El Gobierno evita poner fecha al pacto migratorio porque Junts sigue en posiciones "de máximos"

El Ejecutivo lleva semanas insistiendo en que el acuerdo con Junts para la delegación de las competencias migratorias está muy avanzado. Que el pacto está muy cercano. Y lo está, porque socialistas y posconvergentes han aproximado posturas en la mayor parte de la letra pequeña. Pero no han logrado salir del atasco en cuestiones claves y que materializarían ese traspaso "integral" que exige la formación de Carles Puigdemont: control de los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios, capacidad de emisión de los expedientes sancionadores, también de expulsión, expedición de los NIE (los números de identidad de extranjeros) y las TIE (tarjetas de identidad de extranjeros) y gestión de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Posiciones que el Gobierno califica "de máximos" y que, al menos por el momento, ve inasumibles. El acuerdo migratorio, aseguran en la Moncloa, llegará "pronto", pero no hay precisión de fechas. En el horizonte asomaría un posible deadline, el día al que Junts lleve al pleno del Congreso el debate sobre la petición de cuestión de confianza al presidente del Gobierno, y se barajan dos fechas por ahora: o el 25 de febrero o el 11 de marzo.

Los socialistas aplican el silencio total a las negociaciones y no dan cuentas de cuál es el estado actualizado de las conversaciones y dónde están los puntos críticos. Han dejado que, en todo caso, sean los posconvergentes los que desciendan al detalle. Ellos lo han hecho, y este mismo miércoles el secretario general del partido, Jordi Turull, lo contaba en Cafè d'idees (La 2 de TVE y Ràdio 4). El número dos de Puigdemont recalcaba que, en efecto, "todo a punto no está" para el acuerdo de traspaso. "Es la diferencia entre una gestión integral o formal, sería aquello de Madrid hace la política y nosotros los papeles". "Integral es integral, no casi integral", ha venido repitiendo en estas semanas la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras.

"Todo a punto no está" para el acuerdo de traspaso, advierte Turrull. "Es la diferencia entre una gestión integral o formal, sería aquello de Madrid hace la política y nosotros los papeles", precisa

Turull describió las "tres cosas importantes" que su partido considera imprescindibles para alcanzar el pacto para la delegación de competencias sobre inmigración. Primero, que la Generalitat sea la "institución de referencia absoluta" para los inmigrantes "en derechos y deberes". Dos, que Cataluña pueda expedir los documentos de identificación (NIE y TIE) y tener la facultad de firmar expedientes sancionadores, también de expulsión. Tres, que sean los Mossos los que puedan aplicar la ley y, por tanto, sean ellos los que conduzcan la gestión integral de la norma. Además, el secretario general del partido independentista exige tener las "herramientas" para la gestión integral de los CIE. Eso incluye que la Generalitat pueda incluso "cerrarlos" —"si los gestionas, los puedes cerrar"— o plantear una "alternativa" porque ahora mismo "es una vergüenza cómo están".

"Estamos ante un planteamiento de máximos", respondió desde Al rojo vivo (La Sexta) el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El ministro recordó que el Gobierno lleva negociando el traspaso desde hace meses con Junts y que ha hecho "varias propuestas" para salvar esos últimos escollos. Pero los posconvergentes, hasta el momento, no ceden, de ahí que hablase de posiciones "de máximos". ¿Pero son asumibles para el Ejecutivo esos planteamientos expresados por Turull? En estos momentos, quien lleva la negociación claramente sabe que cualquier acuerdo que se tome tendrá que estar dentro de la Constitución, y hay planteamientos que entendemos que la exceden", respondió.

El ministro Torres señala que hay planteamientos de Junts que "exceden" la Constitución y recuerda que el acuerdo "necesitará una mayoría cualificada" en el Congreso para salir aprobado

Torres también enfatizó que cualquier pacto que alcancen con Junts tendrá que aterrizar en Congreso y Senado y, por tanto, "necesitará una mayoría cualificada". Una mayoría absoluta, dado que la delegación de competencias a una comunidad se instrumenta a través de una ley orgánica, que requiere del voto favorable de 176 diputados o más. Es decir, todos los socios de investidura de Pedro Sánchez tienen que compartir la redacción. También los aliados de izquierda, por tanto. El martes, sin ir más lejos, Sumar advirtió de que estará pendiente de la "letra pequeña" del eventual acuerdo, no tanto por la transferencia en sí, sino porque se ha de garantizar que las políticas migratorias en toda España respetan los derechos humanos, están "a favor de la gente más vulnerable". La precisión no es menor, porque la izquierda parlamentaria interpreta que la presión que Junts ejerce sobre el Ejecutivo para que ceda a la Generalitat la competencia migratoria obedece estrictamente a su competencia directa con la formación ultra e independentista Aliança Catalana, el partido que lidera la alcaldesa de Ripoll, la diputada autonómica Sílvia Orriols.

"Se informará con total transparencia"

La Moncloa, por el momento, se acoge a la reserva, aferrándose a su respuesta fetiche, la que emiten tanto los ministros como la dirección federal: las negociaciones son "discretas" y los acuerdos, "transparentes". Ese es el sempiterno escudo para no bajar jamás al detalle y preservar unas conversaciones con Junts siempre muy complicadas y siempre en el desfiladero. "Se han dado pasos y la cuestión está bastante avanzada, se trasladará y se informará con total transparencia", respondió el martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras la reunión ordinaria del Gabinete, cuando fue preguntada por el estado de los contactos en esta materia. "Evidentemente, creo que a ustedes tampoco se les escapa que toda negociación que llevemos con Junts o con el resto de los grupos parlamentarios siempre tiene un paraguas, que es la Constitución", garantizó.

Todas las negociaciones están abiertas y cada una es cada una, cada una lleva su ritmo y su avance", responden fuentes del Ejecutivo cuando se pregunta si el cierre del pacto migratorio está ligado a la solicitud de cuestión de confianza de los posconvergentes

"Habrá acuerdo pronto, pero ese pronto no tiene horizonte temporal", indican a este diario fuentes de la Moncloa. En el Ejecutivo ni siquiera se atreven a pronosticar si el pacto estará listo para antes del 25 de febrero. Para ese día Junts podría llevar a pleno su proposición no de ley por la que pide a Sánchez que "considere la oportunidad" de someterse a una cuestión de confianza. La siguiente ventana se abriría dos semanas más tarde, el 11 de marzo, aunque en todo momento la formación de Puigdemont puede retrasar el debate o incluso retirar la iniciativa. Los posconvergentes han reiterado desde diciembre que han perdido la "confianza" en el presidente porque no ha ido haciendo efectivos los acuerdos de investidura. Se duelen de que Sánchez no defienda ante los tribunales la ley de amnistía con el mismo ahínco con el que defiende a su mujer, Begoña Gómez, como expresaba Turull este miércoles en la tele. E insisten en que ha de cerrarse el acuerdo migratorio, que lleva pendiente más de un año, porque el PSOE se comprometió a esa delegación "integral" en enero de 2024, cuando tuvo que salvar in extremis otro real decreto ley ómnibus.

"Todas las negociaciones están abiertas y cada una es cada una, cada una lleva su ritmo y su avance", responden fuentes del Ejecutivo cuando se pregunta si el cierre del pacto migratorio está ligado a la solicitud de cuestión de confianza, si se busca sellar ese acuerdo antes para desactivar la proposición no de ley. "Todo está abierto ahora mismo, pero el acuerdo inminente no es. En absoluto", rubrican fuentes conocedoras de los contactos. En el Gobierno y en el Grupo Socialista en el Congreso hay quienes defienden que el presidente debe atar una cuestión tan estratégica e importante como la delegación de la política migratoria a algo más relevante que una moción parlamentaria: debe amarrarla, señalan, a los Presupuestos Generales del Estado, "una pieza de caza mayor, porque si no el precio a pagar por una simple proposición no de ley es altísimo".

Y es que, al menos hasta el momento —porque todo puede cambiar, y ya el presidente tuvo que desdecirse y ceder ante Junts para sacar adelante su segundo real decreto ley ómnibus, recortado respecto al que tumbó el Congreso el 22 de enero—, los socialistas no están por la labor de transigir con la exigencia de los de Puigdemont.

La Carta Magna atribuye al Estado la competencia "exclusiva" en "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", pero permite también delegar competencias suyas a las CCAA que "por su propia naturaleza" sean transferibles

El artículo 149.1.2ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia "exclusiva" en "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Pero a continuación, y con eso se queda Junts, el 150.2 indica que "el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". "La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado". Nogueras ha venido explicando que obra en su poder un informe —no ha precisado quién lo firma— que avala la total "flexibilidad" del 150.2, que deja claro que "no hay límites jurídicos", solo los hay "políticos", así que no habría problema para la transferencia integral de las políticas migratorias.

El Ejecutivo estudia el ejemplo de Baviera

Los ministerios que están negociando las cuestiones más técnicas son Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que pilota Elma Saiz. Lo que defiende el Gobierno es que aunque se puedan delegar competencias a las CCAA, hay facultades que no se pueden ceder. El problema, señala un dirigente muy experimentado en la técnica jurídica, es la inconcreción del 150.2, lo difusa que resulta la expresión "por su propia naturaleza", que es la que da alas a los posconvergentes.

