El caso de hidrocarburos relacionado con la empresa Gaslow que se sigue en la Audiencia Nacional guarda entre el sumario la implicación de un mando de la Guardia Civil. Según la documentación a la que ha accedido El Independiente, un capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) está siendo investigado por presuntos delitos de violación de secretos, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Este mando, que responde a las iniciales de J. S. Y, ha estado durante años destinado en la unidad de élite que lidera las investigaciones anticorrupción de los últimos meses. En 2022, sus compañeros supieron que había sospechas sobre él por dar un chivatazo a la trama de Gaslow. Esta trama estaría liderada, presuntamente, por el empresario Antonio Rodríguez Estepa junto a Javier García Pérez y José Luis Caramés. Los investigadores creen que este caso sería el embrión del caso hidrocarburos donde están imputados Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

El Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil ha asentado varios indicios que apuntan a la participación de este capitán en la trama. En el análisis de los dispositivos electrónicos han localizado conversaciones que dan a entender que habría recibido contraprestaciones por sus servicios: 130.000 euros en bitcoin, efectivo, televisores de gran tamaño y muebles.

Una parcela y una moto

El SAI cree que en los últimos años, J. S. Y. ha comprado bienes que superan sus ingresos mensuales y que no estarían justificados. Por ejemplo, en abril de 2019 adquirió una parcela sin edificar por 60.000 euros. Durante su declaración explicó que pagó una parte en efectivo, unos dos tercios del total. Allí se hizo una piscina además de otras obras. Un peritaje las valoró en 67.000 euros. "En suma, un gasto de aproximadamente 87.000 € no tiene reflejo en las cuentas bancarias titularidad del investigado y su familia", apunta la Guardia Civil.

Entre marzo y junio de 2022, poco antes de que desde la Audiencia Nacional avisasen a sus compañeros de la UCO, el capitán compró un inmueble en Getafe. La edificación estaba vinculada indirectamente a uno de los investigados, Caramés. Según los agentes, pagó 70.000 euros, la mitad de lo que valía.

Además, la motocicleta con la que suele moverse la pagó una persona con antecedentes por blanqueo y reclamado por Venezuela. El propio capitán lo investigó, ya que en la UCO estaba destinado en el equipo antiblanqueo, uno de los delitos por los que se le persigue ahora. El vehículo lo registró a nombre de su cuñado, al que habría pagado la mitad del precio real.

El mando de la Benemérita habría realizado un "uso inusual de dinero en metálico" desde 2019 hasta 2022 por encima de los 47.000 euros. Pero también su familia, que habrían usado tarjetas prepago por valor de 96.000 euros desde diciembre de 2018 y mayo de 2023. En el informe, consultado por El Independiente, Asuntos Internos cree que todos estos beneficios los recibió por sus servicios en favor de la trama de Gaslow.

Chivatazo

Uno de los trabajos que el capitán habría realizado, presuntamente, para los investigados era el de avisarlos de sus detenciones. Esto les habría brindado un valioso tiempo para poder destruir pruebas. Durante la investigación, el teniente coronel al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO pidió apoyo al resto de equipos de la unidad, que a su vez requirieron a los subordinados. Es así como el mando ahora investigado se entera de que la investigación está en marcha. También del cambio de fechas de las detenciones.

Entre los arrestados en la causa está Javier García Pérez. Esta persona aparece dada de alta como fuente del capitán investigado. Sin embargo, señala Asuntos Internos, el mando del Instituto Armado "no emitía informes escritos, poco comunes, y que no le consta que emitiera ninguno sobre las reuniones" que mantenía con él.

Aunque durante su declaración a finales de 2022 dijo que se enteró que su "fuente" (fuentes del sector señalan que eran amigos) pertenecía al entramado de Gaslow cuando fue detenido. Sin embargo, dos años antes, en otra causa declaró que dirigía "una investigación en la que una organización criminal dedicada supuestamente al narcotráfico estaría blanqueando dinero en la estructura de sociedades constituida en torno a Gaslow". Por eso, Asuntos Internos cree que "pudiera razonablemente presumirse que realmente era conocedor del vínculo del referido Javier con la mercantil", acusada de estafar cientos de millones de euros eludiendo el pago de impuestos.

Para reforzar su tesis, el SAI incluye en su informe la declaración de un testigo protegido. Este dijo que el capitán (en ese momento teniente) avisó a su fuente de la futura detención. También señaló que "dicho oficial colaboraba con ese entramado criminal, entre otras maneras, facilitándole información sobre investigaciones policiales". El investigado se refería al uniformado como "su amigo el guardia".

El caso Gaslow

El caso de Gaslow, con el paso de las semanas, se ha convertido en una suerte de embrión del conocido como caso hidrocarburos, en la que se investiga a la empresa Villafuel. A ambas empresas las une Claudio Rivas, cabecilla para la UCO y socio de Víctor de Aldama. En una de las conversaciones intervenidas también aparece el nombre de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.

Gaslow pasó de vender 81,68 millones de litros en 2018 a 335 millones un año después. Otra empresa, Nascor, pasó de 5,7 a 143 millones, un 2508% más. Uno confidente llegó a decir: "Este mes van a hacer cerca de 80 millones. Esos litros no los vende ni Cepsa. Con la que está cayendo".

Entre los investigados destaca un nombre: Antonio Rodríguez Estepa. Este empresario ha sido detenido, al menos, en dos ocasiones (2013 y 2016). En ambas ocasiones por ser parte de organizaciones criminales vinculadas al sector de los hidrocarburos y sigue imputado en la Audiencia Nacional. En el primer arresto colaboró con los investigadores para encontrar millones escondidos por una empresa en Hong Kong. Los agentes lo describen como la persona que "dominaría toda la cadena comercial implementada para la realización del presunto fraude e, incluso, dispone de gasolineras para su venta al consumidor final".

En abril de 2020, a la Guardia Civil le llega una información sobre Rodríguez Estepa: está relacionándose con personas vinculadas a Los Miami. Esta organización está condenada por tráfico de droga. Según fuentes jurídicas, uno de los nombres que les han dado tiene antecedentes por cohecho, delito de descubrimiento y revelación de secretos, extorsión y coordinación de organización criminal. Por eso, la UCO da credibilidad a esta información.