El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido imputar a la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios al haber ayudado presuntamente a la mujer del presidente del Gobierno a desarrollar sus actividades privadas, siendo ella un cargo público. El magistrado pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe su tráfico de llamadas.

Según un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, Peinado considera que "de las diligencias hasta ahora practicadas, en conjunción con la declaración testifical de Dña. Cristina Álvarez Fernández, permiten colegir la participación la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a María Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado". Esta no es la primera vez que el magistrado convierte a un testigo en imputado, lo hizo también, por ejemplo, con Juan Carlos Barrabés, el empresario al que Gómez firmó una carta de recomendación para conseguir un contrato público o con el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

El juez despacha en dos folios la imputación de la directora de Planes en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno sin explicar exactamente cuáles han sido los indicios determinantes para este cambio de postura, si bien la declaración de Álvarez como testigo versó sobre su actuación como ayudante de Begoña Gómez en sus actividades privadas, pero con un sueldo público. Ella es asesora de La Moncloa y cobra del Ministerio de la Presidencia, es persona de confianza de la mujer del jefe del Gobierno, pero lo que el magistrado quiere analizar es cuál fue su intervención en las actividades privadas de Gómez. Así se lo pidió la acusación popular Hazte Oír.

Peinado pide la Guardia Civil "el registro de llamadas realizadas y recibidas por la Sra. Álvarez desde su nombramiento hasta día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados a Barrabés y a su grupo". El magistrado pretende así unir todos los puntos de la investigación, es decir, saber si Álvarez intervino en el desarrollo del Máster de Trasformación Social Competitiva que co-dirigía Gómez y en sus actividades vinculadas al empresario Barrabés.

También quiere el tráfico de conversaciones vinculadas al Instituto de Empresa, al IE África Center, a la OMT, a la Fundación Manpower, a Arsys Internet; a Indra Sistemas S.A., a Google y a Telefónica, que participaron en la creación de un software que iba a estar vinculado al máster que la mujer del presidente impartía; y a los patrocinadores de esta enseñanza que fueron la fundación La Caixa y Reale Seguros, además de "cualquier otra entidad o mercantil que patrocidara los másters o cátedras en los que participó la sra. Begoña Gómez".

Álvarez tendrá que volver a declarar como investigada el próximo 28 de febrero a las nueve y media de la mañana. En su testifical el pasado 20 de diciembre explicó que ella era amiga de Gómez antes de llegar a La Moncloa y en ocasiones le "hacía favores" como buscar alumnos para el máster. Señaló que entre sus funciones estaba la de controlar la agenda de la mujer del presidente o ponerse en contacto con las unidades de Seguridad en función de dónde se fueran a desplazar. En la causa se han intervenido correos desde su email personal

Además, el instructor ha reubicado las testificales de las empresas que quedaron pendientes hace unas semanas (Google, Indra y Telefónica) para el día 26 y ha citado el mismo día a dos trabajadoras de la Complutense: la interventora, María Elivar Gutiérrez y la 'número dos' de la cátedra, Blanca María de Juan.