Salvo que el texto final que salga del trámite parlamentario recoja las reivindicaciones de la patronal y de la pequeña y mediana empresa, el PP votará en contra de la reducción de la jornada laboral, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes no sin dificultades entre los socios de Gobierno, hasta el punto de tener que intervenir Pedro Sánchez para suturar heridas. El argumento de los populares no difiere en esencia del que enarbolaban la vicepresidenta primera y el ministro de Economía, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, respectivamente, esto es, que una reforma de este calado exige del acuerdo de todos los agentes sociales, no solo el apoyo de las organizaciones sindicales.

Por ello, "mientras no haya acuerdo con los empresarios, que no nos busquen", afirman tajantes en el equipo económico de Génova, independientemente de la intención declarada de Díaz de hablar con todos los Grupos de Cámara. En estos momentos, aseguran las fuentes populares consultadas, los diputados del primer partido de la oposición "votaremos en contra" cuando el proyecto de ley pase por la Cámara Baja, cosa no pasará, como poco, hasta finales de febrero o inicios de marzo.

Los populares admiten que su rechazo responde al compromiso "adquirido con los empresarios"

El anteproyecto se está sometiendo a consideración de los órganos consultivos del Gobierno, en concreto, del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Una vez vertidas sus recomendaciones, no vinculantes en todo caso, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para remitirlo al Parlamento, donde se abre un periodo de negociaciones y posibles enmiendas al texto. Los populares admiten que su rechazo responde al compromiso "adquirido con los empresarios", por entender, entre otras cosas, que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "sólo puede aplicarse de manera seria con el acuerdo de los empleadores. De otra forma, no va a ningún lado. No pueden hacerlo como lo están haciendo".

De hecho, recuerdan que no son pocas las grandes empresas del país que aplican desde hace años reducciones de jornada previo acuerdo con los trabajadores, reforma de sus respectivos convenios y tras un proceso de negociación colectiva, no por la vía de la imposición. Las dificultades residen fundamentalmente en su aplicación por parte de las pequeñas y medianas empresas, con impedimentos objetivos para recortar horas de trabajo manteniendo los salarios. El presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó el pasado martes durante un desayuno informativo que "esto no castiga a las grandes empresas" sino que "daña a autónomos y pequeñas empresas": "Si alguien piensa que va a haber contratación para compensar, no tiene ni puñetera idea", dijo en presencia, entre otros, de la propia Yolanda Díaz y del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, alineado a la misma tesis que Amor.

En el PP destacan que los grandes problemas del mercado laboral no son tanto las horas trabajadas como la escasa productividad y el absentismo laboral. El último informe de Eurostat -con datos cerrados a 31 de diciembre de 2023 de la encuesta de población activa de la UE-, sitúa en 36,4 el número medio de horas reales de trabajo semanales en España, por debajo de las 37,5 de Yolanda Díaz. Además, en la mayoría de los países de la Unión los trabajadores por cuenta propia trabajaron más horas por semana que los empleados. 

El PP prefiere hablar de flexibilización de la jornada laboral

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, aludió ayer a este asunto aunque sin querer desvelar cuál será el sentido de voto de su Grupo Parlamentario. Explicó Bendodo desde Sevilla que los populares no se cierran al debate en torno a la "flexibilización de la jornada laboral, pero siempre dentro de los acuerdos entre empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta que no se produzca un menoscabo a la productividad de nuestro país, que ya de por sí se viene produciendo en los últimos años". "Todo esto no puede ser un anuncio político, como lo ha considerado la vicepresidenta segunda del Gobierno, sino que tiene unas consecuencias que hay que valorar", advirtió.

El dirigente popular puso el acento en las diferencias internas en el Gobierno de coalición, con un fuerte choque protagonizado en las últimas semanas por Díaz contra Cuerpo, al que llegó a calificar de "mala persona". Dice Bendodo que "de momento, lo que hay no es un acuerdo, lo que hay es una imposición de una parte del Gobierno a la que se ha sumado ya la otra parte del Gobierno, porque dejar caer a una parte del Gobierno por la otra parte del Gobierno sería absolutamente escandaloso y ya hablaría de la ruptura total".

Giro de guion de última hora

El más que previsible voto en contra del PP vuelve dejar a Pedro Sánchez en manos de Carles Puigdemont, con quien Díaz tiene previsto entrevistarse de nuevo. Sin embargo, tampoco sería la primera ni la última vez que los de Feijóo deciden cambiar el sentido de su voto sobre todo si el asunto concita un amplio respaldo social. Ocurrirá el próximo miércoles con la convalidación del decreto ómnibus y la revalorización de las pensiones, testada incluso en un sondeo interno, según reveló El Independiente, que puso de manifiesto la buena receptividad de la misma entre una amplia base electoral del PP. Y la reducción de la jornada laboral sin pérdida de poder adquisitivo es otra medida lo suficientemente popular -o "populista" a juicio de la patronal- como para acabar imponiéndose al margen de ideologías.