Es un fraude que no para de crecer. Cuando Italia acabó con él, empezó a aparecer en España. Y con la figura del intermediario Víctor de Aldama ha terminado por copar titulares. Las tramas de hidrocarburos, que buscan no pagar el IVA del fuel, se amontonan en la Audiencia Nacional. La última, la destapa este miércoles por El Independiente.

El pasado martes por la mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) se desplegó por varias provincias. Desde las siete de la mañana comenzaron los registros, según fuentes conocedoras. El número de detenidos no ha trascendido, pero hay 22 personas investigadas y 34 empresas entre los informes de los agentes. Los investigadoren elevan el presunto fraude hasta los 184 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se ha hecho cargo de las pesquisas y la Fiscalía Anticorrupción lleva las riendas de la investigación. Lo previsible es que los detenidos pasen a disposición judicial en los próximos días.

Las principales empresas investigadas son Omega fuels y R5 Energía Power, según pudo confirmar este periódico. El instructor ha decretado el embargo de 32 inmuebles y de unos 20 vehículos. Aunque no se sabe cuántos de los detenidos pasarán a disposición judicial, las fuentes consultadas señalan que hay dos personas conectadas con la empresa Gaslow, inmersa en otra investigación que contó en primicia El Independiente.

Gaslow, 'Los Miami' y millones defraudados

El caso de Gaslow, con el paso de las semanas, se ha convertido en una suerte de embrión del conocido como caso hidrocarburos, en la que se investiga a la empresa Villafuel. A ambas empresas las une Claudio Rivas, cabecilla para la UCO y socio de Víctor de Aldama. En una de las conversaciones intervenidas también aparece el nombre de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.

En el sumario aparecen conversaciones con Roberto Alcázar, alias de un capitán de la Guardia Civil. Gaslow pasó de vender 81,68 millones de litros en 2018 a 335 millones un año después. Otra empresa, Nascor, pasó de 5,7 a 143 millones, un 2508% más. Uno confidente llegó a decir: "Este mes van a hacer cerca de 80 millones. Esos litros no los vende ni Cepsa. Con la que está cayendo".

Entre los investigados destaca un nombre: Antonio Rodríguez Estepa. Este empresario ha sido detenido, al menos, en dos ocasiones (2013 y 2016) por formar parte de organizaciones criminales vinculadas al sector de los hidrocarburos y sigue imputado en la Audiencia Nacional. En el primer arresto colaboró con los investigadores para encontrar millones escondidos por una empresa en Hong Kong. Los agentes lo describen como la persona que "dominaría toda la cadena comercial implementada para la realización del presunto fraude e, incluso, dispone de gasolineras para su venta al consumidor final".

En abril de 2020, a la Guardia Civil le llega una información sobre Rodríguez Estepa: está relacionándose con personas vinculadas a Los Miami, una organización condenada por tráfico de droga. Según fuentes jurídicas, uno de los nombres que les han dado tiene antecedentes por cohecho, delito de descubrimiento y revelación de secretos, extorsión y coordinación de organización criminal. Por eso, la UCO da credibilidad a esta información.

El "monotema" de Aldama

La tercera gran operación contra el fraude de hidrocarburos es la que implica al "monotema" de Víctor de Aldama, como lo llaman con sorna algunos agentes. En ella se investiga un posible daño a la hacienda pública de 182 millones de euros, muy similar a la destapada este miércoles. La dinámica del fraude es siempre similar. "Y los nombres que aparecen en los casos también".

Una distribuidora consigue el permiso para vender al por mayor. Entonces venden el fuel a empresas intermediarias que acabanrevendiéndolos a las suministradoras. La clave está en dos cosas: tanto la primera como la segunda empresa están controladas por la trada. Y, también, que las segundas compañías son las encargadas de reportar el IVA que cobran al usuario final. Tienen un plazo de tiempo para hacerlo, pero cuando Hacienda va a reclamarles el pago de impuestos descubren que se han disuelto. Es decir, que no hay a quien pedirle el dinero.

Esta causa se cruza con el caso Koldo, donde se investigan presuntos contratos de material sanitario durante la pandemia a cambio de mordidas. Aparece, como no, Aldama y Claudio Rivas. De las pesquisas de la Guardia Civil se adivina que el conseguidor intermedió, de alguna forma, para conseguir la licencia para vender al por mayor de Villafuel, la empresa de Rivas.

En la parte en la que se investiga a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo se investiga si, como contrapartida para conseguir la licencia, Villafuel compró una vivienda en Cádiz para el disfrute del exministro por algo más de medio millón de euros.

Según publicó este medio, por el momento hay unas ocho causas abiertas en la Audiencia Nacional. Sólo en estas tres el fraude ronda los 400 millones de euros. Según el sector el fraude total podría llegar hasta los 2.000 millones en el pago del IVA en nuestro país.