La Guardia Civil cree que uno de los mensajes interceptados en el móvil del empresario Víctor de Aldama puede dar veracidad a las declaraciones que su socia, Carmen Pano, hizo en noviembre de 2024 cuando aseguró en distintos medios haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid). Unas palabras que reafirmó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado cuando fue detenida el 16 de diciembre en el marco de la investigación de la trama de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional.

Así se desprende de uno de los informes de la UCO que constan en el sumario y al que ha tenido acceso El Independiente. Fue fechado el 18 de diciembre del año pasado, dos días después de la detención de Pano. En concreto, los agentes se refieren a un mensaje que Aldama le envió menos de un mes antes, el 28 de noviembre, en el que le remite una noticia de 'El Español' con este titular: "La empresaria Carmen Pano asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama". A continuación, le dice: "Espero que tengas pruebas Carmen".

De estas palabras los agentes extraen la conclusión de que Aldama no está negando que la entrega se produjera siguiendo sus instrucciones, sino que simplemente le insta a que aporte pruebas de lo que ha dicho. "No se desprende negación, lo que podría evidenciar su participación e implicación en lo relatado por María del Carmen Pano", subraya la UCO. Ella, tres minutos después, le responde: "Buenos días Víctor, creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente. Y añade: "Llevo mucho tiempo viéndome en los medios".

En su escrito, la Guardia Civil explica que la trama de hidrocarburos estaba encabezada por Aldama y su socio Claudio Rivas, que eran los administradores de hecho de las empresas 'Have Got Time' y 'Combustibles Lucinala', vinculadas al sector pretolífero y que fueron utilizadas "con un claro propósito instrumental" no solo para posibilitar el perfeccionamiento de delitos contra la Hacienda Pública, sino también para obtener fondos con los que financiar la ejecución "de otras operativas criminales".

Pero además, pone de relieve el papel que realizaron como administradores de derecho de estas compañías tanto Carmen Pano en 'Have Got Time' como su hija Leonor Pano y Carlos del Castillo en 'Combustibles Lucinala'. También destaca a Alberto Escolano como la mano derecha de Aldama en la constitución de la estructura instrumental. Subraya que estas dos empresas eran "piezas fundamentales" para la evolución societaria de la organización criminal, que fundamentaba su actividad en la operadora Villafuel después de que ésta consiguiera la licencia para operar hidrocarburos en el mercado minorista. El Instituto Armado cifra el fraude en 182.513.923 euros entre noviembre de 2022 y febrero de 2024.

Carmen Pano aseguró a la UCO que fue ella quien puso en contacto a los dos cabecillas de la banda. En 2020, según se recoge en este informe de la Benemérita, Aldama tenía una deuda de un millón y medio de euros por un negocio de restauración que poseía junto a unos socios en Madrid, en el complejo de las Cuatro Torres. Pidió ayuda a Pano, a la que conocía desde hacía años, para buscar a alguien que estuviera interesado en invertir en él. Ella, que sabía que Rivas estaba buscando invertir, les puso en contacto, y estuvo presente en la primera reunión que mantuvieron "a finales de agosto o principios de septiembre de 2020", en la que Aldama le transmitió que tenía unos contactos "muy estrechos" con el Gobierno y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle "en lo que requiriera". A partir de entonces, comenzó una relación de negocios entre ambos donde Pano ejercía como "intermediaria". El objetivo final de Rivas, más allá de invertir en restaurantes, era conseguir la licencia de operador para Villafuel.

El día de su detención la empresaria explicó a los agentes que los 90.000 euros se entregaron en dos tandas en octubre de 2020. Relató que, a mediados mes, tras entregar 45.000 euros en efectivo a Aldama en su despacho, éste le pidió "ante la ausencia de trabajadores de su confianza" que llevase el dinero a la sede del PSOE. Ella accedió, y lo entregó empaquetado en una bolsa de plástico que a su vez introdujo en una de papel, y se lo dio a un hombre que la recibió en la segunda planta de Ferraz.

La segunda entrega se produjo a finales de mes. Dio el dinero a la misma persona, también en la segunda planta, aunque en esta ocasión se produjo un día después de lo previsto porque, según indicó Pano, detectaron que faltaban 10.000 euros y tuvieron que esperar a que Claudio Rivas completara el importe.

Pano declarará como testigo en el 'caso Koldo'

El juez que instruye la causa de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como imputadas el próximo 19 de marzo tanto a Carmen Pano como a su hija Leonor. Sus testimonios serán importantes para esclarecer si el magistrado da credibilidad a las entregas de dinero en Ferraz, un hecho que desde el PSOE se ha negado desde el principio. No obstante, no será la única vez que tengan que ir a la Audiencia, puesto que también tendrán que declarar, aunque en este caso como testigos, en el marco del 'caso Koldo', que investiga Ismael Moreno, y que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García, y al propio Aldama.

Aunque en un principio Moreno rechazó citarlas, los tres miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le corrigieron tras estimar el recurso que interpuso la asociación Iustitia Europea, que está personada en el procedimiento como acusación popular, que argumentaba que la declaración de ambas tiene relevancia. Sostienen que es necesario que comparezcan por la relación que mantenían con Aldama y por como él les facilitó las entrevistas con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel tras realizar las entregas de dinero en Ferraz.

"Toda tarea instructora tiene por finalidad el acopio de los elementos necesarios para la preparación de juicio oral, esto es, la fijación de hechos y la determinación de los sujetos", explicaron los jueces, que también remarcaron que el magistrado no dio el visto bueno puesto que antes quería que se verificara si en los dispositivos requisados había algún dato que permitiera dar verosimilitud a las afirmaciones que había hecho Pano.

Pero la Sala entiende que la corroboración debe ser posterior a las manifestaciones de los testigos, y que una vez se produzcan se proceda al análisis de ellas. Asimismo, indicaron que la declaración de ambas puede ser "útil y proteica" para la investigación puesto que las dos están relacionadas con "alguno" de los investigados en sus actividades mercantiles. "El hecho de que alguna de las testigos propuestas pudiera adquirir la condición de investigada a tenor del contenido de su declaración no es óbice para que se acuerde su declaración en calidad de testigo", remarcaron.