Por el momento, ninguno da su brazo a torcer pero las dos partes son conscientes de que hay que detener el tren antes de que se asome al abismo, antes de que sea demasiado tarde. Los dos socios, PSOE y Sumar, saben que la crisis que están atravesando por la tributación del salario mínimo interprofesional es profunda, que les desgasta, que les hace daño, porque el debate de "no pagar impuestos es muy peligroso para la izquierda". Por eso ambos asumen que habrá que buscar una salida técnica que les satisfaga a la vez. Un acuerdo que aún no está listo. Es más, el pulso sigue vivo. La tesis oficial de la Moncloa es que no reculará, que la decisión "está tomada", que sigue creyendo "oportuno que algunos perceptores del SMI", una minoría, paguen el IRPF. La pretensión choca, no obstante, con los números, ya que los socialistas están ahora mismo solos en el Congreso y no contarían con los apoyos suficientes para hacer prevalecer su voluntad. Es más, afrontarían una dolorosa derrota, de ahí que los dos integrantes del Ejecutivo estén convencidos de que hay que hacer lo posible para evitar que la sangre llegue al río. Para impedir que la colisión se traslade a la Cámara baja.

El clima que se respiraba este miércoles en el Congreso era de cierta desazón en las filas socialistas. También en las de Sumar, porque nadie sabe realmente cómo escapar ahora mismo del lío. Y faltaba una de las protagonistas, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Su equipo ya avisó el martes por la noche de que no acudiría a la sesión de control, la primera del año en la carrera de San Jerónimo, por encontrarse con fiebre. Ella no estaba allí, por tanto, para explicar sus razones, el porqué de una decisión que desconcertó incluso a algunos de sus compañeros socialistas de Gabinete. La coalición no quiso, sin embargo, visibilizar gráficamente su crisis y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se movió desde su escaño al de su derecha, al que ocupa Montero, para sentarse al lado de Pedro Sánchez y reflejar ante los medios y los grupos una cierta distensión. Hasta comentaron ambos el libro que ella llevaba en las manos, La utopía de las normas. De la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia, de David Graeber. La consigna era proyectar normalidad.

Sánchez y Díaz proyectan distensión ante los medios y los grupos en el Congreso. El presidente defiende la subida del SMI pero no alude a la necesidad de tributación y niega una crisis con sus socios

Era evidente que Alberto Núñez Feijóo le preguntaría por el choque con Sumar a cuenta del SMI. Pero el líder del PP apenas apretó y el presidente optó por una defensa cerrada de la subida del salario mínimo, un 61% en los últimos siete años —desde los 735 euros de 2018 a los 1.184 aprobados el martes por el Consejo de Ministros—, sin aludir a la tributación en el IRPF. Un silencio que Sumar celebró. "No salió nada mal para nosotros. En vez de zanjar el debate, lo dejó otra vez abierto", apuntaron en el equipo de Díaz. En los pasillos del Congreso, a la salida del pleno, los medios preguntaron al jefe del Ejecutivo si existe una crisis con Sumar. "En absoluto", respondió él, en un explícito tono conciliador.

Sin embargo, los mensajes que emitió la Moncloa —y que no coincidieron con los que lanzaban otros ministros y cargos socialistas— eran de firmeza. "No vamos a rectificar, hay una discrepancia que ya sabíamos. No se puede estar de acuerdo en todo", señalaron desde el entorno directo del presidente. Horas después, fuentes de la Moncloa desplegaron un argumentario más detallado para defender su posición [ver información de apoyo en la parte inferior de esta información]. La de Hacienda. Las razones por las que, al contrario que Sumar, entienden que algunos trabajadores que ganan el SMI deben pagar el IRPF: porque no es un obstáculo para el objetivo de aumentar los ingresos reales y el poder adquisitivo de los trabajadores, porque es necesario para que el salario mínimo pueda "seguir subiendo", porque la desigualdad no se combate con exenciones fiscales, sino con servicios públicos más robustos que han de ser financiados con impuestos, porque hay que impulsar una "cultura fiscal responsable" y porque ayudará a desplegar políticas públicas "más eficaces", al disponer de más información precisa de los contribuyentes.

En el PSOE lamentan haber "perdido una semana de debate" y reconocen que no tienen las mejores cartas, "sobre todo cuando tienes enfrente populismo fiscal, que necesita tres segundos para explicarse, mientras nosotros necesitamos tres minutos"

Pero ningún portavoz del partido defendió esos argumentos en público. Por eso en la dirección del Grupo Socialista y en el Ejecutivo había cargos que se dolían ayer de que no se hubiera hecho "pedagogía", que se hubiera "perdido una semana de debate". Señalaban que, si Hacienda tenía claro que este era el momento de que los perceptores del SMI también tributen en el impuesto sobre la renta, se tenía que haber empezado a explicar hace días, contrarrestando las razones que, a su vez, daba Díaz. Ni siquiera en Ferraz negaban que la gestión había sido desastrosa. Y admitían que el debate, cara a la opinión pública, está más que perdido. "Sobre todo cuando enfrente tienes populismo fiscal, que necesita tres segundos para explicarse, mientras que nosotros necesitamos tres minutos", indicaban desde el cuartel general de los socialistas.

"Aunque Yolanda crezca en el Gobierno no sumamos"

Pese al desconcierto, los socialistas respaldan y comprenden las razones esgrimidas por Hacienda. "Hay que hacer pedagogía, no demolición pedagógica. Tenemos que explicar que lo que se ha hecho simplemente es subir el SMI y dejar el mínimo exento como estaba, no es que se hayan subido impuestos. Pero es que tenemos que dar esta batalla. La base del sistema fiscal es la progresividad. Es algo muy core. Y si no lo defendemos damos armas a los que dicen en la derecha que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los españoles y no en Hacienda. Es que además es lo que dice la Constitución en su artículo 31. Este debate de que es mejor no pagar impuestos es muy peligroso para la izquierda", reflexionaban desde Ferraz. La percepción de que el lío no ayuda a la coalición también reinaba en Sumar: "Aunque salgamos ganando y la figura de Yolanda crezca, en el sentido global del Gobierno no sumamos".

La base del sistema fiscal es la progresividad. Es algo muy 'core'", recuerdan en el PSOE. "Lo que no entiendo es por qué a veces renunciamos a explicar", se queja un ministro, también muy molesto con Díaz

"Es difícil hacer pedagogía cuando hay tanta víscera. Pero lo que no entiendo es por qué a veces renunciamos a explicar", lamentaba un ministro socialista, también muy molesto con la actitud "desleal" de Díaz. En el Gobierno se escuchan críticas contra la vicepresidenta segunda por querer buscar "foco" dada su contienda continua con Podemos, porque el año pasado "ella era defensora de la tributación, y la defendió en privado", algo que desde el entorno de la titular de Trabajo niegan: "Si fuera así, ¿por qué entonces Montero no quitó la exención en 2024?". "Le conmino a que repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta —se defendía ante los medios la propia titular de Trabajo en los pasillos del Congreso—. Sumar siempre ha defendido lo mismo, repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo".

También blanden en el ala socialista (y en Podemos) que a Díaz no podía pillarle desprevenida la decisión de Hacienda, porque el informe que le entregaron los expertos de la comisión asesora para el SMI [aquí en PDF], que planteaba dos escenarios de subida —el 3,44% o el 4,41%—, ya advertía de que algunos trabajadores tendrían que pagar el IRPF. "Los expertos lo hacen siempre: siempre plantean un alza del salario mínimo sobre el supuesto de que se tribute, porque lo hacen sobre el marco legal que existe en cada momento", oponen desde Sumar.

En Sumar critican que la Moncloa no quisiera que Díaz compareciera en rueda de prensa y que no la avisaran de la decisión de Hacienda. Pero las dos partes invocan el acuerdo: "Lo arreglaremos"

En Vicepresidencia Segunda cargan a su vez contra la Moncloa porque en un primer momento "no querían que Yolanda compareciera en rueda de prensa". "Después se quedó que sí y se llegó al acuerdo de que no se abriera el melón del IRPF, de no hacer leña del tema. La respuesta pactada a las preguntas que seguramente los periodistas harían a Yolanda era que lo importante era la subida del SMI y el respeto a las competencias de cada departamento". Lo que hace estallar todo es, por tanto, que Hacienda, muy poco antes de la rueda de prensa del martes, confirma que no elevará el mínimo exento, por lo que el SMI ya no escapará de la tributación. La decisión irrita a Díaz y hace saltar por los aires la comparecencia con la portavoz, Pilar Alegría. El Gobierno visibilizó su fractura en un tema capital.

Ahora la duda es cómo reparar los platos rotos. No es fácil. Sánchez y Díaz departieron este miércoles unos minutos y luego ella, tras el pleno del Congreso, partió para París, a un viaje oficial. Ministros y altos cargos de la Moncloa mostraban su confianza en que la crisis se acabará resolviendo. "Lo arreglaremos", manifestaba un relevante miembro del Gabinete. "Son problemillas. ¿Cuándo no hemos resuelto nuestras diferencias?", indicaba otro. "Nuestra proposición de ley puede ser un punto de partida para negociar", afirmaba por su parte un cargo muy cercano a la vicepresidenta segunda.

