"Hoy es un día histórico", se da vida a "un proyecto de país que sirve para modernizar España". El Gobierno revistió de toda la solemnidad y pompa posibles la aprobación en Consejo de Ministros de uno de los hitos de la legislatura, el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Pero el de este martes solo era, en realidad, el primer paso. Porque falta primero que los órganos consultivos emitan su informe no vinculante, que el texto regrese al Ejecutivo y que este, tras introducir pequeños cambios, lo remita al Congreso para su tramitación parlamentaria. Y ahí llegará la hora de la verdad, porque no está claro que la norma vaya a disponer de los apoyos necesarios. En absoluto. Junts, el socio imprescindible para todas las votaciones, se opone tajantemente y es la formación que recibe una influencia directa de la patronal catalana, Foment del Treball. El Gobierno añade una carpeta más a las negociaciones pendientes con los posconvergentes, una que no se resolverá de manera inminente y que ni siquiera tiene garantizado el éxito. Entretanto, los dos socios de la coalición miran al PP, para que vaya sufriendo el desgaste de decir no, replicando la estrategia seguida con el decreto de revalorización de pensiones, arrojando a Alberto Núñez Feijóo el argumento de que la medida afectará a más de 12 millones de personas en todo el país. De que esta es una reforma muy profunda que transformará la vida de la gente y su disfrute del tiempo por primera vez en más de cuarenta años, los que lleva en vigor la jornada de 40 horas semanales.

Tras semanas de tira y afloja entre Trabajo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz, y Economía, la cartera de Carlos Cuerpo, ambos llegaron a un acuerdo que sellaron primero hace una semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el pasado 27 de enero, y que se elevó este 4 de febrero al Consejo de Ministros. El Ejecutivo dio así el visto bueno al texto que habían consensuado previamente Trabajo y los sindicatos, sin el visto bueno de la patronal. Sin cambiar una coma, para respetar precisamente el acuerdo bipartito. El anteproyecto de ley puede sufrir "correcciones técnicas" tras su paso por los órganos consultivos, pero nada más, según precisó en la comparecencia posterior a la reunión ordinaria del Gabinete la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Las dos partes del Gobierno se han conjurado para que el texto llegue al Congreso con la redacción pactada con CCOO y UGT, tras 11 meses de negociaciones en el marco del diálogo social.

Cuerpo y Alegría admiten que las conversaciones con los convergentes son "complejas". Díaz arroja algo más de optimismo y prevé un debate "más sencillo" porque la medida es "de la gente", no de los partidos

El Ejecutivo promete negociar con "todas las formaciones políticas", salvo Vox, y asume que tendrá que aceptar cambias para atraerse a la derecha parlamentaria. Díaz admitió que el Gobierno no irá "con líneas rojas" al diálogo con los grupos, porque solo se ponen por delante "cuando uno quiere fracasar". Cuerpo coincidió en que no es prudente marcar líneas rojas y reconoció que la negociación parlamentaria "no será fácil", aunque se pondrán "todos los esfuerzos" y se trabajará "con rigor y mucho respeto". "Las negociaciones con Junts son constantes y es bastante evidente que son complejas", certificó la ministra portavoz, Pilar Alegría. Algo más de optimismo arrojó Díaz: "Va a ser un debate más sencillo de lo que parece, siendo complejo, como decía la portavoz". La razón es la "fuerza sustancial" de la medida, el valor de la norma en sí misma, el recorte de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Una medida, subrayó, que es "de la gente, no de las formaciones políticas", porque es aceptada transversalmente, incluso entre los votantes del PP.

De ahí que sobre todo la vicepresidenta segunda incidiera en su exposición en que la negociación también concierne a los populares, porque sus electores también comparten la reducción. Preguntó directamente al PP si "va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país", incluidos sus votantes que "también quieren ver reducida la jornada laboral", "o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral", a la que se opuso. La titular de Trabajo recordó que este debate "ya fue al Congreso", antes de que se elaborase el texto legal, "y el PP se abstuvo".

Díaz pregunta al PP si "va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país", incluidos sus votantes que "también quieren ver reducida la jornada laboral", "o va a cometer el mismo error que con la reforma laboral"

Díaz miró repetidamente a los populares, porque el "problema" que tiene España es una oposición "absolutamente destructiva, que no aporta nada a su país", que "son los del no, por no decir el vodevil que vimos la semana pasada". Un aguijonazo a Feijóo, para recordarle cómo votó en contra, el 22 de enero, del primer real decreto ley ómnibus —el que contenía la subida de las pensiones, los descuentos al transporte, el escudo social y un paquete de medidas económicas—, para después virar al sí con el segundo decreto, el ómnibus mutilado que el Gobierno pactó con Junts. La vicepresidenta concedió que todos los partidos tienen "derecho a rectificar", pero "uno tiene que ser útil a su país". El PP tiene delante, siguió, "un gran debate porque demoscópicamente sus votantes son trabajadores y también pueden verse beneficiados por la reducción de la jornada laboral".

Es la misma estrategia que el Ejecutivo puso en marcha cuando decayó por primera vez el decreto ómnibus. Presión a los populares. Pero en realidad a quien el Gobierno mira es a Junts. Y su posición es dura, durísima. El domingo, Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes, reprochó a Díaz que no se haya "sentado a negociar" la reducción de la jornada laboral con ellos, solo les han "enviado palomas mensajeras". El dos de Carles Puigdemont aseguró que su partido no ha decidido aún su voto, pero sí adelantó que su formación será "sensible" a cómo la medida puede "afectar a las pymes".

Junts ha reprochado a la vicepresidenta que no se haya "sentado a negociar con ellos". "Cuando una medida está ganada en la calle, es muy difícil buscar razones para tumbarla", responde ella

Díaz no dio pistas de cómo convencerá a Junts, pero recordó que Cataluña, por su tejido empresarial propio, también será una de las comunidades más "beneficiadas" por la rebaja. Y, como al PP, avisó a los posconvergentes de que "cuando una medida está ganada en la calle" y lo está, a ojos del Gobierno, la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, "es muy difícil buscar razones para tumbarla".

"Bastante avanzados" los trabajos sobre inmigración

La negociación con Junts se tendrá que poner a la cola. Porque ahora el Gobierno sigue conversando sobre la delegación "integral" de las competencias migratorias. Alegría indicó que el diálogo en esta materia está "bastante avanzado", pero fuentes de la Moncloa precisaron que no es inminente el acuerdo. Los escollos están en los mismos puntos que hace semanas. Los posconvergentes reclaman un traspaso total, lo que incluye facultades muy sensibles para el Ejecutivo, como el control de fronteras, la gestión de las expulsiones, la concesión del NIE (Número de Identidad de Extranjero) y de la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero). El Ejecutivo está estudiando las fórmulas existentes en otros países, el Derecho comparado, y singularmente se fija, como relatan a este diario fuentes conocedoras de las negociaciones, en el ejemplo de Baviera, land alemán que cuenta con policía de frontera y vastas competencias migratorias, aunque la última palabra sigue recayendo en las autoridades federales.

En el Ejecutivo indican que siguen los contactos para el traspaso de las competencias migratorias. En paralelo están sobre la mesa el paquete económico, la senda, las entregas a cuenta y los Presupuestos

Casi en paralelo sigue el diálogo sobre la senda de estabilidad, asunto pendiente desde el pasado septiembre. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el 26 de febrero, en principio para abordar otro asunto clave, la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Y del segundo decreto ómnibus, el que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de enero y que el Congreso convalidará previsiblemente el próximo 12 de febrero, se cayeron las entregas a cuenta de las CCAA. Junts relaciona este asunto con los objetivos de déficit, pues reclama que estos sean más generosos para los gobiernos autonómicos. Ya lo recordó la semana pasada, cuando dio el visto bueno al segundo ómnibus, que dejaba fuera el paquete de medidas económicas, otro expediente abierto y que la Moncloa quiere desencallar pronto.

A su vez, la negociación de la senda es la antesala de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno sigue defendiendo que perseguirá disponer de unas nuevas cuentas públicas, pero en las últimas semanas está reforzando el argumento de que no sería problemático continuar con los PGE prorrogados de 2023, pues están permitiendo que España siga creciendo y cree empleo —este martes el Ejecutivo elevó las previsiones de crecimiento, hasta el 2,6% para 2025—.

Partido a partido", señalan en el equipo del presidente, "el paquete económico, por ejemplo, va ligado a la senda y a las entregas a cuenta. Y la senda precede a los Presupuestos. Todo son puzles que no puedes planificar"

La reducción de la jornada laboral será una carpeta más dentro de todas las pendientes que tiene Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Pero todavía no están claros los plazos. Los tiempos. "Partido a partido —señalan en el equipo del presidente—. El paquete económico, por ejemplo, va ligado a la senda y a las entregas a cuenta. Y la senda precede a los Presupuestos. Todo son puzles que no puedes planificar". Un complicado rompecabezas pero que al final, insisten los socialistas, acaba resolviéndose. Muy poco a poco, eso sí.

Y para la rebaja de la jornada laboral quedan meses. Bastantes meses. El horizonte favorito para el Ejecutivo sería que viese la luz de las Cortes antes del verano. Pero Díaz no quiso afinar: ponerse plazos es "preclusivo". Desde el entorno de la vicepresidenta señalaban que la influencia de la patronal puede ser más limitada de lo que podría pensarse: con la reforma laboral, empujó a favor del sí, porque estaba pactada con sindicatos y Gobierno, y no cedió el PP.

En el proyecto están "todos", PSOE y Sumar

Pero no era este martes el momento para el Gobierno de pensar en negativo. Díaz y Cuerpo, arropados por la portavoz, estaban allí para vender el acuerdo de la coalición, que costó mucho conseguir. Hace apenas unas semanas, la vicepresidenta llegó a tildar a su compañero de Economía de "mala persona" por respaldar los argumentos de la patronal y no llevar el acuerdo alcanzado con los sindicatos a la CDGAE. Ambos ministros, sin embargo, exhibieron en la rueda de prensa complicidad. Esta "diferencia tan apasionante" la han logrado resolver, señaló Díaz, "con mucho amor y mucha síntesis", y también con más política, "cumpliendo los acuerdos de gobierno" que se firmaron para construir la coalición. El titular de Economía agregó que ambos compartían la necesidad de "avanzar hacia la reducción de la jornada laboral y de hacerlo lo más rápidamente posible". La receta en toda negociación, remató, es "prudencia, responsabilidad, rigor y mucho respeto".

Díaz y Cuerpo visibilizan el acuerdo tras semanas de tensiones: se ha llegado al pacto "con mucho amor y mucha síntesis", también con más política, glosa la ministra. El titular de Economía señala que su objetivo también es avanzar y hacerlo rápidamente

Para apuntalar esa unidad, Alegría recalcó que el recorte de la jornada es "un proyecto de gobierno y de país", y en él están "todos", PSOE y Sumar. "Hoy es un día histórico y damos un paso adelante fundamental. Esta apuesta la vamos a hacer con ganas y con determinación" para que recabe los apoyos parlamentarios suficientes, continuó. "La transformación que va a irrogar esta reducción de la jornada laboral es un proyecto de país, que sirve para modernizar España", glosó Díaz. Es una reforma "cotidiana" que "hace que la vida real cambie", concediendo "esperanza a los trabajadores y mejorando la vida de la gente".

Esa palanca es a la que se aferra el Gobierno para conseguir los apoyos necesarios a una medida estrella de la legislatura. El motor, por tanto, de la popularidad y transversalidad de una iniciativa que pondrá fin a 42 años sin cambios en la jornada laboral —fue en 1983 cuando se fijó la de 40 horas semanales—, y que llegará, si se aprueba, 106 años después de la huelga de La Canadiense, tras la que se consiguió la jornada de ocho horas, situando a España como un país pionero en el mundo. Pero aunque el Gobierno lo celebraba este martes como un triunfo, quedan muchas páginas hasta alcanzar el BOE y hacerla efectiva.