El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de Paris encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus a miembros del Gobierno en 2021.

El fin de esta orden es el poder intercambiar información de manera más amplia y así poder conocer el contenido que les facilitó NSO Group sobre el control interno del software. Además del interés por conocer las investigaciones que han sido llevabas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).

Comisión rogatoria a Israel

Además, el magistrado de la AN ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales israelís para reiterar la necesidad de conocer la información que se ha solicitado a NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializó el software Pegasus. La AN pide poder acceder a la declaración testifical de su CEO para poder identificar a los autores de los hechos, según informa la Audiencia Nacional.

El juez Calama ha acordado estas diligencias en el marco del conocido como 'caso Pegasus'. Esta investigación surge a raíz de la infección llevada a cabo con el programa informático "Pegasus" en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.

En su auto, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes.

Asimismo, expresan que el uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas.

Con tales premisas, indica el auto, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa.

En este punto, Calama considera que el avance de la investigación requiere llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).