El Gobierno central y el canario han acordado los criterios para un traslado extraordinario a la Península de unos 4.500 menores migrantes —4.000 procedentes de las islas, los 500 restantes de Ceuta—, y aunque aún queda afinar mucho las tablas y el peso específico que se da a cada parámetro, la guerra política ha vuelto a aflorar. Las dos administraciones defienden el nuevo consenso alcanzado —y el Ejecutivo del archipiélago lo preside Coalición Canaria, pero forma parte de él el PP—, mientras que la dirección de Alberto Núñez Feijóo lo rechaza por considerar "mezquino" e "inexplicable" que se deje fuera del reparto a dos comunidades, a Cataluña y Euskadi. Una conclusión que, como reiteran socialistas y nacionalistas canarios, no es cierta, por mucho que se pondere el esfuerzo previo que las dos autonomías han hecho en la acogida de menores.

El presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apuntaron, al término de su reunión en Madrid de este jueves, que el texto en el que trabajan los dos gobiernos para esa distribución puntual de menores no acompañados serán "prácticamente los mismos" que los acordados con las comunidades en la conferencia sectorial de 2022 —población, renta per cápita, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población—, aunque con algunas correcciones. El objetivo es aliviar la capacidad asistencial de las islas, que ahora mismo se encuentra desbordada, porque sus servicios atienden a mas de 5.800 chavales. Desde el primer momento, tanto fuentes del ministerio como Clavijo precisaron que todas las CCAA tendrán que recibir a algunos de esos 4.500 niños y adolescentes que tendrán que derivarse a la Península, en mayor o menor medida.

El Ministerio de Juventud e Infancia recuerda que el esfuerzo de acogida ya es un criterio que se contemplaba en los criterios acordados en 2022 y que se aplicaron en los planes de 2022, 2023 y 2024

PP y Vox saltaron enseguida como un resorte porque vieron en ese criterio del esfuerzo histórico de acogida un pago al PNV y, sobre todo a Junts, cuyos votos son fundamentales para que la medida pueda salir adelante. Pero desde el ministerio señalaban ya este jueves que es cierto que Cataluña y Euskadi son las que más han recibido a chavales migrantes no acompañados en los últimos años, y que esa circunstancia se tiene que valorar, pero no es el único parámetro. Es más, con los criterios de 2022, que ya contemplaban el esfuerzo realizado, tanto a Cataluña como a País Vasco se les asignaron menores en el reparto voluntario en los planes de contingencia de 2022, 2023 y 2024.

Esa tesis fue la que apuntalaron este viernes el presidente Clavijo y el PSOE. El jefe del Ejecutivo canario negó taxativamente que haya un acuerdo para sacar a País Vasco y Cataluña de la derivación obligatoria, pero sí se tendrá en cuenta el "esfuerzo previo" de cada comunidad. "Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", afirmó Clavijo este viernes durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en Las Palmas de Gran Canaria. "No hay ningún acuerdo previo", defendió: lo que ha pactado con el Ministerio de Juventud e Infancia son los criterios para trasladar a 4.000 niños que podrían salir así de las islas. Lo mismo también aseguró en una entrevista en Más de uno (Onda Cero).

Clavijo sostuvo que los cálculos tienen en cuenta el esfuerzo realizado, pero también la población, el PIB de cada región o la renta por habitante, criterios que son "perfectamente" conocidos por las CCAA porque fueron aprobados "por unanimidad" en la Conferencia Sectorial. "Hay comunidades autónomas que tenemos mayor presión" y "esos esfuerzos van a ser tenidos en cuenta. ¿Eso significa que no va a ir nadie? No lo sabemos, habrá que hacer la simulación. Igual sí, igual no, igual en la distribución nos llevamos sorpresa, pero desde luego lo que sí queríamos y pusimos por encima de todo es el interés general del menor", alegó el mandatario nacionalista. El dirigente precisó que se hará un estudio y, según los datos que arroje y también la simulación, se hará una distribución, que se hará pública y que se elevará al texto que se lleve al Congreso, se haga bien proposición de ley o bien real decreto ley.

En la misma idea incidió este viernes la secretaria de Política Económica y Transformación Digital de la ejecutiva socialista, Enma López. "Lo que se está haciendo es plantear un reparto donde se tiene en cuenta la cantidad de menores que hay ya en otros territorios de forma preexistente para que el reparto finalmente sea justo".

Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada", alega Clavijo

Lo que explican a este diario desde el Ministerio de Juventud e Infancia es que, por ejemplo, Cataluña concentra el 24% de todo el esfuerzo de acogida del país, mientras que en Euskadi el número de menores recibidos es bastante superior al que le correspondería por población. "Hay que tener en cuenta criterios para equilibrar la situación de las comunidades, no todas parten de la misma realidad", señalan. No es igual La Rioja, que no ha creado apenas plazas estos años, al País Vasco. Desde el Gobierno se recuerda a las CCAA que no basta con decir que sus servicios asistenciales están desbordados, porque también tienen que ir creando plazas a demanda, justo para aliviar la situación de Canarias, que se ha visto obligada a atender a casi 6.000 chavales, muy por encima de su capacidad real. En cualquier caso, lo que han conseguido Rego y Clavijo es pactar los criterios para la distribución, y ahora se trabaja técnicamente para aterrizar esos números, para "aplicar esos parámetros concretos".

López cargó contra el PP por "abrazarse de nuevo a Vox" y acusó a los de Feijóo de "dejar tirados los territorios en los que gobiernan", porque en Canarias los populares forman parte del Ejecutivo que preside Clavijo. No obstante, los socialistas, sostuvo, trabajarán para que se sume el PP al acuerdo y "recupere la política de Estado". "Esperemos que despierten de este sueño de ultraderecha en el que están sumidos", agregó. Preguntada si este acuerdo es fruto del acercamiento que busca el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts, formación con la que negocia la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración, la dirigente federal explicó que la cúpula no da cuenta de esas conversaciones discretas hasta que no se sellan los acuerdos, pero pidió deslindar las dos cuestiones.

El PSOE subraya que se trata de que la distribución sea "justa" y pide al PP que deje de "abrazarse de nuevo a Vox, que despierte "del sueño de ultraderecha"

"Estamos hablando de una situación de colapso en determinados territorios, no hay que frivolizar en este tema y por eso insisto de nuevo en esta llamada al Partido Popular, a que se siente en esa mesa a que negocie", remarcó López.

Todavía queda trabajo técnico sobre la mesa y después llegará la negociación parlamentaria, que podría rematarse, esperan en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en las próximas semanas. De lo que se trata ahora mismo es de un reparto único, puntual y extraordinario de menores migrantes. No sería una salida estructural, como la que Canarias y el Gobierno pactaron en verano y que fue tumbada por el Congreso con los votos de PP, Junts y Vox. Entonces se planteó una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores cuando se saturasen las capacidades asistenciales de los territorios de la frontera sur. Ante el bloqueo, Clavijo pactó con el lehendakari, Imanol Pradales, de cara a la Conferencia de Presidentes del pasado diciembre en Santander, una solución ocasional que permitiese la salida de 4.500 menores de las islas y de Ceuta. Está por ver que ahora se consiga dar salida a un drama que mantiene a miles de niños hacinados en el archipiélago, que no pueden ser derivados de manera obligatoria porque la tutela es de las comunidades. Los traslados voluntarios, los que han operado hasta ahora, se han mostrado insuficientes.

Ahora, los equipos de los dos gobiernos deben trabajar "un poquito más en lo concreto" y luego llegará la negociación parlamentaria. Se trata de una derivación puntual y extraordinaria, no estructural

Rego pedía este jueves que se dejase trabajar a los equipos de los dos gobiernos "un poquito más en lo concreto", e insistió en que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación. La ministra reconoció que hay que tener en cuenta el esfuerzo realizado porque la situación es "bastante asimétrica a nivel territorial". Con comunidades cumplidoras y comunidades que, como expresan en el ministerio, "han ido arrastrando los pies" todos estos años.

El PP, por su parte, volvió a rechazar este nuevo sistema este mismo viernes. Lo dijo tajante el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Las mañanas, de Radio Nacional de España: "Se lo garantizo: así no". A juicio del PP, es "políticamente inexplicable" que pudieran dejarse fuera a Cataluña y Euskadi, porque "la solidaridad no puede ser asimétrica". Sémper acusó al Ejecutivo de utilizar el traslado de menores como "moneda de cambio" para apuntalar su estabilidad parlamentaria con Junts, PNV y ERC. Es "mezquino", "inaceptable", "inmoral" y un "error político de primer nivel", sostuvo, informa EFE, que haya CCAA que puedan quedar exentas de la acogida de chavales, porque ese modelo "va a enfrentar a comunidades y a ciudadanos".