Se activa ya la maquinaria que podría desembocar en la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Hacienda convocó este 30 de enero a las comunidades autónomas para la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La carta del departamento que dirige María Jesús Montero cita a los consejeros autonómicos de Hacienda para el miércoles 26 de febrero. Y aunque no hay orden del día, uno de los puntos que con seguridad se abordará es la condonación parcial de la deuda contraída por las CCAA a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Fue Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre en Santander, quien adelantó que convocaría en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para "impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las CCAA del régimen común". La convocatoria llega el penúltimo día de enero para una reunión que se producirá dentro de un mes. En concreto, apenas unos días más tarde del 15º Congreso del PSOE de Andalucía, el que se celebrará en Armilla (Granada) el 22 y 23 de febrero y el que entronizará a Montero como nueva jefa de la federación. Ella ya fue proclamada como nueva baronesa autonómica —su único rival, el catedrático Luis Ángel Hierro, se retiró por no alcanzar el umbral de apoyos necesarios (el aval del 12% del censo)—, pero será el cónclave granadino el que elegirá los nuevos órganos de dirección regionales. Entre ellos, la nueva ejecutiva liderada por la vicepresidenta Montero.

La condonación de la deuda fue un compromiso del PSOE con ERC para la investidura de Sánchez, pero el Gobierno dijo siempre que la haría extensible al resto de comunidades. Ahora el PP debe decidir

La reunión del CPFF del 26 de febrero, adelantada por El País y confirmada por este diario, abordará prioritariamente la quita de la deuda autonómica. Un compromiso que ya adquirió el PSOE con ERC para la investidura de Sánchez, y que supondrá la condonación de unos 15.000 millones de euros a la Generalitat. Pero ya en aquel momento, noviembre de 2023, el Ejecutivo se comprometió a extender la medida a todas aquellas CCAA que quisieran. En un mes llegará el momento y los gobiernos autonómicos, 11 de ellos presididos por los populares (más Ceuta y Melilla), y uno más participado por ellos (Canarias), tendrán que decidir si se acogen o no a esa quita parcial de su agujero fiscal. Es un caramelo demasiado poderoso y no todos los barones del PP lo rechazan con la contundencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de Hacienda señalan que con seguridad se abordará en la reunión del 26 de febrero la cuestión de la deuda. Pero también podrían ponerse sobre la mesa otras carpetas pendientes. La más obvia es la aprobación de una nueva senda de estabilidad: los objetivos de estabilidad diseñados por el Gobierno para el periodo 2025-2027 fueron tumbados por PP, Vox y Junts en julio y a la segunda, en septiembre, el Ejecutivo los retiró para buscar un acuerdo con los posconvergentes que, de momento, no ha cuajado. La senda es considerada como la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado.

También está abierto un melón mucho más difícil, el de la reforma del modelo de financiación autonómica. Sánchez ha prometido más recursos para todas las CCAA y el reconocimiento de las singularidades, pero aún no se ha avanzado nada, tampoco sobre el despliegue de la financiación singular para Cataluña.

El Ejecutivo retiró la senda de estabilidad en septiembre, tras ser tumbada primero en julio, para buscar un acuerdo con Junts que aún no ha cuajado

El real decreto ley ómnibus (el 9/2024), derogado por el Congreso el pasado 22 de enero, contenía las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Pero el nuevo decreto (el 1/2025), el aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros tras el pacto con Junts y que será convalidado por la Cámara baja incluso con el voto a favor del PP, no contiene esos recursos extra para las CCAA. Son 9.675,2 millones —casi 10.000, por tanto— que los gobiernos autonómicos han perdido por ahora. El presidente aseguró que pretende recuperar el paquete económico desgajado del ómnibus, también muy importante, "en las próximas semanas". Pero aún no hay fecha y los votos no están amarrados, aunque los socialistas confían en poder atraer a los posconvergentes. Estos ya avisaron el martes de que no comparten la actualización de las entregas a cuenta "sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña".