El juez Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, asume gran parte de la versión que durante los últimos meses ha ido desgranando el empresario Víctor de Aldama, que junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, es el principal investigado en la causa. Así se desprende del escrito que el alto tribunal emitió este miércoles, donde el magistrado ha ordenado una batería de diligencias basadas en las acusaciones de Aldama, que incluyen la citación como testigo del jefe de gabinete de la ministra de Hacienda a quien el comisionista asegura haber sobornado, o la petición a la Guardia Civil de conversaciones entre los miembros de la trama y personas del Gobierno del PSOE.

El comisionista, a través de escritos y declaraciones tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, ha ido vertiendo diversas acusaciones contra personas del círculo directo de Ábalos y de la cúpula del partido socialista sobre las que ahora, el instructor, pone el foco. En concreto, Aldama señaló al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, asegurando que le entregó una comisión de 15.000 euros, y a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, que sostiene que le pidió 50.000 euros en el marco de unas gestiones para la adquisición de material sanitario cuando era presidente de Canarias.

Para tratar de indagar en la relación que ha tenido Aldama con ellos, el juez le ha pedido un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se incluyan "con especial referencia" los mensajes que el empresario y Koldo se hayan podido intercambiar con Torres, Cerdán "o cualquier otra persona que esté aforada en el Supremo". Por el momento, el juez ha decidido no citar al diputado y al ministro a declarar. Ha requerido a Aldama, eso sí, que aporte en un plazo de diez días la lista de los pisos que asegura haber facilitado en Madrid para encuentros con mujeres en los que, según su relato, participó Torres junto a Koldo y Ábalos.

Con esta petición, el magistrado da veracidad a esa declaración de Aldama que, por el momento, no ha aportado pruebas sobre las acusaciones. El juez hace, incluso, referencias a las "señoritas" con las que los miembros del Gobierno de entonces pudieron estar en esos inmuebles. Puente pide, por tanto, los documentos que apuntalen estas acusaciones que en ningún momento desdeña, como sí ha hecho el Ejecutivo que ha pretendido dejar a Aldama como un mentiroso desde el inicio.

Al que sí ha citado como testigo es al director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno. El empresario mantiene que se sirvió de su relación con él para obtener favores fiscales y a cambio le hizo llegar un sobre con 25.000 euros para la entrada de una casa que quería comprarse. Sobre esto, Aldama sí que ha avanzado en la búsqueda de pruebas en su teléfono móvil y la semana pasada aportó un mensaje a la causa de una conversación con Moreno, en el que le indicaba cómo quería aplazar la deuda de una de sus empresas. El PSOE, mientras tanto, ha intentado sin éxito que Aldama regresara a prisión provisional.

El hijo de Ábalos

Al juez no le ha bastado con citar a Ábalos como investigado, sino que ha ido un paso más allá al requerir a la UCO un análisis del patrimonio tanto del exministro como de su hijo, Víctor Ábalos, que hasta ahora había estado ajeno totalmente a esta causa. Aldama aseguró que había cobrado unas comisiones que camufló en el extranjero y el que fuera responsable de Transportes ha salido siempre a enfrentarse con todo aquel que quisiera involucrar a su hijo en los hechos. Pero ahora es el propio juez, el que cita a Víctor Ábalos a declarar como testigo. Puente quiere saber el dinero que tienen en el banco, los inmuebles a su nombre y las sociedades de las que forman parte.

Por su parte, el exministro ha sido citado el próximo 18 de febrero, el mismo día en el que volverá al Supremo Koldo García, que deberá realizar una prueba pericial caligráfica para comprobar si su letra coincide con las anotaciones manuscritas que aportó Aldama en el alto tribunal, que se incluían dentro de unos documentos que mostraban la presunta adjudicación irregular por parte Transportes a empresas de obras millonarias en autovías tras el pago de comisiones. Koldo dijo que no reconocía su letra en esos papeles, pero, de nuevo, el juez duda más de la versión de Koldo que de la de Aldama y requiere una prueba de escritura.

También han sido llamados tres exaltos cargos del Ministerio -el exsubdirector de Carreteras Javier Herrero, la exdirectora de ADIF Isabel Pardo de Vera y el que era oficial mayor de Transportes Alejandro de las Alas Pumariño-, que previsiblemente tendrán que responder preguntas sobre las adjudicaciones.

El alquiler de los pisos

En total, Puente ha citado a 17 testigos entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Además de los ya mencionados, ha llamado también a la antigua pareja del exministro Jessica Rodríguez y a la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor Pano. Con su testimonio, el juez buscará arrojar luz sobre los pisos que Aldama, presuntamente, alquiló para que fueran utilizados por Ábalos como pago por las adjudicaciones que recibía por parte del Ministerio.

El empresario afirma haber sufragado hasta tres inmuebles para el exministro: el piso en Torre Madrid, donde vivió durante un tiempo Rodríguez; el chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que Ábalos usó durante un verano; y el piso en el número 164 del Paseo de la Castellana, que el político nunca llegó a utilizar. Según relató Aldama, el chalé de Cádiz fue alquilado a través de su empresa Have Got Time S.L., que dirigían Carmen Pano y su hija.

Asimismo, el magistrado ha requerido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que encabeza ahora Óscar Puente, que informe sobre los viajes oficiales en los que Jessica, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022, pudiera haber acompañado a Ábalos, así como el número de cuenta desde el que se abonaron los gastos que generó su presencia en los desplazamientos. También ha pedido que se identifique a las personas que la contrataron para las empresas públicas Ineco y Tragsatec.