control de fronteras o la gestión de las expulsiones. O la oficialidad del catalán en la UE. Los socialistas podrían intentar liquidar las conversaciones sobre inmigración, pero las líneas rojas que se impusieron no han decaído, ya que entienden que el Gobierno de España, constitucionalmente y por Derecho europeo, ha de tener un control sobre sus propias fronteras.
El Gobierno tiene otras carpetas pendientes con Junts, como la delegación de competencias migratorias, la solicitud de cuestión de confianza o la oficialidad del catalán en la Unión
"Pedro tiene una capacidad privilegiada para entender la política. Él es intrépido. Pero tiene a la vez mucha información. Y no es un insensato. Y quizá él tiene datos que le permitan pensar que pueda haber un cambio en Junts y, en todo caso, la bola en el aire de la semana pasada tenía un color, y ahora tiene otro", ilustra un integrante de la cúpula parlamentaria. "Los que negocian son tumbas. No tenemos información nueva. Este martes veremos. El presidente tiene seguro la solución en la chistera, pero no la ha soltado", apunta un ministro, que descarta que, si finalmente no hay acuerdo con Puigdemont, se abra el escenario de elecciones generales anticipadas.
Se trata, en definitiva, de un pulso durísimo en el que la clave es aguantar hasta el final. Lo advierte un dirigente que conoce bien el talante y la coraza de Sánchez: puro chicken game, juego de la gallina, "a ver quién se arruga primero". "Transigir a la primera ahondaría la imagen de debilidad del Gobierno. Pedro ha decidido contraatacar y enseñar los dientes. No es un monigote chuleable por cualquiera. Y además los socios de izquierdas no aceptan el troceo para que no les suceda con el escudo social lo mismo que con el gravamen energético", que se despiezó y decayó por la acción combinada de las derechas de PP, Vox, Junts y PNV. Es mucho lo que está sobre el tapete ahora mismo y el presidente ha decidido que no es momento de ceder ante los posconvergentes. O no todavía.
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