"Vamos a esperar"

Díaz no habló tras la rueda de prensa con Montero para dejar enfriar el choque, y tampoco conversó con ella este miércoles, dado que la vicepresidenta primera había caído enferma y no acudió al Congreso. Las conversaciones para una aproximación de posturas, pues, no han comenzado oficialmente. Pero Díaz no se piensa apear tampoco de su posición, que sabe ganadora ante la opinión pública y en el Congreso, dado el aislamiento del PSOE: "Es que es loco lo que hacen. Nadie les apoya ni en sus filas. Para reconducir, tienen que decir qué quieren hacer".

La Moncloa puede ejercer su derecho a veto a las iniciativas que pretenden revertir la tributación del SMI, pero la Mesa del Congreso, con el voto de PP y Sumar, puede levantar ese freno

Las dos partes insisten en que el Ejecutivo "goza de buena salud", invocan el acuerdo y se muestran seguros de que no habrá choque de trenes. Es decir, que habrá entendimiento antes de que haya que pronunciarse en el Congreso. La semana que viene, la Mesa de la Cámara —que componen PSOE (tres representantes), Sumar (dos) y PP (cuatro)— calificará previsiblemente las proposiciones de ley de PP, Podemos y de la formación de Díaz que pretenden revertir, por distintos caminos técnicos, la decisión de Hacienda. El Ejecutivo tendrá 30 días para plantear su veto, en virtud del artículo 134 de la Constitución, que permite al Gobierno oponerse a iniciativas que mermen sus ingresos o aumenten los gastos. ¿Pero qué ocurre? Que aunque la Moncloa formule un veto, ha de ser la Mesa del Congreso la que lo admita a trámite, la que lo califique. Y ahí pueden hacer pinza PP y Sumar, levantando el veto del Ejecutivo y permitiendo que las proposiciones presentadas sigan su curso parlamentario y lleguen a aprobarse. Un gesto de enorme calado político y que agravaría la crisis en la coalición. Es ese choque el que los dos socios quieren evitar. Todos los esfuerzos, en consecuencia, irán dirigidos a que se llegue al acuerdo antes de que la Cámara baja tenga que hablar.

Varios ministros y cargos socialistas, igual que Ferraz, prefieren no anticipar resultados. Pero no niegan la posibilidad de que Montero tenga que recular, porque todos son conscientes de que tienen los números a la contra. Incluso en Hacienda reconocen que nada se puede dar por hecho, porque las negociaciones siempre son dinámicas y en otras ocasiones lo que se planteaba como una línea roja al final decae. "Vamos a esperar, prudencia. Esperemos que haya una reflexión también de que este debate no le va bien a la izquierda", expresan en la sede socialista.

"Los acuerdos están alcanzados"

En Sumar, mientras, presionarán para que el acuerdo pase por la exención del IRPF para los beneficiarios del SMI, y niegan que pueda afectar a las rentas medias y bajas. Es decir, que es posible eximir del pago del impuesto a los que cobren el salario mínimo sin que se beneficien el resto de rentas más altas. Los de Díaz subrayan que el impacto de la medida no es el que proyecta el PSOE —unos 2.000 millones— sino mucho menor (menos de 300 millones), así que se trata de voluntad. En definitiva, lo que pide el socio minoritario es que Hacienda busque otra fórmula de recaudación para cubrir la pérdida de ingresos producida por la extinción del gravamen a las energéticas —1.164 millones en 2024—, la recomposición del impuesto a la banca —1.695 millones el año pasado, pero ahora el diseño es distinto y va a parar a las comunidades autónomas— y la imposibilidad de aprobación del impuesto al diésel por la falta de apoyos parlamentarios.

La dificultad, ahora, es "ver cómo dar marcha atrás sin que María Jesús quede tocada. Algo habrá que hacer, pero tiene que mover ficha Hacienda", señalan en el equipo de la vicepresidenta segunda

"No sabemos cómo se deshace esto. Pero lo positivo es que se deshaga en el Gobierno, no en el Congreso. Eso sí, la imagen que damos es mala", señalan en Sumar, donde subrayan que quien peor parada sale de esta crisis es Montero, que es además secretaria general del PSOE en Andalucía —la comunidad que tiene cerca de medio millón de perceptores del SMI, recuerdan— y próxima candidata a las autonómicas. "A ella le hace un daño brutal y el PP le va a hacer campaña con esto", apuntan fuentes muy próximas a la vicepresidenta segunda. La dificultad, ahora, es "ver cómo dar marcha atrás sin que María Jesús quede tocada. Algo habrá que hacer, pero quien tiene que mover ficha es Hacienda", abundan desde el equipo de Díaz.

Y aunque en el PSOE y en el ala socialista del Gobierno se llame al acuerdo, la posición, puertas para fuera, es la de no recular. Al menos para ahora. Lo dijo ya por la tarde el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, exjefe de Gabinete de Sánchez: "Los acuerdos están alcanzados y el Gobierno ha tomado las decisiones". Pero, si es así, lo que no han relatado los socialistas es cómo van a mantener sus tesis con el Congreso claramente a la contra.