El borrado intencionado "hasta en dos ocasiones" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo de los mensajes de su móvil el mismo día que el Tribunal Supremo inició una causa contra él ponen en duda que lo hiciese en por un protocolo de seguridad interno de la institución, como él mismo justificó. Esta explicación sobre la existencia real de una instrucción para poner a buen recaudo los datos reservados es la que utilizó el jefe del Ministerio Público, investigado por un presunto delito de revelación de secretos, para explicar por qué la Guardia Civil halló "cero mensajes" en su terminal cuando lo analizaron.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha entregado al juez del Tribunal Supremo un nuevo informe sobre las llamadas y mensajes entre García Ortiz y sus subordinados. El magistrado Ángel Hurtado investiga el origen de la filtración de los datos del procedimiento contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, que está acusado de un fraude a Hacienda.

En el documento, los investigadores señalan que del móvil del fiscal general se eliminaron "hasta en dos ocasiones" mensajes el 16 de octubre del año pasado. Esta fecha coincide con la decisión del Supremo de abrir causa contra él. La UCO indica, además, que no ha podido recuperar las copias de seguridad por la "eliminación deliberada" de la cuenta personal de Google a la que estaban asociadas. Este correo personal, en principio, no entraría dentro de ese protocolo que rige en la Fiscalía y que recomienda hacer borrados sistemáticos para proteger los mensajes sensibles de la Institución. No obstante, la empresa americana ha indicado que es posible que recuperen los datos que han sido eliminados.

"Borrado intencionado"

García Ortiz explicó el pasado 29 de diciembre, cuando declaró en el Tribunal Supremo, que desde que es cabeza del Ministerio Público ha cambiado seis veces de teléfono móvil por motivos de seguridad y cada vez que lo hace borra el contenido por seguridad y por ser una obligación legal, ya que tiene información sensible que afecta a "multitud de investigaciones penales". Además, narró que llegó a advertir a los agentes que le volcaron el dispositivo de que había realizado uno de esos cambios recientemente.

Los agentes acotan ahora que la falta de mensajes en su móvil se debe a "fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones" y ponen fecha al día de ese vaciado. La UCO, en un anterior informe, reveló que García Ortiz había adquirido un nuevo terminal una semana después del registro en su despacho.

La versión de García Ortiz ya la habían puesto en entredicho dos de sus subordinados. Tanto el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, como la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, aseveraron desconocer dicha directriz. Salto explicó en el Supremo que no existía ningún protocolo para eliminar el contenido de los móviles oficiales y su declaración tenía especial relevancia en este sentido porque es el delegado de Madrid Digital en el Ministerio Público. Entre sus competencias está digitalizar la Fiscalía de la capital, por lo que de existir debería ser de su conocimiento.

Interior y el CGPJ intervienen

El Ministerio del Interior ha confirmado que están revisando la seguridad del fiscal general del Estado después de que este lunes se difundieran datos personales suyos y de uno de sus escoltas que figuran en los anexos del citado informe de la Guardia Civil. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han confirmado que "se está revisando" si se refuerza la protección de García Ortiz.

En esos anexos aparecía su número de teléfono anterior o la dirección de su vivienda, entre otras cosas. Por otro lado, fuentes jurídicas explican que no se ha realizado nada extraordinario en esta causa que no se haga en las demás que es dar a conocer a las partes toda la información que el Instituto Armado pone a disposición del Juzgado.

Por otro lado, García Ortiz también ha dado un paso adelante y ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se proceda a actuar contra esta filtración de sus datos íntimos. "Ha tenido entrada un escrito del fiscal general del Estado en relación con los datos de carácter personal que figuran en el informe", indican fuentes del órgano. El documento ha sido enviado a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ para su tramitación.

Además, la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, y actual fiscal de Sala ha remitido sendas cartas al CGPJ y al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Arrieta, para quejarse de la misma filtración que también le afecta. Su teléfono también aparecía en los anexos de la UCO. "Como era de esperar, ese contenido es a estas horas de público conocimiento hasta el punto de que estoy recibiendo, reiteradas llamadas anónimos a las que no estoy respondiendo, con la consiguiente zozobra e intranquilidad, a la vez que inseguridad para mi persona y mi trabajo profesional, por no haberse adoptado aqullas medidas mínimas de prevención", indica la misiva a la que ha tenido acceso este medio.