La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, borró mensajes de WhatsApp "hasta en dos ocasiones" el día que el Tribunal Supremo abrió una causa contra él por la presunta filtración de los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

En un informe remitido al juez Ángel Luis Hurtado --encargado de la causa-- y al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes señalan que la falta de mensajes en su móvil se debe a "fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones".

Este borrado se produjo el 16 de octubre. Ese día, el alto tribunal decidió abrir la causa contra García Ortiz. La eliminación de las comunicaciones se produjo "hasta en dos ocasiones". La UCO señala que no ha podido recuperar las copias de seguridad por la "eliminación deliberada" de la cuenta de Google a la que estaban asociadas.

Tráfico de llamadas: 69 salientes y 54 recibidas

El juez Hurtado había realizado un mandamiento a las compañías telefónicas Movistar y Vodafone para que facilitasen los "datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas" así como los paquetes de datos entre los días 8 de marzo y 14 de marzo que fue cuando sucedieron los hechos que se están investigando, es decir, la filtración de contenido (correos y detalles fiscales) de la investigación contra González Amador por defraudar a Hacienda.

En ese período, el fiscal general registra un total de 69 llamadas salientes y 54 recibidas. En total, 123 que se distribuyen, principalmente, entre el miércoles 13 y el jueves 14. Esos dos días la prensa recoge el literal de los correos electrónicos intercambiados entre abogado y fiscal de la investigación del novio de Ayuso.

El día 8 de marzo, García Ortiz recibe una llamada que no llega a responder de un número con titularidad Audiovisual Española 2000 S.A., es decir, de El País. Cinco minutos después, a las cinco menos cinco de la tarde el fiscal general devuelve la llamada y habla con ese interlocutor casi un minuto.

Ni el sábado, ni el domingo (9 y 10 de marzo) se registran llamadas y a partir del lunes el trasiego con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe --también imputado en la causa-- es notable. Si bien, esto puede guardar su explicación en que Villafañe es su mano derecha y la persona con la que García Ortiz trabaja a diario.

El día 12 de marzo, el día que eldiario.es cuenta por primera vez que González Amador está bajo el foco de la Fiscalía por un fraude al fisco, García Ortiz llama a las 10:19 de la mañana a una línea de "un órgano directivo del Ministerio de Hacienda, adscrito a la Subsecretaría". La UCO no ha podido determinar exactamente de qué usuario se trata, pero la llamada duró más de tres minutos. Ese día vuelven a hablar una segunda vez.

Además de esta llamada externa al Ministerio Público, la Guardia Civil recoge otra a las 21:38 horas del periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, que la noche del 13 de marzo llamó a García Ortiz si bien no se llega a constatar que hablaran por teléfono. "En relación con esta comunicación, es necesario destacar que Miguel Ángel Campos es el periodista que firma el artículo de prensa, en la edición digital de la Cadena SER, de las 23:51 horas en el que se publican extractos del email del 2.2.2024 entre el abogado de la defensa de González Amador y la Fiscalía y cuya filtración es investigada en el presente procedimiento".

En este punto, la UCO mantiene que "es preciso señalar" que, a excepción de esta última comunicación, no existe ninguna llamada ni intento de comunicación en este terminal del fiscal general fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde en la que se desarrollaron este cruce de llamadas y mensajes.

Respecto de las comunicaciones correspondientes al 14 de marzo, los agentes han encontrado llamadas de García Ortiz a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Tras realizar una de 3:44 minutos de duración a las 9:08, posteriormente intentó ponerse en contacto con ella -entre las 9:18 y las 9:38- en otras seis ocasiones, sin éxito.

En este punto, la UCO destaca que la nota informativa que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid fue publicada en varios medios de comunicación a lo largo de las 10 de la mañana. Después, a las 12:50, fue Lastra la que intentó ponerse en contacto con el fiscal general sin conseguirlo. Tampoco lo hizo una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Madrid, que lo intentó a las 14:11. La última llamada que registró el dispositivo de García Ortiz el 14 de marzo tuvo lugar entre las 21:57 y 22:15 con un usuario que todavía no ha podido ser identificado.

Citado como testigo el decano del Colegio de Abogados de Madrid

Por otro lado, el magistrado Ángel Hurtado ha citado a declarar como testigo al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, el próximo 21 de febrero. En un escrito, consultando por este periódico, el instructor ha acordado esta diligencia "en la medida que pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa".

Ribón se reunió el pasado 15 de marzo con García Ortiz y con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, después de que el Ministerio Público emitiera la nota de prensa en la que desmentía la noticia de El Mundo que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador en la investigación que se le hacía por presuntos delitos fiscales.

Días después, en nombre del Colegio de Abogados, Ribón presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la Fiscalía por la nota de prensa difundida con "datos concretos de comunicaciones" de un letrado al entender que dicha actuación incurriría en una delito de revelación de secretos y desbordaría "el deber de información". Esta entidad figura como una de las acusaciones populares en la causa que dirige el Supremo.