La policía de frontera de Baviera controla el tráfico transfronterizo en los aeropuertos del estado salvo en Múnich y también lleva a cabo controles fronterizos en tierra "en consulta y con el consentimiento de la policía federal"

El Gobierno está estudiando el Derecho comparado, analizando fórmulas que funcionan en otros países de nuestro entorno. En concreto, se mira hacia Baviera. El rico estado del sur alemán cuenta con policía fronteriza desde 2018. El enfrentamiento entre la entonces canciller, Angela Merkel, y su ministro del Interior y jefe de los conservadores bávaros de la CSU, Horst Seehofer, a cuenta de la política migratoria, derivó en el acuerdo para el restablecimiento de un cuerpo policial que funcionó en el land hasta 1998. El acuerdo fue apoyado por la derecha —hegemónica en Baviera desde hace décadas— y criticado por los grupos de la oposición, entre otros los socialdemócratas, por populista. En 2018 todavía latían las consecuencias de las políticas de acogida de la población siria aprobadas por Merkel en la crisis migratoria de 2015.

La policía bávara "controla el tráfico transfronterizo en casi todas las instalaciones de tráfico aéreo de Baviera", y la única excepción "es el aeropuerto de Múnich, donde la policía federal es responsable de la protección de fronteras". Además, el cuerpo bávaro lleva a cabo controles fronterizos independientes temporales en la frontera terrestre con Austria, "en consulta y con el consentimiento de la policía federal". La policía estatal está autorizada a realizar registros en las zonas fronterizas y en las vías públicas (autopistas federales, carreteras europeas y otras vías de gran importancia para el tráfico transfronterizo) y en instalaciones públicas para el tráfico internacional. Ese modelo de cooperación, no obstante, se quedaría corto para Junts, si es que no se apea de las pretensiones que ha hecho públicas.

En el Ejecutivo señalan que el control de fronteras es una materia muy sensible, no solo por razones de seguridad, sino también de defensa nacional, y que por tanto no se puede desbordar ni la Constitución ni el Derecho comunitario

El Gobierno ha ofrecido la fórmula de que los Mossos trabajen de manera conjunta con Policía y Guardia Civil en los controles de fronteras. Pero en ese esquema la última palabra la seguiría teniendo el Ministerio del Interior, y es algo que los posconvergentes, a día de hoy, no aceptan. En el Ejecutivo señalan que el control de fronteras es una materia muy sensible, no solo por razones de seguridad, sino también de defensa nacional, y que por tanto no se puede desbordar ni la Constitución ni el Derecho comunitario. En el Consejo de Ministros los hay que piensan que Junts "va en serio" y no se arrugará, pero hasta ahora el propio presidente ha subrayado que siempre que ha podido haber dificultades se acaba encontrando el punto de acuerdo. Otra salida posible, aventura un integrante del Gabinete, es que se ceda a Cataluña la Administración de todas las políticas de interior y migratorias, sin darle la titularidad de esas competencias. Es lo que se hizo en Justicia bajo los gobiernos de José María Aznar.

Una delegación es reversible

La gestión de las expulsiones de inmigrantes se presenta muy problemática para el Gobierno. "Los NIE es un tema acordable, quizá con primacía de la Generalitat. El NIE no es más que un número, lo podrían compartir las dos administraciones", explican fuentes conocedoras de las conversaciones. Menos complejidad revisten las tarjetas de identidad, que podría conceder la Generalitat, igual que ocurre en todas las autonomías con la tarjeta sanitaria.

El artículo 138 del Estatut de 2006 no concede a la Generalitat las políticas integrales de inmigración, y el 164 tampoco otorga a los Mossos las funciones de control de fronteras

De cualquier modo, de lo que se habla en todo momento es de una delegación de competencias. Una delegación no es, jurídicamente, idéntica a un traspaso, porque la primera sí es reversible y, por tanto, el Estado —por ejemplo, si llegan al Gobierno PP y Vox— puede revocar esa cesión. En cambio, una transferencia consignada en un estatuto de autonomía no puede ser derogada de manera unilateral por las Cortes. En Euskadi, por ejemplo, desde esta semana la Ertzaintza ha asumido las competencias de prevención y seguridad que le otorga el Estatuto en puertos y aeropuertos vascos, en virtud del acuerdo alcanzado con el Estado el pasado verano. Un modelo que se ofreció también a Junts.

El artículo 138 del Estatut de Cataluña de 2006 no concede a la Generalitat las políticas integrales de inmigración, y de hecho el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2010, advirtió de que ese precepto debía interpretarse siempre bajo el prisma de que la competencia en inmigración es exclusiva del Estado. El artículo 164 define a su vez las funciones de los Mossos: la "seguridad ciudadana y el orden público", "la policía administrativa, que incluye la que deriva de la normativa estatal", y "la policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, en los términos establecidos por las leyes". No aparece el control de fronteras. Pero Junts prioriza el traspaso "integral". Y ya ha advertido de que sin él no abrirá las siguientes carpetas. Una de ellas es la más importante para el Ejecutivo, la de los Presupuestos. Todo sigue abierto, nada es seguro.