El comisario del distrito centro de Madrid, Alberto Carba, emprenderá acciones legales contra el músico Nacho Cano. Este martes tuvo lugar el acto de conciliación que el policía solicitó por las acusaciones del artista cuando se le detuvo el año pasado, en el que no se llegó a ningún acuerdo. Según ha podido saber El Independiente, ahora decidirá si llevar el asunto por la vía civil o penal.

Cano se ha mantenido en su postura en el juzgado. Considera que Carba y sus hombres cometieron "abuso de poder" en el proceso de su detención y en la toma de declaración a los estudiantes que ejercían de trabajadores en su musical Malinche. Tras quedar en libertad, el fundador del grupo Mecano, dijo en una rueda de prensa que "los criminales son los policías".

Cano, que situó al comisario en la órbita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que su detención era una suerte de operación de Estado por ser amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Han ido a por su madre, a por su padre, a por su novio y soy el único que les queda", dijo el 9 de julio de 2024.

La defensa de Carba, representado por el Sindicato Profesional de Policía (SPP), considera que es "inaceptable" que se difame e insulte a los mandos policiales. Además, según aseguran fuentes jurídicas, la jueza ha desimputado a dos agentes a los que su juzgado abrió una investigación previa por la detención de Nacho Cano.

Cano asegura que "da la cara"

El productor musical Nacho Cano estaba citado ayer en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid para un acto de conciliación con el comisario, al que éste no acudió. Aunque el artista no estaba obligado a acudir, quiso hacerlo, tal y como indicó su defensa en un documento consultado por ese periódico, puesto que según su versión no tiene nada que ocultar y "da la cara".

En él, los abogados de Cano vuelve a incidir en los argumentos que vienen esbozando desde que se produjo su detención el 9 de julio de 2024. Sostienen que la investigación se prolongó durante seis meses sin control judicial y se basó en la denuncia de una exbecaria que fue expulsada del programa de formación. Indican también que la Policía continuó con el caso a pesar de que la Fiscalía desestimó la denuncia por falta de relevancia penal, realizando seguimientos a los becarios, e inciden en que los agentes de Leganitos presentaron el atestado de forma irregular, puesto que desde 2022 es obligatorio hacerlo electrónicamente, y lo entregaron en formato físico.

Además, subrayan que la Inspección de Trabajo determinó que la situación administrativa de los estudiantes estaba en regla, y manifiestan que el caso contra Cano "se desmorona" tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, que declaró ilegal la denegación de visados a los becarios, confirmando que su estancia en España se ajustó a la legalidad. "A pesar de la falta de pruebas incriminatorias, este caso se sigue alargando sin motivo. Los abogados de Nacho Cano han pedido el sobreseimiento del caso. Este caso es una cortina de humo para el gobierno, ayudado por agentes de Policía de la Comisaría de Leganitos", reza el documento.

En la conciliación, Cano se ratificó en sus argumentos. Considera que ha sido víctima de un abuso de poder, tanto él como 17 de sus becarios, que acudieron al festival 'Malinche' "con una intención de aprender" para poder realizar el trabajo que actualmente están llevando a cabo en México. Asegura que pasaron "por una tesitura de coacción" y que fueron engañados en la Comisaría de Leganitos, un lugar al que les llevaron bajo el pretexto de tomar nota de sus datos porque no llevaban los ordenadores y acabó derivando, según su versión, en un interrogatorio de once horas donde se les amenazó con deportarles y se intentó, "sobre todo", encontrar indicios de acoso sexual en las chicas por parte de Cano.