Las relaciones entre el PP y Vox llevan ya un largo tiempo enconándose, sobre todo tras la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición en julio del año pasado. A ello se une la deriva cada vez más ultra del partido de Santiago Abascal, que además de provocar brechas internas, como el reciente abandono del castellanoleonés Juan García Gallardo, convierte a Alberto Núñez Feijóo en el objetivo principal de su estrategia de oposición. Pero al margen de los mensajes públicos de confrontación, y de la réplica que le ha dado el líder popular -como cuando calificó la actuación de Vox de "oposición de dedito levantado y sarao"- , los voxistas hicieron en su momento un movimiento de supuesto acercamiento en Valencia que tenía también mucho de tacticismo.

Tras la Dana moral del pasado 29 de octubre y mientras el foco estaba puesto sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, Vox trasladó a los populares su disponibilidad a votar la investidura de un sustituto para el alicantino, según ha podido saber El Independiente de fuentes populares. Y no sólo eso, sino que puso sobre la mesa una serie de nombres alternativos, todos del PP y de entre los diputados autonómicos, eso sí, al que estarían dispuestos a apoyar.

El ofrecimiento no prosperó, primero porque los populares no querían volver a entrar en una fase de negociaciones con Vox tras la sucesión de encontronazos que les habían llevado hasta ahí. Suponía volver a quedar en manos de los de Abascal y, muy probablemente, hacer nuevas cesiones a la ultraderecha, después de un pacto exprés en junio de 2023 que destrozó la estrategia de Feijóo de cara a las elecciones generales del 23-J. Tampoco aceptaron que fuera Vox quien propusiera los nombres que estaban dispuestos a apoyar, entre ellos los de Vicente Betoret y Alejo Font de Mora, según explican fuentes del partido en Valencia.

La única alternativa posible a Mazón, era la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, María José Catalá

En aquellos momentos, la única alternativa posible a Mazón era la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, María José Catalá, quien mantiene unas relaciones francamente mejorables con Vox y a quien éstos vetaron, aunque los populares valencianos tampoco eran muy partidarios de descabezar la alcaldía. Para ocupar la presidencia de la Generalitat valenciana es necesario tener acta de parlamentario en les Corts. Eso dejaba fuera de juego a quien todos apuntan como la sustituta natural de Mazón si éste no vuelve a repetir como candidato autonómico en 2027. Se trata de Susana Camarero, vicepresidenta primera del gobierno regional y portavoz del mismo, pero ausente de las listas del 28-M.

Finalmente, y no sin críticas internas, Génova decidió apuntalar a Mazón, quien vinculó su futuro político al resultado de la reconstrucción en Valencia. Pero mucho tienen que cambiar las cosas para que el alicantino pueda sostenerse más allá de esta legislatura. De momento la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja -que centraliza todo el caso en torno a la Dana- le ha dado cinco días para que la Generalitat aclare quién, con nombres y apellidos, dio la orden de emitir la alerta por la Dana, un aviso que lleó cuando los cauces ya estaban desbordados. También intenta aclarar si hubo o no 'apagón' informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el cauda del barranco del Poyo entre las cuatro y siete de la tarde de ese fatídico 29 de octubre. La Confederación depende del Ministerio entonces encabezado por Teresa Ribera, el de Transición ecológica.

Comisión de investigación en el Senado

Paralelamente arrancarán los trabajos en el Senado de la comisión de investigación de la Dana, presidida por Gerardo Camps y por la que desfilarán, entre otros, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el de AEMET o la actual comisaria europea y vicepresidenta de la Comisión. También el propio Mazón ha pedido comparecer en la misma. La estrategia de los populares pasa por repartir culpas con el Gobierno central. Una vez que la Generalitat valencia reconoció errores de gestión y cesó a consejeras como Salomé Pradas- responsable de emergencias- quieren poner de manifiesto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "pudo haber hecho mucho más en esas horas y, posteriormente, asumir algún tipo de autocrítica, cosa que evitó en todo momento", subrayan a El Independiente.

De la buena o pésima salud de las relaciones entre ambos partidos darán cuenta los presupuestos de la comunidad para 2025. Según informó Camarero, la intención del Consell es aprobarlos en la segunda quincena de este mes para su debate final a mediados de abril en las cortes autonómicas. Su minoría parlamentaria les obliga a buscar aliados y los de Abascal vuelven a condicionar su apoyo a las políticas de inmigración y a la negativa a aceptar a menores no acompañados desde Canarias y Ceuta. Los populares ya han adelantado que no aceptarán las condiciones del pacto entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del ejecutivo canario, Fernando Clavijo.