La causa contra el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, da un nuevo giro. La semana pasada, El Independiente publicó que la jueza instructora daba por desaparecido el pendrive con la única prueba contra él. Ahora la acusación ha pedido a la Guardia Civil que vuelva a aportarla, ya que los agentes tienen una copia de la misma.

Como ya publicó este medio, la jueza pidió el pasado 10 de diciembre explicaciones "sobre los motivos que impiden la remisión del pendrive". Era la segunda vez que lo pedía. La respuesta del Decanato fue: "Procedida a la búsqueda, esta da resultado negativo", y añadió que en su día todo lo relativo a este caso se dejó "en el casillero del Juzgado nº7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto".

Aitor Cubo estaba citado a declarar el pasado mes de octubre. Sin embargo, la jueza suspendió la cita porque su defensa, representado por la Abogacía del Estado y no pagado de su bolsillo, alegó que no pudo acceder a la grabación, principal prueba contra él. Meses después, alegó que no lo había recibido a pesar de que la Guardia Civil lo había entregado "precintado" en el Decanato de Madrid.

Piden copia a la Guardia Civil

Ahora, los abogados del padre han presentado un escrito, fechado el 20 de enero y al que ha accedido este periódico, en el que piden que se comunique a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid la desaparición del pendrive y que aporten una copia íntegra del contenido del mismo.

El soporte digital no sólo contenía la grabación manipulada supuestamente en las dependencias que dirige el alto cargo de Justicia. También tenía "diez archivos PDF que sí constan en la denuncia y en los autos". Es por eso que los demandantes concluyen que el lápiz de memoria sí llegó al Juzgado y su contenido descargado. Según fuentes jurídicas, el abogado de Aitor Cubo dijo en sala que "a lo mejor no existía la prueba aportada", algo que en su escrito la víctima considera "por lo menos" injurioso a la vista de que sí obran esos diez archivos en el resto de la causa.

La acusación, explican, prefieren no aportar ellos mismos la grabación para que no se cuestione la custodia de la prueba. "Sería muy fácil al abogado de la defensa poder afirmar que no es la misma copia o que hemos aportado otra copia distinta". Es por ello que piden que sea la jueza la que pida a la Guardia Civil que vuelvan a remitir copia de todas las pruebas, aunque la única que ha desaparecido es la grabación manipulada.

La causa

En esta causa, que dirige el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, se investiga a Aitor Cubo, un alto cargo del ministro Félix Bolaños por, presuntamente, borrar la grabación de un menor en un proceso de custodia. En marzo de 2023, el pequeño N., -entonces de 12 años de edad-, tenía que declarar sobre con quién prefería vivir: si con su padre o con su madre. La sesión de toda la jornada se escucha a la perfección, a excepción del tiempo en el que el menor estuvo ante el entonces juez de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, Emilio Vega.

Al pedir la grabación, el padre del chico se percató de que no se oía, por lo que pidió el original. La respuesta es que esa era la única copia que había. El padre, abogado de profesión, encargó un informe pericial al reconocido Laboratorio de Informática Forense Europeo (Life). Los peritos determinaron que se había introducido una "ruido rosa" en la grabación de manera artificial y manual, y que era irrecuperable. En base a su declaración, el juez le dio la custodia a la madre.

El padre descubrió que las grabaciones de la mayoría de sesiones judiciales de toda España se realizan en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia, y que la alteración tuvo que producirse en el momento de la declaración. El CAU tiene su sede en Madrid y está dirigido por Aitor Cubo, número tres del ministerio y subordinado de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Por eso la causa se instruye en un juzgado de Plaza de Castilla, en la capital.

Más pérdidas

El pendrive desaparecido del caso Aitor Cubo no es lo único anómalo en esta causa. Ni siquiera el primero de esta naturaleza. Como ya publicó este periódico, la Fiscalía pidió desimputar a Cubo a mediados de abril del año pasado. Lo veía "más conveniente" que declarase como testigo ya que tendría "la obligación de decir la verdad". La jueza lo rechazó, y finalmente Cubo está imputado.

La apertura de diligencias, y la imputación de Cubo, se notificó a las partes el 1 de abril, incluida a la Fiscalía. La jueza dio cinco días hábiles a las partes para recurrir su decisión, un plazo que acababa el 7 de abril. En todo el procedimiento, a la Fiscalía se le ha dado conocimiento de los pasos dados en formato físico, con un documento oficial sellado, pero dicho escrito de inicio de la causa "no aparece" en el sumario, señalan las fuentes consultadas. Lo que sí hay es una notificación el 15 de abril por Lexnet, la plataforma electrónica que se utiliza en la Justicia española.

El recurso de la Fiscalía en el que pidió la desimputación de este alto cargo, a las órdenes de Sofía Puente, es del 17 de abril, es decir, 10 días más tarde de lo que acordó la instructora. Y lo hizo gracias a una notificación "inusual" tanto en las formas como en el tiempo. La defensa del padre del menor presentó entonces un recurso a la jueza para que rechazase la petición del Ministerio Público, dejando constancia de todo lo ocurrido en los dos últimos meses.